En Venezuela, Estados Unidos tenía capacidad para desconocer cualquier continuidad del chavismo o incluso para impedir que figuras como Delcy Rodríguez asumieran el control provisional del Estado. Sin embargo, optó por tolerar —que no legitimar— su presencia. Esta decisión no implica respaldo político, sino una estrategia clásica: asegurar continuidad administrativa, preservar la cadena de mando militar y evitar un vacío de poder mientras se diseña una transición.
La historia dominicana ofrece un paralelismo casi exacto. Tras el asesinato de Rafael Trujillo, Estados Unidos pudo haber desplazado de inmediato a Joaquín Balaguer, estrechamente vinculado al régimen. No lo hizo. Balaguer permaneció como presidente formal porque garantizaba la continuidad institucional necesaria para evitar un colapso estatal o una guerra civil. Su rol fue el de un amortiguador, no el de un líder democrático.
El liderazgo popular de la época recaía en Juan Bosch, quien sí contaba con legitimidad social y respaldo democrático. Pero Bosch no fue colocado en el poder tras la caída del dictador; llegó después, mediante elecciones en 1962, cuando el sistema ya estaba parcialmente estabilizado. Incluso así, fue derrocado al año siguiente, recordando que la legitimidad electoral no basta cuando el poder real —militar, económico, institucional— aún no ha sido transformado.
Este patrón se repite en múltiples transiciones: las potencias y los actores internos no colocan primero al líder más querido, sino al que reduce el riesgo inmediato. El líder popular simboliza ruptura; el continuista, contención. En términos prácticos, la estabilidad precede a la democracia, no al revés.
Por eso figuras como Delcy Rodríguez —igual que Balaguer en su momento— no representan el futuro político deseado, sino la fase de amortiguación. Y líderes con legitimidad democrática, como Corina Machado en el caso venezolano o Bosch en el dominicano, encarnan la aspiración de cambio, pero también el desafío al aparato que aún resiste.
La lección histórica es incómoda pero consistente: las transiciones pactadas rara vez comienzan con justicia plena ni con el liderazgo más legítimo, sino con el mal menor que evita la implosión del Estado. El verdadero riesgo no es reconocer esta lógica, sino confundir la etapa de contención con el destino final del proceso político
No hay comentarios:
Publicar un comentario