Foto de archivo de Nicolás Maduro junto a Alex Saab en una manifestación en Caracas en 2024.
El empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del exlíder chavista Nicolás Maduro, fue arrestado el miércoles en Venezuela en una operación conjunta con Estados Unidos, según dijeron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters.
Su arresto ocurre apenas un mes después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses, y refleja, según Reuters, un nivel inusual de cooperación entre los cuerpos de seguridad de ambos países.
El operativo también habría incluido la detención del empresario Raúl Gorrín, director del medio de comunicación Globovisión afín al régimen chavista, de acuerdo con las mismas fuentes.
Hasta ahora, el Ministerio de Comunicaciones venezolano no ha confirmado oficialmente la información ni ha detallado la situación legal de Saab y Gorrín. Medios de comunicación y voceros ligados al régimen chavista han desmetido la información.
Antes de su liberación, Saab fue acusado por funcionarios estadounidenses de desviar alrededor de $350 millones de dólares mediante contratos vinculados al tipo de cambio controlado por el Estado venezolano.
Saab siempre negó las imputaciones y solicitó que se desestimaran sus cargos alegando inmunidad diplomática, recurso que no fue resuelto al momento de su canje de prisioneros.
Tras regresar a Venezuela a fines de 2023, Saab fue recibido por Maduro como un héroe nacional y designado ministro de Industria, cargo que ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien supervisa actualmente las agencias de seguridad del país.
En plena controversia por el uso de la fuerza federal en Minneapolis, la Administración de Donald Trump aseguró ayer miércoles que más de 4,000 inmigrantes fueron detenidos durante operativos migratorios realizados en la ciudad, a los que atribuye la captura de personas vinculadas a delitos graves y redes criminales.
Los datos, difundidos por la Casa Blanca, señalan que entre los arrestados hay individuos con condenas por asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, así como presuntos miembros de pandillas y otros considerados riesgos para la seguridad pública.
Las detenciones se produjeron en el marco de la denominada “Operación Metro”, iniciada a mediados de 2025.
El despliegue fue ejecutado principalmente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con respaldo de la Patrulla Fronteriza y de cuerpos de seguridad locales. Para estas acciones, el gobierno movilizó a más de 3,000 agentes federales a Minneapolis, una decisión que ha generado un fuerte rechazo ciudadano.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, defendió el operativo en un comunicado oficial y lo describió como un resultado “sin precedentes”, en un contexto marcado por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, quienes fallecieron en enero por disparos de oficiales federales en incidentes separados.
Las muertes desataron una ola de protestas que se ha mantenido durante semanas, con manifestaciones y plantones que exigen responsabilidades judiciales y la retirada de las fuerzas federales de la ciudad.
Retirada de agentes
En ese escenario, el responsable de la política fronteriza de la Administración Trump, Tom Homan, anunció la retirada inmediata de unos 700 agentes migratorios de Minnesota y Minneapolis, al argumentar que la cooperación de las autoridades locales ha reducido la necesidad de una presencia federal tan amplia.
Homan afirmó que la decisión responde a un entorno “más seguro” y a una colaboración que calificó de inédita, aunque las redadas continúan siendo objeto de críticas por parte de organizaciones sociales y residentes.
El propio Trump confirmó este miércoles en entrevista con NBC que él dio la orden de retirar a los agentes.
“Pero no lo hice por mi propia voluntad”, añadió Trump. “Estamos esperando que liberen a los presos, que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a toda la gente mala, narcotraficantes, a toda la gente mala”.
Con información de EFE.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se retiró la noche de ayer miércoles a deliberar para emitir su fallo sobre los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim, exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados en el caso de presunta corrupción en el seguro estatal.
Inicia validación de Párrafo
el tribunalpresidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, decidirá si varía o ratifica las medidas de coerción que les fueron impuesto a los acusados.
Durante la tarde se desarrolló la fase de contestaciones y réplicas entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados.
Los acusados concluyeron la presentación de sus argumentos solicitando la variación de las medidas de coerción que les fueron impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, consistentes en 18 meses de prisión preventiva.
Hazim no hizo uso de la palabra
Santiago Hazimprincipal imputado del caso, decidió no hacer uso de la palabra al momento de presentar sus argumentos para solicitar la revocación de la medida.
Además de Hazim, están acusados Martínez HazimPonente Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubieraesta última recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
En tanto que a Cinty Acosta SenciónHeidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliarioimpedimento de salida del país y una económica de un millón de pesos.
Aunque los beneficiados con el arresto domiciliario no apelaron la decisión, esta fue recurrida por Miguel Surún Hernándezen representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia.
