Hospitales de New York deben ofrecer atención gratis o con descuento: conozca quiénes califican

Los hospitales de Nueva York no pueden negar atención de emergencia por una factura pendiente, enviar una deuda a una agencia de cobro mientras se evalúa una solicitud de ayuda, ni considerar el estatus migratorio del paciente para determinar si califica para recibir asistencia financiera.

Estas son algunas de las principales protecciones incluidas en una nueva guía publicada este jueves por la fiscal general del estado, Letitia James, para explicar a los neoyorquinos cómo solicitar atención hospitalaria gratuita, descuentos o planes de pago cuando no puedan cubrir sus facturas médicas.
Planes más costosos

La Fiscalía General vinculó la publicación de la guía con las consecuencias de los recortes incluidos en la legislación presupuestaria federal conocida como HR 1.
Desde el 1 de julio de 2026, el límite de ingresos para acceder al Plan Esencial de Nueva York se redujo del 250% al 200% del nivel federal de pobreza. Como resultado, aproximadamente 450,000 personas perdieron la cobertura sin prima y tuvieron que trasladarse a planes del mercado de seguros con costos más altos.

Este cambio puede dejar a más familias expuestas a facturas hospitalarias difíciles de pagar, incluso cuando conservan algún tipo de seguro. En ese escenario, la asistencia financiera hospitalaria podría representar una de las pocas barreras entre una emergencia médica y una deuda de grandes proporciones.La Ley de Asistencia Financiera Hospitalaria de Nueva York obliga a todos los hospitales del estado a proporcionar atención gratuita o con descuento, conocida también como “atención caritativa”, a los pacientes que no puedan pagar sus facturas.
Las personas cuyos ingresos familiares sean de hasta el 400% del nivel federal de pobreza pueden obtener algún tipo de asistencia. Los hospitales deben eliminar por completo los cargos cuando los ingresos del paciente sean inferiores al 200% de ese nivel.

Protecciones para inmigrantes
La guía destaca que los hospitales no pueden negar atención de emergencia o médicamente necesaria porque el paciente tenga una deuda pendiente. Tampoco pueden limitar la asistencia debido a la condición médica de la persona.

El estatus migratorio no puede ser investigado ni utilizado para determinar la elegibilidad. Solicitar esta ayuda no se considera recibir un beneficio público, no afecta el estatus migratorio y los hospitales tienen prohibido denunciar a los solicitantes ante las autoridades de inmigración.
¿Quiénes pueden solicitar ayuda?Una persona que gane menos de $31,920 al año puede recibir atención gratuita.
Una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a $66,000 también puede acceder a servicios gratuitos.
Una persona con ingresos de hasta $63,840 puede calificar para descuentos.
Una familia de cuatro miembros que gane hasta $132,000 también podría recibir una reducción de sus facturas.
No es necesario carecer de seguro médico para solicitar el beneficio. También pueden calificar quienes hayan agotado la cobertura de su póliza o hayan destinado más del 10% de los ingresos familiares al pago directo de gastos médicos durante el último año.

Haití recibe el primer vuelo de deportados de Estados Unidos desde el fin del TPS

Ayer jueves aterrizado en Haití el primer vuelo de deportados enviado por Estados Unidos desde que el Gobierno de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que, hasta el 27 de julio de este año, permitía a unos 350.000 ciudadanos de la isla permanecer y trabajar legalmente en suelo estadounidense. Un total de 161 personas han viajado a bordo de un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que partió de Alexandria, en el Estado de Luisiana, y llegó a Cabo Haitiano poco antes del mediodía.

El traslado de estos migrantes ocurre en medio de una escalada de la violencia vinculada con las pandillas en el país caribeño y contra las recomendaciones de representantes de Naciones Unidas y congresistas que han constatado la gravedad de la situación en el terreno. Este es el octavo vuelo de deportación enviado este año por Estados Unidos, que se ha planteado como meta aumentar la frecuencia a dos vuelos por semana, con un total semanal de 250 retornados.
De acuerdo a la información suministrada por el ICE, varios de los deportados tenían antecedentes penales en Estados Unidos o tenían órdenes de deportación luego de haber entrado sin visa al país. En el vuelo también había niños y personas que no habían nacido en Haití, sino en Chile y República Dominicana, que fueron enviados a la isla por tener al menos un padre haitiano, según informó el director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití, Jean Négot Bonheur Delva, al diario Miami Herald.

Al llegar a Cabo Haitiano, los deportados reciben de parte del Gobierno poco más de 75 dólares en gourdes, la moneda local, para que costeen su traslado a casa a través de carreteras bloqueadas por los grupos armados. Muchos no tienen un lugar donde regresar, especialmente los que provienen de Puerto Príncipe, la capital, controlada por las pandillas.

“Nadie debería ser deportado, ni obligado a regresar a Haití”, ha dicho el experto designado del Alto Comisionado de la ONU sobre derechos humanos en Haití, William O’Neill, en una entrevista con EL PAÍS publicada el 6 de agosto. “La situación de los derechos humanos es catastrófica y no hay forma de que ninguna repatriación forzada en este momento pueda ser segura, digna y duradera. Por lo tanto, no deberían hacerlo. Va en contra del derecho internacional y, moralmente, es terrible devolver a la gente a esta situación”, ha dicho el experto.

Haití es un Estado dominado por las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y, durante los últimos cuatro meses, la violencia ha recrudecido a niveles que Naciones Unidas no había registrado desde principios de 2024. Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de este año, al menos 613 personas han sido asesinadas y otras 375 heridas en Haití, en medio de los enfrentamientos entre las bandas criminales que controlan Puerto Príncipe y los ataques de las fuerzas de seguridad, según un reporte de Naciones Unidas publicado este mes.

La violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de un millón y medio de personas, que sobreviven en campamentos improvisados, agravando la crisis humanitaria en la que ya se encontraba el país. Sin posibilidad de trabajar o estudiar, muchas familias haitianas dependen de las remesas que envían sus parientes desde Estados Unidos y República Dominicana, donde viven las mayores diásporas de haitianos, que ahora están siendo deportados.

Alarmante. 95 mil jóvenes de hasta 25 años están endeudados en la Ciudad de Buenos Aires

 
En la Ciudad de Buenos Aires, para el mes de junio, se contaron 1,88 millones de personas endeudadas de las cuales, 255.805 entraron en morosidad. Los datos surgen de un informe presentado por el Mapa de la Deuda desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC).

Si bien el grupo etario que representa mayor porcentaje del total (19,86) es la que comprende a las personas entre 26 y 35 años, los números para los jóvenes y los jubilados son alarmarntes.

Hay casi 95 mil (94.474) jóvenes de hasta 25 años están endeudados en la Ciudad. 21.931 entraron en situación de morosidad. Para quien tiene más de 65 años la misma situación de morosidad se da en casi 23 mil. La franja de entre 66 y 75 cuenta con 15.487 mil personas que no pueden cubrir sus deudas de un total de 21.952. Para los mayores de 75 años los números son 7.414 de 14.9530 personas.
En la Ciudad más rica del país la desigualdad se manifiesta también entre los distintos barrios que componen el territorio porteño. 

En el sur, la situación es sensible y previsiblemente más crítica.
Según el Mapa de la Deuda, La Boca (33,08%), Villa Soldati (32,02%), Constitución (31,01%) y Nueva Pompeya (30,04%) son los que mayor cantidad de personas en mora tienen.

Se estima que son casi 6 millones de personas las que se encuentran ya en situación complicada para afrontar los pagos de sus deudas a nivel nacional. Es decir, con atrasos superiores a los 90 días. Esto es un 132% más que en febrero de 2024. Ese endeudamiento es tanto con instituciones bancarias como con las llamadas fintech, que operan como prestamistas, cobrando tasas verdaderamente de usura.
A esto se suma el fuerte aumento del peso de las tarifas sobre los ingresos. Durante el gobierno de Milei, el costo de los servicios públicos llegó a representar entre el 12% y el 15% del salario, aproximadamente el doble que en 2023.

Frente a esta situación alarmante, desde el PTS en el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y otros diputados del FIT-U como Myriam Bregman tienen una propuesta concreta para atacar esta crísis de manera estructural.

Mientras Milei se burla de quienes tienen que recurrir a deudas impagables para pagar los gastos impagables de vivir en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y deterio del trabajo a nivel nacional, algunos proponen usar la plata de los jubilados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para rescatar a los bancos o a Galperín.

Otros, como varios bloques de la Legislatura porteña aprobaron un proyecto de ley que creó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires, que permitirá refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Es decir, estirar la agonía sin ninguna solución de fondo.

Por el contrario, el proyecto presentado en el Congreso Nacional por Del Caño, contempla un esquema de auxilio directo, condonaciones y refinanciaciones obligatorias diseñado para aliviar la situación de las personas con deudas de consumo (préstamos personales, tarjetas de crédito u otros préstamos de consumo) contraídas desde el 1 de enero de 2024.
El objetivo es terminar con el ahogo financiero de las familias endeudadas y la usura de los bancos y las billeteras virtuales como Mercado Pago. A la par, la izquierda plantea medidas de fondo frente al ajuste de Milei y el FMI y orientar los recursos de la economía al desarrollo y las necesidades de las mayorías trabajadoras.