En un contexto de crisis profunda en Cuba y de cambios políticos en Venezuela, el Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba canalizó el envío de 25 toneladas de insumos hacia la isla, en una operación que evita vincular directamente al aparato estatal venezolano, pero que vuelve a encender las críticas sobre la histórica relación entre ambos regímenes.
La organización informó que el cargamento fue recolectado en apenas 15 días como parte de la campaña “Amor con amor se paga”, insistiendo en que representa un gesto de hermandad entre ambos países. Sin embargo, el envío se produce en un escenario distinto al de años anteriores, marcado por el debilitamiento del respaldo directo de Caracas a La Habana.
Tras la captura del dictador depuesto, Nicolás Maduro, y la llegada al poder de Delcy Rodríguez, la relación bilateral quedó reducida a gestos simbólicos y diplomáticos, lejos de los tiempos en los que Venezuela sostenía a Cuba con petróleo subsidiado y apoyo político irrestricto.
Aun así, este tipo de iniciativas evidencia que los canales de apoyo no desaparecieron, sino que mutaron hacia mecanismos indirectos o no gubernamentales, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia y el destino final de los recursos.
Severa crisis
El envío ocurre en medio de una crisis severa en Cuba, donde la escasez de alimentos, medicinas y energía obligó al régimen a depender cada vez más de donaciones internacionales y acuerdos con aliados. Incluso países como Brasil han enviado decenas de miles de toneladas de alimentos para paliar la emergencia humanitaria .
La situación interna en la isla refleja el colapso del modelo estatal, con una producción agrícola insuficiente y una alta dependencia del exterior, lo que deja a la población en condiciones de vulnerabilidad estructural.
En paralelo, el régimen cubano recurrió a medidas como autorizar a empresas extranjeras —incluyendo venezolanas— para gestionar importaciones de alimentos, una señal de la incapacidad del sistema para garantizar el abastecimiento básico.
Aunque presentado como un gesto humanitario, el envío de ayuda desde Venezuela reaviva el debate sobre una relación que, lejos de desaparecer, continúa operando en la sombra, mientras millones de venezolanos y cubanos siguen enfrentando carencias que sus propios regímenes no logran resolver.
La confiscación de activos mineros estadounidenses por parte del régimen de Daniel Ortega ha provocado sanciones de la administración de Donald Trump. / AFP
La estrategia de control político interno basada en la fuerte represión se conjuga con el binomio: oro/China para mantener en pie al régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua.
El país centroamericano fue marginal dentro del sector minero, pero hoy en día, gracias al capital chino se ha vuelto una referencia en relación con el oro en la región. La modalidad se ha ido desarrollando bajo dos esquemas: confiscación de activos mineros, especialmente de empresas estadounidenses, así como la minería de cielo abierto.
Para saber de las magnitudes de lo que se maneja, Noemí Pavón Gallard, abogada, empresaria, defensora de los derechos humanos y ambientales, da las cifras: Ortega dio 75 concesiones mineras a 17 empresas chinas equivalentes a 1,287,000 hectáreas, o sea, cerca del 10% del territorio nacional. Este reparto fue en menos de tres años.
La también directora de la organización política Unidad Nicaragüense por la República, apunta que en realidad se cree que es mayor la superficie bajo el control de los chinos y calcula que está entre 12% y 15%.
“Geográficamente, están ubicados dentro de todo el territorio nacional. Y lo más interesante es que Nicaragua no solamente les está cediendo el derecho ahora a la explotación minera en cuanto a la concesión, sino que le está entregando y cediendo el uso de todas las instalaciones y de los costos de inversión que realizaron las empresas americanas”.
Pavón devela que parte de estos acuerdos aún no han salido a la luz pública y esa es una de las razones, por las cuales hace la advertencia sobre este punto y amplia que el radio de duración de las concesiones, que antes eran de 25 años y ahora, son de 50 años.
“Técnicamente un dominio enmascarado de la soberanía nicaragüense. Altamente peligrosa”, sostiene.
Esa presencia del país asiático en Nicaragua se extiende a financiamiento, compra de oro, provisión de tecnología y más concesiones a futuro.
Pavón destacó que en 2025, China exportó oro de Nicaragua por el orden de los $1,971 millones. Y, señaló otro uso ilegal: el oro ilícito extraído de Costa Rica y lavado en Nicaragua equivale a $250 millones anuales.
China toma el control
Concesión de BHMB Mining Nicaragua y Plantel Ubicado en Palacagüina, Departamento de Madriz Nicaragua fue de 2,500 hectáreas en los municipios de San Juan Río Coco y Yalagüina.
El monto de la inversión confiscada en septiembre 2025, fue valuada en $80 millones de dólares. En febrero del mismo año, se revocaron cuatro concesiones mineras de Mineral Traiding S.A que cuenta con filiales en Europa y Estados Unidos, equivalente a unas 54,000 hectáreas. El total de hectáreas revocadas a empresas con capitales norteamericanos supera las 57,000 hectáreas
Sobre las concesiones de Mineral Traiding se maneja que fueron revocadas porque los concesionarios no gestionaron las aprobaciones. Al parecer no hubo inversión.
Para octubre de 2025, de acuerdo con lo publicado por el medio nicaragüense El Confidencial, Ortega y Murillo entre 2023 y 2025, había concedido 565.751,3 hectáreas del territorio nacional, lo que equivale a 5,657.51 kilómetros cuadrados.
A la fecha y según este mismo medio, se había otorgado más de 25 concesiones mineras a ocho empresas chinas. Ellas son: Thomas Metal S.A. que posee concesiones sobre cerca de 189,669.98 hectáreas; Zhong Fu Development gestiona alrededor de 181.254,68 hectáreas; Brother Metal usufructúa 59,564.75 hectáreas; Waslala Mine administra 49.950 hectáreas; Nicaragua XinXin Linze Minería Group posee 49.870,81 hectáreas; Three Gold Coins posee cerca de 23,223.53 hectáreas; Linze Excelente Minería tiene 9,102.05 hectáreas y Northerm Mining Company administra aproximadamente 3.115,50 hectáreas.
Pavón Gallard explica que las concesiones van acompañadas de 100% de exoneraciones de impuestos por 10 años renovables.
“China no paga nada en la industria minera, por eso trabaja a cielo abierto. No invierte nada. Y ahora, va a usufructuar las inversiones de los empresarios norteamericanos sin pagar un solo dólar y van a trabajar en las plantas construidas por las empresas norteamericanas y las existentes desde los años 80”.
Cole Allen, el tirador que intentó asesinar al presidente Trump, expresó sus malévolas intenciones en su manifiesto escrito.
El ataque perpetrado por el demócrata Cole Allen durante la cena de corresponsales en Washington D.C. ha encendido nuevas alarmas sobre la violencia política y la radicalización de izquierda en Estados Unidos. Las autoridades identificaron al sospechoso como un hombre de 31 años originario de California, quien, según fuentes federales, habría actuado con la intención específica de atacar a funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.
El incidente ocurrió mientras se desarrollaba el evento en el hotel Washington Hilton, uno de los encuentros más importantes del calendario político y mediático del país. De acuerdo con los reportes oficiales, Allen intentó atravesar un punto de control del Servicio Secreto armado con múltiples armas de fuego.
Al no lograrlo, abrió fuego contra los agentes, hiriendo a uno de ellos. El oficial, protegido por su chaleco antibalas, sobrevivió al ataque y se encuentra fuera de peligro. La rápida reacción de los agentes permitió neutralizar al agresor en el lugar.
Tras su detención, Allen habría confesado a las autoridades que su objetivo era atacar a figuras vinculadas al gobierno. Investigadores federales también confirmaron la existencia de un manifiesto en el que el sospechoso detallaba sus intenciones, además de expresar posturas marcadamente hostiles hacia el presidente Trump y el cristianismo. Este material, junto con sus publicaciones en redes sociales, forma parte central de la investigación en curso.El demócrata votante de Kamala Harris, Cole Allen, manifestó sus intenciones de atacar funcionarios de la administración Trump
El caso tomó un giro relevante cuando se conoció que el hermano del sospechoso había alertado previamente a la policía en Connecticut. Según informó la Casa Blanca, el familiar recibió el manifiesto antes del ataque y decidió contactar a las autoridades ante la gravedad de su contenido. A pesar de la advertencia, no se logró impedir el desplazamiento de Allen hacia Washington ni la ejecución del ataque, lo que plantea interrogantes sobre los protocolos de prevención ante este tipo de amenazas.
La familia del acusado también ha aportado información clave. Su hermana, Avriana Allen, fue entrevistada por agentes federales en Maryland y describió un patrón de comportamiento preocupante. Según su testimonio, Allen había realizado declaraciones cada vez más radicales en los últimos meses y hablaba con frecuencia de hacer ''algo'' para cambiar el rumbo del mundo. Además, confirmó que había adquirido dos pistolas y una escopeta, las cuales almacenaba en la casa de sus padres sin su conocimiento.
Las autoridades señalaron que Allen practicaba regularmente en campos de tiro, lo que sugiere un nivel de preparación previo al ataque. También se investiga su potencial vínculo con un grupo izquierdista denominado ''The Wide Awakes'' y su participación en una protesta anti-Trump conocida como ''No Kings'' en California. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una conexión directa entre estas actividades y la planificación del atentado.El fiscal general de los Estados Unidos aseguró que Allen viajó desde California para llevar a cabo el atentado contra Donald Trump
El fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que Allen habría viajado desde Los Ángeles hasta Washington D.C. en tren, realizando una escala en Chicago. Este detalle refuerza la hipótesis de que el ataque fue premeditado y no un acto impulsivo. Las autoridades federales han asegurado la vivienda del sospechoso en California y están a la espera de una orden judicial para llevar a cabo un registro completo.
El presidente Trump se refirió al atacante en declaraciones televisivas, describiéndolo como ''una persona muy perturbada'' y haciendo alusión al contenido del manifiesto. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se presenten cargos formales.
El episodio se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto en evidencia el aumento de amenazas contra figuras políticas en el país. Para analistas y autoridades, el caso de Allen refleja los riesgos de la radicalización progresista a nivel individual cuando se combina con acceso a armas y una narrativa que justifica la violencia.
Aunque el motivo exacto aún está bajo investigación, los elementos conocidos hasta ahora apuntan a una acción deliberada con motivaciones ideológicas, lo que refuerza la preocupación por la seguridad en eventos de alto perfil y la necesidad de mejorar los mecanismos de detección temprana.
