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jueves, 30 de abril de 2026

Rusia celebrará el desfile por el Día de la Victoria sin vehículos militares

El gobierno de Putin mantiene la celebración, pero sin la exhibición de vehículos militares en medio del desgaste por la guerra y crecientes problemas de seguridad.

Rusia confirmó que el tradicional desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja se realizará sin la presencia de vehículos militares, una decisión inédita que evidencia el impacto directo de la guerra en Ucrania sobre la imagen y las capacidades de la administración de Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el evento no será cancelado, pero sí reducido, eliminando la exhibición de tanques, misiles y otros sistemas pesados que históricamente funcionaban como símbolo de poder. La medida rompe con una tradición clave en la narrativa oficial, donde el desfile del Día de la Victoria era utilizado para proyectar fortaleza militar tanto hacia el interior como hacia el exterior.

El cambio no es menor. La ausencia de armamento se interpreta como una señal de limitaciones operativas y preocupación por la seguridad, en un contexto donde Rusia enfrenta dificultades en el frente ucraniano y ataques cada vez más frecuentes en su propio territorio.
En las semanas previas, se habían multiplicado las advertencias sobre posibles incidentes durante el evento, incluyendo el riesgo de ataques con drones. En ese escenario, el Kremlin optó por un perfil más bajo, evitando exponer equipamiento militar que podría convertirse en objetivo o en símbolo de vulnerabilidad.
Además, la decisión deja en evidencia el desgaste acumulado tras más de dos años de conflicto. La guerra no solo ha impactado en el plano militar, sino también en la capacidad del gobierno para sostener su imagen de poder sin fisuras. El desfile, que durante años fue una demostración de fuerza, ahora se adapta a una realidad marcada por restricciones.

El Día de la Victoria sigue siendo una fecha central para Rusia, vinculada a la memoria de la Segunda Guerra Mundial y a la construcción de identidad nacional. Sin embargo, la reducción del evento altera su significado: ya no se trata de una exhibición de poder, sino de una ceremonia contenida en un contexto adverso.
Analistas señalan que este cambio refleja una contradicción en la estrategia del Kremlin. Mientras sostiene un discurso de fortaleza y control, en la práctica se ve obligado a moderar uno de sus actos más emblemáticos.

La decisión de eliminar el armamento del desfile no es solo logística, sino política. Expone un escenario en el que Rusia ya no puede proyectar la misma imagen de poder que en años anteriores.

En este contexto, el desfile del 9 de mayo deja de ser una demostración de fuerza para convertirse en una señal de las dificultades que enfrenta el país en medio de un conflicto que sigue lejos de resolverse.

El canciller alemán Merz, el enemigo tapado de la Unión Europea


Con problemas en el Gobierno de coalición y una crisis económica de la que es incapaz de salir, el canciller alemán culpa de los males de Alemania a la burocracia de la UE y promueve posiciones en política exterior contrarias a las adoptadas por las instituiciones comunitarias

Los líderes de algunos países europeos se sentían más tranquilos desde que Viktor Orbán perdió las elecciones en Hungría y dejaba de ser el disruptor de las políticas de la Unión Europea. Aunque se hacían cábalas sobre quién podría ser el sucesor, pocos pensaban que el canciller alemán, Friedrich Merz, pudiera ocupar un lugar destacado como desestabilizador de las instituciones de la UE. Los problemas económicos de Alemania, incapaz de emprender una recuperación sólida, junto a una coalición de Gobierno a punto de estallar está llevando a Merz a dar traspiés con continuos cambios de posiciones en política exterior que son contrarias a la postura de Bruselas y a culpar al papel de la UE de la crisis que ahoga a Alemania.

Merz había calificado a 2026 como un “año de crecimiento” pero la guerra de Irán ha cambiado completamente el panorama para la economía alemana. El Bundesbank ha señalado que el debilitamiento de la actividad en Alemania supondrá un crecimiento “moderado” en el primer trimestre del año, que los analistas sitúan en un 0,2% El Ejecutivo alemán ya ha anunciado una rebaja a la mitad de las previsiones anuales por el impacto de la guerra con un PIB que solo alcanzará un 0,5% en 2026.

A la vez, la coalición de Gobierno alemán entre conservadores y socialdemócratas vive en uno de sus peores momentos con choques continuos sobre las reformas que tiene que abordar el país para solventar la crisis económica. Merz llegó a asegurar que el Estado del bienestar en Alemania era “insostenible”. Este martes, la agencia alemana DPA publicó que el Ejecutivo de coalición había acordado recortes en gastos sanitarios y pensiones que supondrán un ahorro de 19.300 millones de euros en las cuentas públicas del próximo año.
Culpar a la burocracia europea

La imagen de Merz se está hundiendo en las encuestas políticas. Ya es el político peor valorado de todo el espectro de partidos alemanes. Al igual que hizo el ultranacionalista Viktor Orbán en su campaña electoral señalando a la UE como el origen de todos los problemas de Hungría, los conservadores alemanes han encontrado en la burocracia de la UE al culpable de los males de Alemania.
Así durante la reunión de los grupos parlamentarios de los partidos Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU), que se ha celebrado este lunes y martes, en la que participaron Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se puso sobre la mesa un documento donde se propone un cambio drástico del funcionamiento de la UE para reducir su control, limitar los poderes de la Comisión y rebajar lo máximo posible la burocracia que suponga una carga regulatoria que “perjudica” a las empresas alemanas, según publicó Politico.

Entre algunas de las medidas que se proponen está la creación de un nuevo organismo de control por encima de la Comisión Europea que tendría “derecho de veto sobre cualquier nueva legislación”. Esta propuesta va precisamente en contra de los últimos planteamientos que las instituciones europeas. Como primera lección tras la derrota de Orbán, Von der Leyen planteó “avanzar hacia la votación por mayoría cualificada en política exterior. Es una forma importante de evitar bloqueos sistemáticos”.
También se aboga por que las instituciones de la UE asuman un rol “más restrictivo de sus competencias”, que incluya recortes de empleados y reducción de su actividad, además de un fuerte impulso desregulatorio, con la eliminación de normas y relajación de las exigencias, especialmente en el ámbito medioambiental.

Bajo el eufemismo de “simplificación”, la UE ya ha iniciado un camino para flexibilizar las exigencias de todo tipo a las empresas europeas y reducir la carga burocrática. La respuesta de Bruselas a través del comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha sido desplazar la pelota al otro campo al recordar que son los países de la UE los que “crean barreras, aumenta los costes y fragmenta el mercado único” cada vez que añaden requisitos legales a las normas comunitarias.

En conclusión, Merz trata de rebajar el poder de la UE en un momento en el que los pasos que se están dando en Bruselas van en dirección contraria: fortalecer la Unión para convertirla en un bloque soberano con capacidad de respuesta ante los retos que plantea la política de bloques que han emprendido Estados Unidos y China.

Una política exterior confusa y lejos de la UE

Por otro lado, Merz ha respondido con una serie de cambios drásticos en sus posiciones de política exterior, que están causando sorpresa en los pasillos de las instituciones europeas. Mientras a principios de marzo, el canciller alemán anunciaba su respaldo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, con una penosa actuación en el Despacho Oval de la Casa Blanca y abandonando a sus aliados, esta semana aseguraba que EEUU “estaba siendo humillada por el liderazgo iraní”, en un cambio de registro que solo se explica ante las consecuencias que admitió el propio Merz: el conflicto “le está costando a Alemania mucho dinero de los contribuyentes y mucha fortaleza económica”.

No ha sido el único cambio. Sin acordar con el resto de los países europeos una posición conjunta alrededor de las sanciones de la UE contra Irán, Merz propuso la opción de rebajar las sanciones económicas contra el régimen iraní como acicate para que llegase a un acuerdo en las negociaciones de paz con EEUU. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del mismo partido que Merz, tuvo que salir al quite y aclarar que “es demasiado pronto para levantar las sanciones” a Irán mencionando que 27.000 personas habían muerto en la represión del régimen iraní contra las protestas antigubernamentales.

Y para rematar la aciaga semana de canciller, Merz no tuvo otra ocurrencia que decir que Ucrania tendrá que aceptar la pérdida de algunos territorios como parte de un futuro acuerdo de paz con Rusia. Esta postura, que recuerda a la posición de Trump en su negociación con Vladímir Putin, ha causado desconcierto en la UE, que siempre ha mantenido una postura férrea sobre que no se puede conseguir una paz justa con la concesión de territorios tras una invasión.
Menos transición verde y fusiones, depende

En otros aspectos, el canciller alemán también está atacando las bases de las políticas que está trazando la UE. Por un lado, Merz se ha posicionado claramente contra la transición verde advirtiendo que “no debe poner en peligro la base industrial”. Aunque reconoció “la gravedad del cambio climático” no puede llevar a “una transformación que conduzca a la desindustrialización, ya que no encontrará aceptación entre la población. Y, en última instancia, obstaculizará la innovación”, durante una reunión en Berlín sobre el cambio climático.
Lo que realmente Berlín busca es cambiar el sistema de comercio de emisiones de la UE y que permita a las empresas contaminar más a más bajo coste, con el eufemismo de “mantener la competitividad” y adoptar “un enfoque más realista” en sectores con más dificultades para descarbonizarse, como el acero o el cemento.

En otro ámbito donde el Gobierno de Merz está poniendo obstáculos es en la creación de campeones europeos. Aunque en la práctica se define como un defensor del libre mercado y reconoció que Europa necesita bancos más grandes y transfronterizos, como han pedido reiteradamente la UE y el Banco Central Europeo, Merz se ha opuesto abiertamente a la operación que lanzó el italiano UniCredit para comprar Commerzbank, que calificó como “hostil”, con el argumento de que “no cualquier tipo de adquisición es bienvenida en Alemania”.

Bruselas da un ultimátum a España para regularizar a los interinos o la llevará ante la Justicia europea

Bruselas da un ultimátum a España para regularizar a los interinos o la llevará ante la Justicia europea 
La Comisión Europea avanza en el expediente a España por la situación de los trabajadores interinos de los servicios públicos. Bruselas da un ultimátum a España. Ha remitido este miércoles al Gobierno un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, por no haber adaptado su legislación a la norma europea que prohíbe la discriminación de trabajadores con contratos de duración determinada. Sin una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario llevará a España ante la Justicia europea.
Bruselas da un ultimátum a España para regularizar a los interinos o la llevará ante la Justicia europea

El Ejecutivo comunitario indice en que la normativa española establece condiciones laborales menos favorables para los trabajadores con contratos de duración determinada en el sector público, frente a los trabajadores fijos. Este punto formaba parte de los compromisos que el Gobierno no ha cumplido como parte del plan de Recuperación y Resiliencia.
Bruselas consideró ya en julio del año pasado que España no ha cumplido con uno de los hitos del primer desembolso de fondos Next Generation, el de la temporalidad de los interinos. Una coyuntura que llevó a Bruselas a recortar a España 627 millones de euros para compensar este incumplimiento.

La decisión de abrir expediente al España por la situación de los trabajadores interinos radica en que esta situación constituye "una discriminación contraria al derecho de la Unión Europea", explica el Ejecutivo comunitario.

Por este mismo motivo, por la situación de los interinos, se activó el procedimiento de infracción a España en 2014. España resolvió algunas de las cuestiones planteadas en la carta de emplazamiento, el primer paso del procedimiento de infracción que se inició en julio de 2024. Sin embargo, la Comisión Europea considera que hay otras de las explicaciones que siguen siendo insatisfactoria.

Por este motivo, Bruselas avanza al segundo paso del procedimiento de infracción y manda a España un dictamen motivado. El Gobierno tiene ahora dos meses de plazo para responder y solucionar la situación adoptando las medidas necesarias. En caso de que no cumpla, la Comisión Europea puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e imponer una multa por no cumplir con la normativa europea.
Ultimátum por no impedir relaciones laborales abusivas

En relación con esta cuestión, Bruselas ha remitido a España un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción por no impedir el uso abusivo de las relaciones laborales en los contratos de los interinos y no evitar condiciones de empleo discriminatorias en el sector público.

La Comisión Europea ha enviado a España otro dictamen motivado por no proteger a los trabajadores del sector público de corta duración del uso abusivo de contratos de duración determinada sucesivos. La normativa comunitaria, apunta Bruselas, requiere que la legislación nacional implemente medidas para prevenir y sancionar abusos como encadenar contratos de corta duración.

Aunque España ha modificado su normativa nacional tras la incoación del procedimiento de infracción en 2015 y la última carta de emplazamiento enviada por la Comisión en octubre de 2024, las explicaciones facilitadas siguen siendo insatisfactorias.
Como parte de este proceso, España dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podrá decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.