Soberanía, identidad nacional y el desafío migratorio
La defensa de la soberanía nacional volvió a ocupar un lugar central en el discurso de Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), quien cuestionó con firmeza la actuación de determinados organismos internacionales frente a la realidad de la República Dominicana.
Para Domínguez Trujillo, algunas de estas instituciones han terminado alejándose de la realidad de los pueblos a los que dicen representar, convirtiéndose, a su juicio, en estructuras burocráticas que formulan cuestionamientos, emiten recomendaciones y presentan informes, pero que ofrecen pocas respuestas concretas ante los problemas que enfrentan las naciones.
Su crítica alcanzó particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya postura frente a la situación dominicana calificó de “una burla”. En su opinión, se trata de organismos “inoperantes e insuficientes”, cuya actuación puede llegar a convertirse en una forma de presión política sobre los Estados.
“Son organismos que no hacen absolutamente nada en la práctica y que pretenden injerir sobre nuestra bandera y nuestra soberanía”, sostuvo.
Más allá de la controversia política que generan este tipo de declaraciones, detrás de ellas existe una concepción de Estado que Domínguez Trujillo ha defendido de manera reiterada: la idea de que ninguna nación puede preservar su identidad si renuncia a la capacidad de decidir sobre sus propios asuntos.
En esa línea, quiso convertir incluso su presencia televisiva en un gesto simbólico. En lugar de acudir con los colores y símbolos de su organización política, se presentó portando únicamente el escudo nacional. La decisión no fue accidental. Según explicó, la República Dominicana atraviesa un momento particularmente delicado, en el que las diferencias partidarias deberían quedar subordinadas a un sentimiento más amplio de unidad nacional.
El mensaje implícito era claro: antes que militantes de una organización política, los dominicanos son ciudadanos de una misma nación.
La soberanía frente a las presiones externas
Domínguez Trujillo también manifestó su respaldo a la postura del entonces presidente estadounidense Donald Trump respecto de la necesidad de revisar organismos internacionales que, según su valoración, han perdido efectividad, autoridad o credibilidad.
Su argumento parte de una premisa que ha acompañado buena parte de su discurso político: la cooperación internacional no debe confundirse con subordinación. Para él, una cosa es que los Estados establezcan mecanismos de colaboración y otra muy diferente que determinadas instituciones pretendan imponer decisiones sobre asuntos que corresponden esencialmente a la autoridad soberana de cada país.
En ese contexto, recordó episodios del pasado en los que la República Dominicana tuvo que asumir posiciones firmes frente a decisiones vinculadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su interpretación de aquellos acontecimientos forma parte de una visión más amplia sobre el papel que debe desempeñar el Estado dominicano en el escenario internacional.
Desde esa perspectiva, la soberanía no constituye simplemente una palabra asociada a la Constitución o a los símbolos patrios. Es, para él, la capacidad efectiva de una nación para establecer sus propias reglas, proteger sus fronteras y determinar las políticas que considera necesarias para preservar su estabilidad.
La inmigración como cuestión de Estado
El tema migratorio ocupa un capítulo particularmente sensible dentro de esta visión.
Domínguez Trujillo ha sostenido durante años que la República Dominicana ha estado sometida a presiones externas para mantener una política migratoria que, desde su perspectiva, debilita el control de la frontera. Según afirmó, incluso se habrían producido situaciones en las que determinados mecanismos de asistencia financiera estuvieron acompañados de exigencias relacionadas con la apertura fronteriza.
“Se decía: les damos un préstamo, pero mantengan la frontera abierta. Eso es inaceptable”, afirmó.
Para el dirigente político, una nación no puede aceptar que la necesidad económica se convierta en una puerta de entrada para condicionamientos que afecten decisiones fundamentales de su política interna.
Su planteamiento adquiere especial relevancia cuando se observa la complejidad de la realidad fronteriza dominicana. La migración, el empleo, la seguridad, la economía informal y las relaciones con Haití constituyen problemas estrechamente vinculados entre sí. Cualquier política destinada a enfrentarlos requiere, por tanto, algo más que consignas: necesita planificación, recursos, controles institucionales y voluntad política.
Domínguez Trujillo considera que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos representa una oportunidad para que la República Dominicana revise su propia estrategia y adopte medidas más rigurosas.
Dentro de ese planteamiento, ha defendido la realización de deportaciones masivas, pero bajo criterios de organización y control estatal. Su propuesta no se limita, según ha explicado, a expulsar a quienes se encuentren en situación irregular, sino a establecer un sistema migratorio capaz de determinar quién entra al territorio nacional, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y con qué responsabilidades.
El Partido Esperanza Democrática presentó al Poder Ejecutivo, el 27 de febrero, un plan migratorio integral que contempla controles más estrictos, la posibilidad de otorgar visados temporales directamente desde Haití y una mayor responsabilidad para los empresarios dominicanos que contraten trabajadores extranjeros.
Esta última propuesta introduce otro elemento fundamental en el debate: la responsabilidad del empleador.
Para Domínguez Trujillo, el problema migratorio no puede atribuirse exclusivamente al extranjero que cruza una frontera o permanece irregularmente en el territorio. También debe examinarse el sistema económico que facilita y, en determinados casos, incentiva la contratación de mano de obra irregular.
De ahí surge su planteamiento de establecer consecuencias directas para quienes participen en ese proceso.
Sustituir la ilegalidad por empleo dominicano
El dirigente del PED ha planteado además que, de alcanzar la Presidencia de la República, pondría en marcha un programa complementario destinado al “desmonte de la mano de obra ilegal”.
La propuesta estaría estructurada en 30 puntos e incluiría incentivos y alivios fiscales temporales para aquellas empresas que sustituyan trabajadores en condición migratoria irregular por trabajadores dominicanos.
La lógica detrás de esta iniciativa es sencilla, aunque su ejecución implicaría importantes desafíos: si una parte del mercado laboral depende de trabajadores extranjeros en situación irregular, el Estado debe crear condiciones para que las empresas encuentren alternativas dentro de la propia población dominicana.
“No es un discurso improvisado; es un plan serio, con soluciones reales y responsables”, enfatizó.
La discusión, sin embargo, trasciende la simple sustitución de trabajadores. También obliga a plantear preguntas sobre los salarios, la capacitación, la productividad, la seguridad social y las condiciones laborales que deberían acompañar cualquier proceso de incorporación de trabajadores dominicanos.
Porque no bastaría con cerrar una puerta. Sería necesario abrir otra.
La defensa del empleo nacional tendría que estar acompañada de políticas que preparen a los ciudadanos para ocupar los puestos disponibles, incentiven la formación técnica y reduzcan las barreras que impiden a muchos dominicanos acceder a determinadas actividades productivas.
En otras palabras, el desafío migratorio también puede convertirse en un desafío de desarrollo nacional.
Identidad y soberanía como eje político
En el fondo de todas estas posiciones aparece un mismo concepto: la identidad nacional.
Para Domínguez Trujillo, la soberanía, la defensa de las fronteras y la preservación de la identidad dominicana no son asuntos aislados, sino elementos de una misma concepción política. Desde sus primeros años de actividad pública, ha presentado estas ideas como pilares de su proyecto.
Su discurso parte de la convicción de que una nación necesita conocer sus límites, defender sus instituciones y preservar aquellos elementos históricos y culturales que le otorgan una identidad propia.
La bandera, el escudo y los demás símbolos nacionales adquieren así un significado que va más allá de lo ceremonial. Representan, en su interpretación, la continuidad histórica de un pueblo y su derecho a decidir su propio destino.
De ahí que su aparición pública portando el escudo dominicano, en lugar de los símbolos partidarios, tuviera una carga política y simbólica particular. En momentos de tensión nacional, quiso colocar la idea de República por encima de la organización partidaria.
Ese gesto resume buena parte de su planteamiento: la política puede dividirse entre partidos, ideologías y candidatos, pero la soberanía pertenece a todos.
El debate sobre estas posiciones continuará generando controversias. Habrá quienes consideren necesarias determinadas formas de cooperación internacional y quienes adviertan sobre los riesgos de una excesiva injerencia externa. También existirán opiniones encontradas respecto de las políticas migratorias, las deportaciones y las responsabilidades de los empleadores.
Pero, más allá de las posiciones a favor o en contra, existe una cuestión que permanece en el centro de la discusión: ¿hasta dónde puede y debe llegar la intervención de los organismos internacionales en las decisiones soberanas de un Estado?
Y, junto a esa pregunta, aparece otra todavía más compleja: ¿cómo puede la República Dominicana proteger su identidad, controlar sus fronteras y garantizar oportunidades para sus ciudadanos sin apartarse de los principios de respeto a los derechos humanos y del derecho internacional?
Son preguntas que no admiten respuestas simples.
Para Domínguez Trujillo, sin embargo, existe una certeza: la defensa de la soberanía dominicana seguirá siendo uno de los ejes fundamentales de su proyecto político. Y mientras la nación continúe enfrentando los desafíos derivados de la migración, la presión internacional y las transformaciones de su realidad económica y social, el debate sobre identidad, frontera y soberanía seguirá ocupando un lugar decisivo en el futuro de la República Dominicana.
