El Ministerio Público consultó a la Fiscalía General del Estado si debía hacerlo y la Secretaría Técnica informó en contra, por lo que se siguió el criterio de Teresa Peramato.
Julio Iglesias no está conforme con esta resolución y así lo expone su abogado en el escrito recogido por este periódico: «La mera circunstancia de considerar a Julio Iglesias, persona denunciada que motivó la apertura de las diligencias de investigación preprocesal, un tercero ajeno al procedimiento ya expresaba un pronunciamiento arbitrario y carente de racionalidad y resulta manifiestamente contrario a Derecho».
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Y prosigue: «Este pronunciamiento, carece de racionalidad y sentido común; ningún observador objetivo consideraría a Julio Iglesias tercero ajeno a la denuncia formulada contra él. Que esta idea sea sostenida por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado produce mayor estupor aún».
«No tienen carácter reservado»
La defensa de Julio Iglesias, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, también expone en su escrito amplia jurisprudencia en la que se permite acceder a un denunciado a las diligencias.
«El artículo 235 LOPJ dispone que los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley. Las diligencias de carácter preprocesal no tienen carácter reservado frente al denunciado, y únicamente lo tienen las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, sin que las diligencias de la fiscalía puedan ser declaradas secretas», explican.
Además, ponen en relieve que la resolución de la Audiencia Nacional «resulta arbitraria y manifiestamente contraria a Derecho y vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en cuanto el derecho de acceso tiene vinculación directa con el derecho fundamental a la defensa, la transparencia y el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías».
La defensa de Julio Iglesias argumenta que el denunciado tiene la condición de persona con interés legítimo en conocer la denuncia presentada contra él y poder así saber si se han respetado las garantías constitucionales en el procedimiento seguido contra él. Todo ello pese a que todas las resoluciones no han sido objeto de notificación al denunciado.
Un juicio paralelo en los medios
Julio Iglesias también afea en su escrito que haya tenido que enterarse de lo que ocurría en el procedimiento judicial por la prensa. Reprocha que las denunciantes no habrían acudido directamente a la Fiscalía a denunciar los hechos, sino que previamente habrían utilizado determinados medios de comunicación para su difusión, poniendo en marcha una campaña mediática de desprestigio contra el denunciado, que ha lesionado de modo irremediable su reputación y fama pública.
El cantante considera que con él se ha hecho «un juicio paralelo impulsado por las mismas denunciantes que solicitaban de la Fiscalía, al mismo tiempo, la protección de su intimidad, una vez que habían asegurado el esperado debate público difamatorio».
Y prosigue: «Se deniega el derecho de acceso a una denuncia que ya había sometido a una información disponible para el público a través de los medios de comunicación. […] Denegar el acceso a la denuncia impide conocer el relato de hechos que a juicio del demandante de amparo carecen de veracidad, en función de la información indirecta que se ha publicado en los medios de comunicación social».
Julio Iglesias pide garantías
Julio Iglesias reclama en este escrito que se cumplan las garantías constitucionales y se protejan sus derechos fundamentales por si en un futuro debe tomar más acciones legales.
«No es discutible en nuestro sistema de garantías constitucional que en el mismo o superior lugar protagónico en el que se sitúa a la víctima debe situarse al investigado. La propia Circular reconoce que se trata de dar efectividad a los derechos fundamentales, de modo que no puede cuestionarse que la limitación de acceso del investigado guarda estrecha relación con la efectividad de los derechos fundamentales, a la luz de la jurisprudencia constitucional invocada por la propia Fiscalía», zanja su abogado en el escrito que fue presentado en los juzgados el pasado lunes 2 de marzo.
