¡Toma YA! Trump lanzó un ambicioso plan de seguridad para restablecer la ley y el orden en ciudades de Estados Unidos

La busca reducir la delincuencia, fortalecer a las fuerzas de seguridad y restaurar el orden público con tecnología y modernización.

El gobierno de Donald Trump anunció el lanzamiento de la Iniciativa Ciudades Modelo (MCI), un programa que destinará cerca de 300 millones de dólares para mejorar la seguridad pública en distintas ciudades de Estados Unidos y terminar con la delincuencia.

El plan, impulsado por el Departamento de Justicia, seleccionará entre dos y cuatro ciudades que recibirán financiamiento federal para aplicar estrategias innovadoras y de alto impacto orientadas a reducir la delincuencia, restablecer el orden y mejorar la seguridad ciudadana.

“La Iniciativa Ciudades Modelo fortalecerá a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y restablecerá el estado de derecho en los barrios, pueblos y ciudades de Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro: apoyaremos a quienes nos ayudan a hacer de Estados Unidos un lugar seguro nuevamente”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche.El presidente Donald Trump.

El programa apunta a un plan integral que combina inversión en fuerzas de seguridad, tecnología de última generación y prevención del delito.

Entre las medidas contempladas se destacan la contratación de personal policial, la incorporación de herramientas avanzadas como inteligencia artificial, cámaras corporales, sistemas de análisis de delitos en tiempo real y tecnología forense, así como el uso de drones y sistemas antidrones.
Además, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la capacitación policial y la modernización de instalaciones.

Otro eje clave del plan es la asistencia a víctimas del delito, con servicios que incluyen atención médica, apoyo legal, alojamiento de emergencia y programas de acompañamiento integral. También se incorporan estrategias específicas para prevenir la delincuencia juvenil y combatir la actividad de pandillas.
Las ciudades interesadas, que deberán tener una población mínima de 100.000 personas, podrán presentar sus propuestas antes del 1 de septiembre, en un esquema que exige coordinación total entre autoridades locales, fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

El objetivo es diseñar planes sólidos y medibles que permitan demostrar resultados concretos en la reducción del crimen.

Esta iniciativa del Gobierno de Trump no solo busca mejorar la seguridad en las ciudades seleccionadas, sino también generar modelos replicables a nivel nacional, marcando un cambio de enfoque hacia políticas más firmes y de mano dura.

Con este programa, la Casa Blanca refuerza su prioridad en la lucha contra el crimen, apostando a una combinación de inversión, tecnología y respaldo total a las fuerzas del orden para recuperar la tranquilidad en las comunidades más afectadas por la delincuencia.

Pedro Sánchez, fuera de control en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez© EUROPAPRESS

Entre dirigentes políticos y empresariales que han coincidido en las últimas semanas con el presidente del Gobierno cunde una afirmación unánime: «Este hombre está ya fuera de control». En efecto, la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Roma, tenso, demacrado y cobijado en su visita institucional al Vaticano mientras las Fuerzas de Seguridad entraban en la sede del PSOE en Ferraz es como una ópera bufa de muy mal gusto. Una mafia en toda regla, una cloaca denunciada en un demoledor auto por el juez Santiago Pedraz, curiosamente un magistrado nada sospechoso de simpatías con la derecha, uno «de los suyos» en etapas de Baltasar Garzón, y al que ahora los bocazas «sanchistas» como Óscar Puente o Patxi López tildan de «facha».
La tormenta judicial que han vivido los socialistas la pasada semana habría provocado en cualquier país democrático la inmediata dimisión del Ejecutivo y una convocatoria de elecciones. En un almuerzo con periodistas un acreditado embajador en Madrid recordaba que, por mucho menos, por una trama no tan nauseabunda, cayó el Partido Socialista italiano con su líder, Bettino Craxi, en cabeza y camino del exilio. Aquí, con total osadía, a Sánchez sus lacayos falderos le siguen jaleando y riendo sus diatribas. Normal, todos viven de él con suculentos erarios públicos que matarían por no perder.

Como en la magistral novela de la insigne dama de las letras catalanas, Mercedes Salisachs, «La gangrena», ganadora del Premio Planeta en 1975, España vive hoy una muerte de su tejido institucional, una grave falta de derechos y libertades, una infección bacteriana severa. «Este Gobierno está podrido», afirma con toda razón el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha elevado su presión sobre los nacionalistas vascos y catalanes, cómplices de la más sucia corrupción que se recuerda. El líder del PP ha sido muy claro ante el empresariado catalán, en las jornadas del influyente Círculo de Economía, celebrado este año en Barcelona: «No podéis seguir aguantando este bloqueo», les espetó contundente, sabedor de las buenas relaciones de los empresarios con JuntsxCat. La tesis de Feijóo es sacar adelante una moción instrumental, con el apoyo o la abstención de Junts y el PNV, que deje en soledad a Pedro Sánchez y abra la vía de una convocatoria electoral. El PP se volcará en Cataluña y el País Vasco con su programa de reformas económicas. «Si ellos no vienen a nosotros, nosotros cultivaremos a su electorado», afirma el secretario general Miguel Tellado.

Frente al vendaval de corrupción que, según fuentes jurídicas, aún no ha hecho más que empezar, Pedro Sánchez se atrinchera y arenga a las Juventudes Socialistas y a la dirección de su partido con un discurso en el que se permite acusar a los populares de «marrulleros». O sea, tilda de impostores y malas artes el líder que autorizó una trama mafiosa contra jueces y periodistas que salpicaran el honor de su familia y el PSOE. Cuentan que aún resuenan por las paredes de La Moncloa los gritos enfurecidos del gran jefe, en sus patéticos cinco días de reflexión, ante tres corderillos asustados, Félix Bolaños, Óscar López y Santos Cerdán, para ejecutar el sucio trabajo. El último está crucificado y los otros dos en camino del cadalso.

Un destacado empresario que coincidió con Pedro Sánchez en su reciente viaje a Roma le define sin tapujos: «Es un psicópata de libro». Ello explica su conducta obsesiva, narcisista y prepotente agarrado como una lapa al sillón de La Moncloa y con amenazas de seguir aún más allá de 2027, amparado por las manipuladas encuestas de su fiel lebrero, José Félix Tezanos, al frente del CIS pagado con el dinero del sufrido contribuyente.

Ocho años después de aquella moción de censura contra Mariano Rajoy sus defensores están en prisión y en el banquillo. Esta España gangrenada necesita urgentemente oxígeno, una transfusión de sangre nueva que permita respirar y acabe con el depravado «sanchismo». Aire.

Alcalde de Newark prevé levantar toque de queda cerca de Delaney Hall

 
El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció ayer que podría levantarse el toque de queda parcial impuesto alrededor del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, escenario de protestas y enfrentamientos relacionados con las políticas migratorias y las condiciones de los detenidos.

Baraka declaró durante una conferencia de prensa realizada frente a las instalaciones ubicadas en Doremus Avenue que la ciudad espera poner fin a la medida de restricción nocturna en breve, reseñó el medio local NJ.com.

“La ciudad de Newark solicitó un toque de queda limitado que, con la ayuda de Dios, estamos tratando de levantar esta noche o mañana por la noche y habremos terminado con eso”, afirmó el alcalde.

El toque de queda fue impuesto a la medianoche del domingo y abarca un radio aproximado de media milla alrededor de Delaney Hall. La medida restringe la circulación entre las 9:00 pm y las 6:00 am, luego de varios incidentes registrados durante manifestaciones de grupos tanto contrarios como favorables a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Baraka explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de situaciones que las autoridades municipales consideraron preocupantes, entre ellas un incendio provocado en la vía pública y enfrentamientos físicos entre manifestantes.

“Se estaban produciendo enfrentamientos violentos, se empujaba a la gente contra vehículos en movimiento, vimos cosas que nos parecieron preocupantes, así que decidimos establecer el toque de queda”, señaló.
De acuerdo con NJ.com, cientos de agentes antidisturbios encabezados por la Policía Estatal de Nueva Jersey participaron en operativos posteriores a la entrada en vigor del toque de queda y varias personas fueron detenidas.

Durante más de una semana, Delaney Hall se ha convertido en el principal foco de manifestaciones contra ICE en Nueva Jersey. Las tensiones aumentaron considerablemente desde la llegada de efectivos de la Policía Estatal el viernes por la noche.

Las fuerzas de seguridad han desplegado unidades montadas, utilizado gas lacrimógeno y levantado múltiples barricadas metálicas para mantener alejados a los manifestantes y a los medios de comunicación de las instalaciones.
“Nuestro objetivo es cerrar el edificio”

El centro, administrado por la empresa privada GEO Group, tiene capacidad para albergar a aproximadamente 1,000 personas detenidas por asuntos migratorios.

Baraka sostuvo que la ciudad mantiene desde hace más de un año una disputa legal con la compañía, a la que acusa de incumplir ordenanzas municipales y de ampararse en su contrato con el gobierno federal para continuar operando.
“Nuestro objetivo es cerrar el edificio”, afirmó el alcalde.
El mandatario local informó que los abogados de la ciudad están elaborando una nueva acción judicial contra GEO Group por preocupaciones relacionadas con la salud y la seguridad dentro de las instalaciones.

Asimismo, adelantó que Newark solicitará ante los tribunales el cierre inmediato del centro de detención.
“Esto no es una instalación federal, no es terreno federal. Es una instalación privada”, declaró Baraka. “Están sujetos a las leyes estatales y municipales. No pueden ampararse en un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional, que es lo que intentan hacer una y otra vez”, añadió.

El alcalde también criticó el modelo de gestión de cárceles privadas y argumentó que estas instalaciones deben responder a las regulaciones estatales y locales, además de estar sujetas a la supervisión de funcionarios electos y de la ciudadanía.

Durante su comparecencia, Baraka responsabilizó directamente a ICE por el aumento de la conflictividad en los alrededores de Delaney Hall.
Según el alcalde, durante más de un año se realizaron actividades y concentraciones en la zona sin incidentes graves, situación que, aseguró, cambió con la llegada de agentes federales. “Hubo gente aquí durante más de un año sin incidentes. Ellos provocaron esta escalada de violencia de la que aún no nos hemos recuperado”.