Situación en Cuba
El secretario de Estado de EEUU adviertió que el modelo cubano es insostenible y anticipa medidas frente a la crisis en la isla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este martes como ''inaceptable'' la situación política y económica de Cuba, en medio de un aumento sostenido de las tensiones entre Washington y La Habana, y aseguró que su administración se propone abordar el tema con mayor profundidad en los próximos días.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Rubio afirmó que el modelo económico cubano ''no funciona'' y sostuvo que las autoridades de la Isla ''no saben cómo arreglarlo''. En ese contexto, describió a Cuba como un ''Estado fallido'' ubicado a apenas 90 millas náuticas de las costas estadounidenses, lo que plantea un problema directo para la seguridad nacional de su país.
''El statu quo de Cuba es inaceptable'', insistió el jefe de la diplomacia estadounidense, quien evitó detallar medidas inmediatas, pero dejó claro que el tema será una prioridad en la agenda exterior de Washington. Sus declaraciones se produjeron en un momento particularmente delicado, marcado por señales de endurecimiento en la política estadounidense hacia La Habana.
Rubio también rechazó la idea de que exista un bloqueo petrolero específico contra Cuba. Según explicó, la crisis energética que atraviesa la Isla responde en gran medida a la decisión de Venezuela de dejar de suministrar petróleo subsidiado, un apoyo que durante años fue clave para la economía cubana. El secretario de Estado sostuvo que parte de ese petróleo era revendido por el Gobierno cubano en lugar de destinarse al consumo interno, lo que, en su opinión, evidencia una gestión ineficiente de los recursos.
Las declaraciones del funcionario se produjeron horas después de su participación en la Conferencia de Jefes de Misión de 2026, celebrada en Florida, donde se reunió con representantes diplomáticos estadounidenses del hemisferio occidental. En ese encuentro, Rubio apareció fotografiado junto al jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, frente a un mapa de Cuba, una imagen que generó expectativas sobre el creciente interés estratégico de Washington en la Isla.
El tono de Rubio coincide con el adoptado por el presidente Donald Trump, quien el mismo martes afirmó en una entrevista televisiva que tiene la ''obligación de hacer algo'' respecto a Cuba. El mandatario sugirió incluso posibles medidas de presión militar, al mencionar la opción de acercar el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas, aunque sin ofrecer detalles adicionales.
Trump justificó su postura señalando que la Isla ''está devastada'' y reiteró que cuenta con un fuerte respaldo del electorado cubano-americano. Sus declaraciones refuerzan la línea dura de su administración, que en las últimas semanas ha intensificado las sanciones contra el Gobierno cubano, al que acusa de mantener vínculos con países y organizaciones considerados hostiles para Washington.
Desde La Habana, la respuesta no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Estados Unidos de llevar a cabo durante décadas una ''guerra económica'' contra Cuba y calificó de ''cínicas e hipócritas'' las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses. El diplomático aseguró que las nuevas medidas adoptadas por Washington han agravado aún más la situación económica del país.
No obstante, desde la perspectiva de la administración estadounidense, la crisis cubana responde fundamentalmente a fallas estructurales internas. De acuerdo con reportes citados en medios estadounidenses, funcionarios de Washington ya habrían advertido a sus contrapartes cubanas, en contactos recientes sostenidos en La Habana, que la economía de la Isla se encuentra en ''caída libre'' y que el margen para implementar reformas efectivas es cada vez más reducido.
Mientras tanto, Washington insiste en que su objetivo sigue siendo una solución diplomática, aunque advierte que no permitirá que Cuba se convierta en un factor de riesgo para su seguridad nacional. Las declaraciones de Rubio, en ese sentido, refuerzan la postura de que el actual modelo cubano es insostenible y requiere transformaciones urgentes.
En medio de este cruce de acusaciones y advertencias, las relaciones entre ambos países continúan deteriorándose, sin señales claras de distensión a corto plazo y con un escenario cada vez más marcado por la presión política, económica y estratégica.
EL RUGIDO DEL LEÓN
El informe del Tribunal de Cuentas conocido hoy sobre la gestión de los NextGenerationEU supone el primer gran toque de atención institucional sobre la deficiente gestión de los fondos europeos por el Gobierno.
El organismo fiscalizador ha cuestionado que el Ejecutivo utilizase 2.389 millones de euros de estos recursos para sufragar el pago de pensiones y complementos mínimos en 2024.
Moncloa justificó este movimiento contable como una solución técnica ante la prórroga presupuestaria. Pero el Tribunal de Cuentas es claro: los fondos europeos están diseñados para la transformación estructural del país, no para cubrir gastos corrientes del Estado.
La realidad de los fondos europeos en España está atravesada por el marcado contraste entre la adjudicación de las partidas y su ejecución real.
Mientras el Gobierno presume de liderar el cumplimiento de hitos y objetivos sobre el papel, los análisis del Banco de España y diversos think tanks señalan una divergencia alarmante entre el dinero asignado y el que realmente llega al tejido productivo.
Y el problema sólo se agravará en los meses venideros, porque nuestro país entra ahora en una fase crítica.
La Comisión Europea se ha negado a autorizar una prórroga de un año más para poder gastar los fondos, tal como solicitó España.
Eso implica que el Gobierno dispone de apenas cuatro semanas para presentar a Bruselas cambios de última hora en el Plan de Recuperación con los que intentar enmendar el bajo nivel de ejecución de las inversiones. Aunque lo esperable es que se trate de una cirugía para flexibilizar hitos imposibles de cumplir, e intentar evitar así el bloqueo de los desembolsos finales.
La negativa de Úrsula von der Leyen a ampliar el plazo más allá de la fecha límite de agosto de 2026 ha obligado al Gobierno a aterrizar en una realidad pavorosa: España podría perder al menos 20.000 millones de euros,
Cabe recordar que no es la primera vez que la gestión española genera dudas en Bruselas. El año pasado ya se produjo un bloqueo parcial de fondos debido al incumplimiento de objetivos intermedios.
Aquel aviso debería haber servido para agilizar unos procesos que, lejos de simplificarse, han seguido atrapados en un laberinto administrativo que penaliza especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Y a esa lentitud se suma una opacidad difícil de justificar.
A pesar de los constantes anuncios oficiales, seguimos sin tener constancia tangible de los resultados de esos macroproyectos estratégicos (PERTE) en los que se iba a invertir el grueso de los fondos.
En este contexto, resulta incomprensible que el Gobierno se siga negando a crear una autoridad independiente para fiscalizar el reparto y ejecución de las ayudas, tal como le ha solicitado el PP.
Si la morosidad de la ejecución de las inversiones se explica en gran medida por la fragmentación política del país y la ausencia de cogobernanza entre las distintas administraciones, no se entiende el empecinamiento en un modelo de gestión unilateral, centralizada y poco transparente.
A menos, claro, que lo que se pretenda sea una bula para la discrecionalidad y el uso indebido de los fondos, como el ya denunciado en el caso de las pensiones.
La causa principal de este estancamiento cabe rastrearla en la falta de agilidad administrativa en la resolución de unas convocatorias farragosas, que disuaden a muchas pymes de solicitar las ayudas. A día de hoy, todavía está por ver cuántos de esos fondos seremos capaces de ejecutar realmente, y cómo se estructurarán.
Este descontrol en la gestión de los fondos NextGenerationEU resulta inaceptable cuando hay tanto dinero en juego.
España no puede permitirse el lujo de desperdiciar una oportunidad histórica de paliar las debilidades estructurales de su economía por permanecer enfangada en un modelo burocrático anquilosado y poco competitivo. Especialmente en el marco de una situación económica mucho menos boyante de lo que presume el Gobierno.
El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, solicitó a la justicia de Estados Unidos ser extraditado a México, pese a cumplir cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.
La petición fue realizada mediante una carta enviada al tribunal federal, en la que Guzmán argumenta presuntas violaciones a sus derechos y condiciones de reclusión, además de solicitar un trato más equitativo dentro del sistema judicial estadounidense.
El capo, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017 tras su captura en México, permanece recluido en la prisión de ADX Florence, donde ha denunciado en varias ocasiones aislamiento extremo y deterioro de su salud.
En su solicitud, también plantea la intención de enfrentar procesos pendientes en su país de origen, insistiendo en que su traslado permitiría un manejo más justo de su situación legal.
La petición reabre el debate sobre las condiciones carcelarias en Estados Unidos y los mecanismos de extradición entre ambos países, en un contexto marcado por la lucha contra el narcotráfico y la cooperación bilateral en materia de seguridad.
