El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, a su llegada a una ceremonia de graduación de la policía el mes pasado en Puerto Príncipe.Credit...
Telicia Louis, una vendedora ambulante de Pétion-Ville, una comunidad de las afueras de la capital haitiana, estaba lavando la ropa en su casa un día del año pasado cuando, según contó, una pandilla la echó de su casa.
Louis relató que huyó a un refugio, donde su hija embarazada dio a luz a un bebé en el frío piso de cemento. Louis no tiene dinero para pagar la matrícula escolar de sus otros hijos, sus ventas son escasas y es la única de su familia que trabaja.
Sin embargo, Louis, de 53 años, como tantos otros haitianos atacados por pandillas o asfixiados por una pobreza aplastante, tiene un único deseo.
“Necesitamos un gobierno fuerte, no necesitamos nada más”, dijo Louis.
Un gobierno fuerte, o al menos un gobierno que funcione, parece ser mucho pedir en la nación más disfuncional del hemisferio occidental.
Haití lleva casi cinco años sin un presidente electo. Se suponía que un consejo presidencial establecido hace casi dos años con la ayuda de Estados Unidos para dirigir el país organizaría nuevas elecciones y aportaría estabilidad a una nación cuya historia se ha visto empañada por largos periodos de desgobierno y violencia.Y aunque Haití estaba sumido en la crisis antes y durante la supervisión del consejo, dirigir el país podría resultar aún más difícil cuando su mandato expire este sábado. Estados Unidos, por su parte, está ansioso por despedirse del consejo tras acusar a sus miembros de mal gobierno y de utilizar sus cargos para enriquecerse.
El país tiene un primer ministro nombrado por el consejo. Estados Unidos y las Naciones Unidas lo están presionando para que permanezca en el cargo. Pero, aunque Estados Unidos ha gastado millones de dólares en consolidar una fuerza de seguridad internacional para poder llevar la paz a Haití, no está claro cuándo el país será lo bastante seguro como para permitir que los haitianos elijan a su próximo presidente.
Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron ayer sábado que seguirán exigiendo liberaciones plenas con o sin ley de amnistía, una propuesta del interinato de Delcy Rodríguez, que será aprobada la próxima semana, según estimó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
"Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos", manifestó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.
Andreína Baduel -activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos- afirmó que en Venezuela "todavía hay terrorismo de Estado" y subrayó que se "tiene que conocer el horror" que asegura viven los familiares y también los presos políticos.
"No repetición"
En este contexto, pidió que se inicie un proceso de reparación para todas las víctimas y sobre todo, subrayó, que se cumpla el principio de "no repetición".
Baduel se concentró junto a familiares y activistas a las afueras de la cárcel conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial", según dijo recientemente la presidenta encargada.
Frente a la puerta de El Helicoide -que calificaron como "un centro de torturas" y pidieron se cierre y se convierta en un museo de la memoria de la "represión"-, desplegaron pancartas con fotografías de presos políticos y mensajes de "Libertad", mientras coreaban consignas y ondeaban banderas de Venezuela.
Previamente, familiares y activistas se congregaron en un acto religioso para pedir por la liberación de sus parientes, una actividad que contó con la participación de la Iglesia venezolana.
"La paz es fruto de la justicia. Aquí no va a haber paz hasta que haya justicia", expresó el sacerdote Numa Rivero durante la actividad, a la que estaba prevista la asistencia del cardenal Baltazar Porras, pero finalmente no pudo acudir.
El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el pasado jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate, que será entre el martes y viernes de la próxima semana.
El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el régimen chavista niega que haya arrestados por estos motivos y asegura que cometieron delitos.
El tablero geopolítico cambió. La decisión del presidente Donald Trump de declarar emergencia nacional ante la amenaza que representa Cuba para Estados Unidos marca un giro decisivo: Washington deja de ser “espectador” para convertirse en un actor que busca activamente precipitar la caída del régimen cubano, que se ve empujado a negociar con la administración republicana.
Trump puso en “jaque” a la dictadura castrista el 29 de enero, cuando declaró una emergencia nacional con respecto a Cuba a —90 millas de distancia— por representar una "amenaza inusual y extraordinaria" debido a sus vínculos con China, Rusia y grupos terroristas como Hamás y Hezbolá. Con esta medida, autoriza la imposición de aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo o sus derivados al régimen, pasando a un máximo nivel de asfixia tras cortar el envío de crudo venezolano y llevar a México a suspender su subsidio a la isla.
Este movimiento obligó a la tiranía cubana a buscar un acercamiento con la administración republicana, como anunció el presidente Trump el fin de semana y reconoció el vicecanciller castrista, Carlos Fernández de Cossío, a la AFP, aunque tratando de minimizar el diálogo al calificarlo como un simple “intercambios de mensajes” y de “comunicaciones”.
Como habría adelantado el designado Miguel Díaz-Canel, su canciller reiteró que están dispuestos a un diálogo “serio, responsable y que descanse en el derecho internacional, en el respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados y que conduzca a una relación respetuosa entre los dos países".
Mientras tanto, Trump —que había informado el sábado sobre conversaciones con “las más altas esferas” del régimen— se refirió el lunes a un avance en las negociaciones. "Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento", dijo a los medios desde el Despacho Oval.
Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), asegura que la estrategia de Estados Unidos apunta a “una conmoción” dentro de la élite de poder en La Habana, cuya amenaza a la seguridad nacional de EEUU desde 1959 es una “realidad innegable”.
“La ‘emergencia’ ha existido desde el 1959, pasando por la Crisis de los Misiles de 1962 hasta la captura de Ana Belén Montes en el Pentágono. La amenaza cubana a los EEUU siempre ha estado presente y manifiesta. Cuba ha colaborado activamente con todos los enemigos de los EEUU, y la amenaza de espionaje, infiltración y desestabilización continental sigue vigente hoy día; ahí está Venezuela como evidencia”.
