Piensen en sus abuelos. No en una abstracción nostálgica, sino en personas concretas: cómo se levantaban al alba, qué les importaba de verdad, de qué hablaban a la mesa. Había en esa generación algo difícil de definir, pero imposible de ignorar. Una densidad. Un peso moral. La sensación de que vivían por algo y para algo, aunque ese algo nunca estuviera del todo articulado. Podía ser Dios. Podía ser la familia. Podía ser el barrio, el oficio, el orgullo de construir algo con las manos. Pero estaba. Era real. Los sostenía cuando el mundo se ponía difícil. Y se ponía difícil seguido.
Ahora piensen en mi generación.
Tengo 24 años. Crecí en el Uruguay más libre de la historia: aborto legal, cannabis regulado por el Estado, matrimonio igualitario, eutanasia recientemente aprobada, psicólogos subsidiados, diagnósticos de salud mental desde el liceo. Más derechos reconocidos que ninguna generación anterior. Más libertades formales que cualquier uruguayo que nos precedió. El Estado prometió contenernos desde la cuna hasta la tumba —y más allá, porque ahora también puede acompañarnos a morir—.
Y sin embargo.
La tasa de suicidio en Uruguay en 2024 fue de 21,35 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Los jóvenes de 20 a 24 años registraron ese año la tasa más alta de esa franja etaria en la historia del país. Los tranquilizantes son la tercera droga más consumida y, según la Junta Nacional de Drogas, el 13% de los universitarios los consumió en el último año; de ellos, el 41% sin receta médica. Uruguay es, según Latinobarómetro, el país menos religioso de América Latina: casi la mitad de la población declara no tener religión alguna, un dato que hace treinta años era impensable.
Más libertad. Más diagnósticos. Más pastillas. Más suicidios. Más vacío.
Cuando uno junta esos números en la misma página, algo en el relato oficial se rompe. Y ese quiebre es lo que este artículo intenta nombrar. Porque en Uruguay hay cosas que no están prohibidas por la ley, sino por el consenso: señalar que quizás el problema no fue la falta de derechos, sino el exceso de vacío.
En un país con la segunda tasa de suicidio más alta de América Latina, con picos históricos entre los jóvenes de 20 a 24 años y con un 27% de la población que alguna vez consumió tranquilizantes, la respuesta institucional no es preguntarse por qué tanta gente quiere morirse o anestesiarse, sino facilitar que hacerlo sea más cómodo, más asistido, más “digno”.
Hay una frase que resume esta lógica con brutal honestidad:
“El derecho a morir bajo mis propios términos, mientras no moleste demasiado”.
Suena a liberación. Es una rendición.
Es la filosofía de una civilización que ya no cree que la vida, con toda su experiencia, valga la pena ser vivida hasta el final.
Sino que romantiza el comodismo: si no puedo, entonces ya no quiero. Si se pone difícil, se anestesia. Si duele, se abandona.
Y lo más inquietante: lo hicimos bajo titulares que prometían exactamente lo contrario —ser más autónomos, más libres, más dueños de nuestro destino—.
