"Sumarias contra presuntos narcotraficantes" Trump se atribuye el poder de hacer ejecuciones

El presidente Trump se adjudica el poder extraordinario de cambiar las normas de la lucha antidroga marítima desde las de aplicación de la ley hacia las de guerra.

Al ordenar al ejército estadounidense que atacara letalmente y sin proceso legal a un grupo de personas a bordo de lo que dijo que era una embarcación de contrabando de drogas, el presidente Donald Trump utilizó al ejército de un modo que no tenía precedentes ni fundamentos jurídicos claros, según especialistas en las leyes de la guerra y el poder ejecutivo.

Trump se está adjudicando el poder de traspasar las actividades marítimas antidroga de las normas policiales a las normas de guerra. La policía detiene a sospechosos de delitos para enjuiciarlos y no puede simplemente limitarse a abatirlos, salvo en circunstancias inusuales en que signifiquen una amenaza inminente para alguien.

En cambio, en los conflictos armados, los soldados pueden matar legalmente a combatientes enemigos en el acto.

Como matar personas es tan extremo —y hacerlo sin el debido proceso entraña el riesgo de matar a las personas equivocadas por error—, la cuestión de qué normas se aplican no es simplemente una cuestión de elección de políticas. Tanto el derecho nacional como el internacional establecen normas que limitan cuándo los presidentes y las naciones pueden utilizar de manera legítima la fuerza en tiempo de guerra.

Tras abrir nuevos caminos al calificar de “terroristas” a los cárteles de la droga, el presidente ha redefinido el problema criminal del narcotráfico en tiempos de paz como un conflicto armado, y ha ordenado al ejército estadounidense que trate como combatientes incluso a los presuntos narcotraficantes de bajo nivel.

Pero el tráfico de un producto de consumo ilegal no es un delito capital y el Congreso estadounidense no ha autorizado un conflicto armado contra los cárteles.

Esto plantea la cuestión de si Trump tiene autoridad legítima para ordenar al ejército que realice ejecuciones sumarias contra personas de las que sospecha que trafican con drogas y si acaso el gobierno permitió a los abogados militares de carrera opinar al respecto.

“Es difícil imaginar cómo los abogados del Pentágono podrían haber llegado a la conclusión de que esto era legal y no la definición misma de asesinato según las normas del derecho internacional que el Departamento de Defensa acepta desde hace tiempo”, dijo Ryan Goodman, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, quien trabajó como abogado del Pentágono en 2015 y 2016.