La embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las voces disidentes en El Salvador ha llegado a un punto de no retorno. Este martes, la Asamblea Legislativa, bajo el control absoluto del mandatario, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con la que podrá dictar con una sola orden qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que, a quienes se les permita trabajar, deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al gobierno un 30% de sus ingresos.
La medida fue anunciada por el presidente la semana
pasada, tras una protesta campesina frente a su residencia. Este martes,
el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hanania, la presentó
ante la Asamblea Legislativa, donde fue impulsada por el diputado
Christian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas. Su aprobación
se dio con el 95% de votos a favor tras apenas una hora y 24 minutos de
discusión, menos de lo que dura un partido de fútbol.
La
aprobación de la ley se produce en medio de la embestida más fuerte
contra las voces disidentes que el Gobierno de Bukele ha dado en sus
seis años en el poder. En las últimas tres semanas, al menos 15
personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido
detenidos por razones políticas sin derecho a defensa. La última de
ellas fue Ruth López, una prominente abogada de derechos humanos y
miembro de la oenegé Cristosal. A principios de este mes, al menos siete
periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de
revelar información sobre presuntos pactos secretos del Gobierno con las
pandillas.
La ley ahora aprobada por el bukelismo es idéntica a la
impuesta en 2020 en Nicaragua, con la que el régimen de Daniel Ortega ha
cancelado la personería jurídica de más de 5.200 oenegés. Esta cifra
incluye asociaciones religiosas, educativas, indígenas, médicas,
empresariales y de derechos humanos, así como universidades y medios de
comunicación independientes. En el caso de El Salvador, se estima que la
ley puede afectar hasta a unas 8.000 ONG y a más de una docena de
medios independientes.
La ley contempla la posibilidad de que
algunas oenegés sean eximidas a criterios del Gobierno; sin embargo, la
postura de Bukele ha sido clara en que no tolerará organizaciones que
busquen fortalecer la democracia o el combate a la corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario