Vacunación inconstitucional

Todos los lectores saben que la Justicia es una entelequia, razón por la cual no entenderán muy bien que algunos jueces dicten, de vez en cuando, sentencias justas que perjudican a sus amos.

El límite lo marca el importe del soborno cobrado, en contraste con el riesgo asumido por torcer la ley.

Cuando el peso de las pruebas es abrumador, incluso el más venal de los jueces se ve en la fatalidad de dictar una sentencia odiosamente justa, aunque perjudique a su pagador, o arriesgarse a consecuencias nefastas.

Y eso es lo que está ocurriendo con frecuencia cada vez mayor, a causa de la acumulación de pruebas incontestables.

El Tribunal Inconstitucional ha emitido una nota informativa  en la que afirma haber admitido a trámite recursos de ancianos y niños contra la vacunación por orden judicial, al entender que es un problema de repercusión general que afecta a los derechos fundamentales a la integridad física y moral, la salud y la intimidad personal y familiar.

Remata el Tribunal que esas órdenes judiciales son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.

Ya es milagro que el Tribunal Inconstitucional, después de casi dos años, de repente descubra el problema. Igual que hizo con los estados de alarma, en que tardó bastante más de un año en dictar sentencia, y sin establecer sanciones para los culpables ni indemnizaciones para las víctimas, como establece esa misma Constitución.