Europa y Estados Unidos empiezan a tratar al coronavirus como una endemia, pero en Chile la situación de la dictadura sanitaria no afloja.
Según los datos provistos por la Universidad de Oxford, la variante ómicron del coronavirus ha demostrado ser más contagiosa que las anteriores mutaciones, pero con una considerable menor patogenicidad y virulencia, por lo que los países están avanzando hacia el tratamiento como endemia de la enfermedad, con bajas o nulas muertes relacionadas.
Países como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Tailandia o Irlanda han empezado a eliminar las restricciones sanitarias y tratarán el virus chino como una gripe más. Este no es el caso de Chile.
A pesar de ser país líder en vacunación contra el COVID-19, y con menos de 50 muertes al día por el virus, el gobierno de Sebastián Piñera continúa con las restricción de libertades a pesar de que se puso fin a la emergencia sanitaria. Parece no querer revertir hasta el último día de su mandato las violaciones de derechos humanos.
Recientemente, el gobierno lanzó el “Plan de Manejo Frente a Nueva Variante Ómicron“. En él se puede leer que se mantendrán las fronteras cerradas y solo se permitirá el ingreso de turistas vacunados quienes además deben hacer cuarentena hasta esperar resultados de su PCR, que está demorando entre 48 y 72 horas.
La industria turística en Chile no pueda remontar en forma significativa sus finanzas, mientras ve que en el resto del mundo, se recupera.
Además, el régimen fortalecerá la vigilancia dentro del país, fiscalizando el uso del pasaporte sanitario y persiguiendo a quienes optaron libre y voluntariamente por no vacunarse, haciendo, de facto, obligatoria la vacuna.
Las manifestaciones contra el pase de movilidad en Chile se han multiplicado a lo largo del territorio, siendo el 29 de enero de 2022 la más reciente en la ciudad de Viña del Mar, donde se pidió el fin a las restricciones de lo que denominan “dictadura sanitaria”.
Escándalo por las declaraciones absurdas del Gobierno
El titular de Salud del gobierno de Piñera señaló que: “Incluso dentro del hogar, hay que usar mascarilla (…) Evitemos las situaciones de riesgo”, validando el relato del miedo y confirmando el factor de control sobre la población que rigen las políticas tomadas.
La diputada socialista Jenny Álvarez, causó revuelo nacional con su decisión de no vacunarse. Afirmó acertadamente que “la gente vacunada también se está contagiando y se está muriendo” y asegura que “no confía en la vacuna“, a pesar que su partido ha sido uno de los mayores promotores de la vacunación en el país.
A pesar de la cada vez mayor resistencia a las medidas, Chile se mantiene en la línea de perseguir y destruir las libertades individuales sin dar pie atrás a las demandas de cancelación del fascista pase de movilidad.
Este artilugio propio de una dcitadra es respaldado a través de la figura de Alerta Sanitaria, que durará hasta, por lo menos el 31 de marzo de este año. El 11, asumirá el comunista Gabriel Boric, y quedará por ver si decide dejar que expire o si planea renovarlo.
Países como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Tailandia o Irlanda han empezado a eliminar las restricciones sanitarias y tratarán el virus chino como una gripe más. Este no es el caso de Chile.
A pesar de ser país líder en vacunación contra el COVID-19, y con menos de 50 muertes al día por el virus, el gobierno de Sebastián Piñera continúa con las restricción de libertades a pesar de que se puso fin a la emergencia sanitaria. Parece no querer revertir hasta el último día de su mandato las violaciones de derechos humanos.
Recientemente, el gobierno lanzó el “Plan de Manejo Frente a Nueva Variante Ómicron“. En él se puede leer que se mantendrán las fronteras cerradas y solo se permitirá el ingreso de turistas vacunados quienes además deben hacer cuarentena hasta esperar resultados de su PCR, que está demorando entre 48 y 72 horas.
La industria turística en Chile no pueda remontar en forma significativa sus finanzas, mientras ve que en el resto del mundo, se recupera.
Además, el régimen fortalecerá la vigilancia dentro del país, fiscalizando el uso del pasaporte sanitario y persiguiendo a quienes optaron libre y voluntariamente por no vacunarse, haciendo, de facto, obligatoria la vacuna.
Las manifestaciones contra el pase de movilidad en Chile se han multiplicado a lo largo del territorio, siendo el 29 de enero de 2022 la más reciente en la ciudad de Viña del Mar, donde se pidió el fin a las restricciones de lo que denominan “dictadura sanitaria”.
Escándalo por las declaraciones absurdas del Gobierno
El titular de Salud del gobierno de Piñera señaló que: “Incluso dentro del hogar, hay que usar mascarilla (…) Evitemos las situaciones de riesgo”, validando el relato del miedo y confirmando el factor de control sobre la población que rigen las políticas tomadas.
La diputada socialista Jenny Álvarez, causó revuelo nacional con su decisión de no vacunarse. Afirmó acertadamente que “la gente vacunada también se está contagiando y se está muriendo” y asegura que “no confía en la vacuna“, a pesar que su partido ha sido uno de los mayores promotores de la vacunación en el país.
A pesar de la cada vez mayor resistencia a las medidas, Chile se mantiene en la línea de perseguir y destruir las libertades individuales sin dar pie atrás a las demandas de cancelación del fascista pase de movilidad.
Este artilugio propio de una dcitadra es respaldado a través de la figura de Alerta Sanitaria, que durará hasta, por lo menos el 31 de marzo de este año. El 11, asumirá el comunista Gabriel Boric, y quedará por ver si decide dejar que expire o si planea renovarlo.
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