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lunes, 22 de febrero de 2016

HAY QUE PONER REGLAS EN LA WEB? Difundir imágenes con contenido sexual o erótico es un delito penado con hasta cuatro años de prisión.






Más de 500 fotografías de al menos diez jóvenes oriundas de Corinto circulan en los celulares de chavalos y de adultos de esa ciudad. En los retratos las jóvenes lucen con poco o nada de ropa. Los casos están siendo analizados por agentes policiales, pues no solo se trata de ciberbullying —que es el hostigamiento y humillación a otro mediante internet y teléfonos móviles—, sino de un delito, el de propalación, que está contenido en la Ley 779, y que es penado con entre dos y cuatro años de cárcel. 
“Tuve que trasladar a mi muchacha a otra ciudad para que no sufra el escarnio al que está sometida”, contó desde Madrid, España, la madre de una de las jóvenes afectadas. 
En Corinto se creó un comité en defensa de las muchachas, cuyas edades van entre 13 y 19 años. Alba Urey es coordinadora de ese comité. “Han pasado las fotos de teléfono en teléfono, decenas de pobladores las andan en sus celulares y se burlan de las mujeres, en un acto de desprestigio”, expresó Urey, quien también es abogada. 
Agregó que hay casos de muchachas que han enviado fotografías desnudas a través del Whatsapp a sus novios, y cuando cortan la relación, ellos reenvían las imágenes. “Así se vengan”, precisó. 
Urey dijo que interpusieron una denuncia ante la delegación policial de Corinto, que a su vez la remitió a la oficina de Delitos Especiales a cargo del capitán Noel López en Chinandega, quien solicitó las fotografías para sustentar el caso.
“Lamentablemente hasta ahora ningún padre de familia ha denunciado, a lo mejor tienen vergüenza, pero deben perder ese temor”, recomendó la abogada.
Expresó que tres chavalas no soportaron las burlas y la falta de cariño de sus padres e intentaron suicidarse. Otras muchachas no salen de sus casas porque están deprimidas. 

Denunciar

La psicóloga forense María Elena Espinoza recomendó a las víctimas y familiares interponer la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez.
“De esta manera debe iniciarse una investigación. Las víctimas deben saber que existe la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, que las protege, y como tal hay que actuar”, dijo la experta. 
A criterio de Mildred Largaespada, especialista en uso de redes sociales, la Policía debe actuar de oficio, porque quien difundió esas fotografías sin permiso está cometiendo un delito. 
“Es como si obligaran a una mujer a salir desnuda a la calle transitada. Es delito contra el honor, hay que castigar a él o a los delincuentes y a los colaboradores que ayudan a redifundir esas imágenes”, consideró Largaespada. 
En ese sentido recomendó que los “especialistas deben ofrecerles herramientas de asertividad para fortalecerlas emocionalmente diciéndoles ‘vos no sos la culpable, sino ellos, no cometiste ningún mal’. Y así también su comunidad cercana (vecinos, amigos, profesores, entre otros) deberían apoyar”. 
La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres en su artículo 195 establece que comete delito de propalación “quien hallándose legítimamente en posesión de una comunicación de documentos o grabaciones de carácter privado lo haga público sin la debida autorización aunque le hayan sido dirigidos, será penado con una multa de sesenta a ciento ochenta días”.
  • 2 años de prisión contempla la Ley 779 como pena mínima. 
El artículo agrega que “si las grabaciones, imágenes, comunicaciones o documentos hechos públicos, son de contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidos con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.
Cuando se trate de documentos divulgados por internet, el juez competente a petición del Ministerio Público o quien esté ejerciendo la acción penal, ordenará el retiro inmediato de los documentos divulgados.  
“Es necesario que las afectadas o sus familiares presenten sus denuncias ante las oficinas de las Comisarías y que estas con las diligencias investigativas las remitan ante la juez especializada de violencia de Chinandega”, sugirió el penalista Carlos Ramos.
Dijo que la Policía a través de sus órganos de investigación y con sus especialistas podría dar con las personas que difunden las fotos y videos de las niñas, adolescentes y mujeres de Corinto y ponerlas tras las rejas. 

Machismo 

Es necesario que las afectadas o sus familiares presenten sus denuncias ante las oficinas de las Comisarías y que estas con las diligencias investigativas las remitan ante la juez especializada de violencia de Chinandega”, Carlos Ramos, penalista.
A criterio de la especialista Mildred Largaespada, esto es una muestra del mal uso de las redes sociales.
También es un ejemplo de cómo la presión machista actúa sobre las jóvenes que probablemente fueron obligadas a desnudarse ante las cámaras a cambio de una promesa de silencio, que después fue traicionada.
“Las mujeres tenemos el derecho a usar las redes sociales y fotografiarnos a como nos venga la gana. Son nuestras herramientas también. Deseo que esto no provoque que las mujeres se alejen de la tecnología, sino que provoque aprender más trucos sobre cómo cuidarse. Les digo que no se rindan, que sigan usándolas, pero aprendiendo a cómo usarlas para su beneficio”, indicó.  
A su criterio, la Policía debería investigar lo más pronto posible si detrás de esta difusión masiva existe  alguna red de trata de personas, que está actuando impunemente. “Para mí, esto tiene rasgos de red de trata de personas”, dijo.

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