El presunto suicidio de un arquitecto, presionado por deudas contraídas, ha destapado una caja de pandora en el área de construcciones de obras del Gobierno, poniendo en apuros a funcionarios y empleados de esa gran estructura, sobre la que ahora caen como lluvia críticas y acusaciones de supuestos negocios ilícitos a través de cobros ilegales y extorsiones a contratistas.
La repercusión del caso en los medios de comunicación ha hecho movilizar a importantes funcionarios del gobierno, quienes se han visto precisados a reaccionar.
Históricamente, pero sin mayores escándalos, los contratos de obras de infraestructura y de otra índole en el Estado dominicano, han sido blanco de denuncias y rumores sobre el cobro de comisiones millonarias que van a los bolsillos de gente con fuertes conexiones dentro y fuera de la administración público.
Sin embargo, es la muerte trágica del arquitecto David Rodríguez García, lo que ha hecho rodar las cortinas hacia los extremos y dejar ver las discrecionalidades e ilegalidades que se dan entorno a los pagos que se realizan para las ejecuciones de las obras públicas.
A nivel de opinión pública era una percepción negativa de cómo se manejaban esos asuntos, pero es ahora cuando brota a gran escala, sustentados con denuncias comprometedoras por parte de sectores involucrados de una u otra forma en el área de la construcción pública.
Se trata de denuncias graves, que si bien es cierto datan de décadas atrás, se convierten en temas más que oportunos para que la oposición política haga uso de ellos en contra del gobierno, a la puerta de una campaña electoral donde precisamente la edificación de escuelas será uno de los principales logros que habrá de exhibir este gobierno.
Es por eso, que entendidos en la materia creen que desde el Palacio Nacional, a raíz del caso, se enviarán más que señales claras, sanciones ejemplarizantes contra quienes incurran en este tipo de acto indecoroso.
Desde ya, motivados probablemente por el presidente Danilo Medina, o interpretando el interés del jefe del Estado, funcionarios del gobierno se colocan a la defensiva para evitar que escándalos similares mellen la buena imagen del gobernante, y en particular su obra cumbre que ha sido la construcción de escuelas en todo el territorio nacional.
Denuncian operan "mafias"
La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Copymecon) denunció la existencia de una supuesta mafia de "extorsión" en los ministerios de Obras Públicas y Educación, así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), en uno de cuyos baños apareció muerto el arquitecto con un disparo en la boca.
Eliseo Cristopher denunció que en esas dependencias funcionarios y empleados presionan a ingenieros para que tomen préstamos de altas sumas y con altos intereses bajo amenazas de quitarles las obras que ganaron en buena lid mediante concursos.
Reveló que son miles de millones de pesos que se le deben a contratistas que incluso ya han terminado sus obras.
Pidió al presidente Medina disponer una investigación de la supuesta mafia que existe en esas tres instituciones del Estado y agilizar los pagos de cientos de ingenieros que están prácticamente en la quiebra.
Ministro de Educación admite atrasos
El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, admitió este lunes que el Gobierno ha inaugurado una cantidad de escuelas sin que hasta la fecha le hayan pagado a los contratistas de las mismas.
Acompañado de del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Francisco Pagan, director de la OISOE; así como el director del CODIA, Francisco Mosquea, el funcionario reveló que Educación ha pagado 66 mil millones de pesos cubicaciones, avances y anticipos.
“Cuando se habla de retrasos sentimos que es una queja razonable que está asociada al tema de escuelas que han sido inauguradas y que todavía no le producimos el pago final. Estamos en trabajando para agilizar ese proceso de pago”, dijo el ministro de Educación.
“Sabemos lo que implica para un ingeniero el terminar una obra y que se le dilate el pago de su cubicación final”, expresó Amarante Baret.
Informó que el MINERD y el CODIA han acordado una mesa de trabajo para que los asociados puedan acceder al estatus de sus obras y de sus pagos.
CODIA dice el caso es grave
El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), pidió este lunes a las autoridades una profunda y seria investigación sobre la trágica muerte de Rodríguez García.
El presidente del Codia, Francisco Mosquea, denunció que este no es el único caso de ingenieros y arquitectos que están pasando por esta situación, debido a que las instancias gubernamentales no están honrando sus responsabilidades contractuales.
Aseguró que son muchos los contratistas que tienen problemas de pagos de las cubicaciones, y para ejecutar los contratos con las instituciones públicas, y otros que han terminado sus obras y todavía el gobierno no les ha pagado.
CODIA: La línea de crédito que otorga el Poder Ejecutivo a través del Banco de Reservas, es una trampa para retardar el pago y entonces poder chantajear a ingenieros y arquitectos con las ubicaciones pautados en los contratos.
El arquitecto Rodríguez García dejó una nota donde revelaba que se quitó la vida agobiado por las deudas impagables contraídas durante la construcción de una escuela en Peralvillo, Monte Plata.
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