Han transcurrido casi 70 años desde los primeros movimientos encaminados hacia la gran transformación económica de Puerto Rico, durante los cuales han ocurrido varios periodos recesionarios hasta enfrentarse hoy a un presente de cambios e incertidumbre hacia la recuperación.
Entre altas y bajas, con una estructura económica denominada caduca por analistas, economistas y políticos, parece claro el acercamiento a tiempos inferiores, y basta una mirada a los números oficiales del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), para contrastar el momento.
A lo largo de siete décadas de políticas económicas, y con la actividad agrícola como punto de partida, fue hacia finales de los 40 y principios de 1950 que comenzó el gran cambio social de la Isla.
Es para esos tiempos que surgen y sobresalen las principales instituciones que apoyarían la estructura económica de entonces y que todavía prevalecen. La existencia y permanencia de las mismas están a prueba, realidad cristalizada en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la clara incapacidad para cumplir con una deuda de $9,000 millones, una infraestructura deteriorada y la carga de estar entre los principales obstáculos para la economía, debido a sus altos costos en la venta de electricidad.
La AEE, otrora Autoridad de Fuentes Fluviales y fundada en 1941, está inmersa en un proceso sin precedentes de reestructuración, al que le podrían seguir otras corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transporte, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Fue entre las décadas del 40 y 50, que además de la AEE y la AAA, se crearon la Autoridad de Tierras, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Planificación, el Negociado de Presupuesto, la Oficina Central de Estadísticas, la Compañía de Fomento y el Banco Gubernamental de Fomento, con la figura de Teodoro Moscoso como arquitecto principal de la nueva estrategia de desarrollo industrial.
Años de crecimiento notable tras la gran depresión del 30 y una clase trabajadora emergente constituyeron ese inicio de progreso que alcanzó su tope como vitrina para emular en otras economías, en medio de la industrialización. Sin embargo, hacia mediados de los 70 se marcó un nuevo rumbo en la ruta iniciada, con un desempeño económico de altas y bajas (recesiones incluidas), pero con un notable declive en los datos estadísticos hasta el presente. Estos, caracterizados por una deuda pública en constante crecimiento y al presente con la recesión más prolongada en la historia de la Isla.
Los años 70 representaron momentos trascendentales para la economía, como la extensión del Programa de Cupones de alimentos en 1975 y la aprobación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, para conceder beneficios contributivos a industrias manufactures que se establecieran en la Isla.
Hacia la mitad de esa década la deuda pública se duplicó bajo el mandato de Rafael Hernández Colón, y hubo un periodo recesionario ante la crisis del petróleo. Se recuerda el aumento de la deuda pública y nuevas imposiciones contributivas.
Le siguieron a esos años periodos de expansión y contracción económica, con recesiones significativas como la de principios de los 80, cuando Carlos Romero Barceló era el gobernante.
Ya en la década del 90, se registró una recuperación para los primeros años, con el saldo de un auge relevante en la construcción y en el desarrollo de obras de infraestructura, lo cual igual representó un alto endeudamiento público. Gobernaba entonces Pedro Roselló González.
Previo al 2006 y el inicio de la actual recesión, fue bajo el mandato de la gobernadora Sila M. Calderón, cuando se levantaron altos debates sobre la deuda pública y las dificultades en la economía, con el inicio en la desaceleración de la construcción.
Fue bajo el gobernador Aníbal Acevedo Vilá que comenzó la recesión de 2006, y sobresalieron la caducidad de los incentivos vinculados a la 936, el cierre del aparato gubernamental durante 15 días ante la falta de efectivo y la posterior imposición del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
Aunque con aparentes signos de mejoría en ciertos momentos, el repunte esperado no se ha concretado. Puerto Rico ya registra 19 meses consecutivos con el Índice de Actividad Económica (IAE) en negativo, desde que estuvo en positivo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012.
Desde el inicio de la recesión en 2006, el peor momento para el IAE ocurrió en enero de 2010 cuando la caída llegó a negativo 7.13.
Se trata de una recesión con muchos factores, como el colapso de una economía global, una crisis estructural del gobierno local, elementos de competitividad, alto costo en las utilidades, retroceso en la inversión local y foránea, y –entre otros elementos- una incapacidad de ingresos al fisco con serias repercusiones sobre la deuda pública, degradada hasta el crédito especulativo o chatarra. Se trata de la degradación mayor experimentada por el gobierno local.
Desde los años 70, las voces de alerta respecto a las implicaciones negativas de la deuda del gobierno sobre el crecimiento económico de Puerto Rico, y las dificultades estructurales, han sido continuas. Merece recordar al profesor de la Universidad de Yale, James Tobin, y al economista egresado de Harvard y ex funcionario de Vivienda y Comercio, Jenaro Baquero.
En la contemporaneidad resaltan los análisis y publicaciones del Centro para la Nueva Economía (CNE) y de economistas locales, con la realidad actual de una deuda pública que suma $73,000 millones.
La Isla, cuyos datos estadísticos no suelen reportarse a la velocidad que amerita el conocimiento para inversores, empresarios y toda actividad que pretenda generar progreso económico, registró un Producto Nacional Bruto (PNB) de $69,500 millones en 2012, según los datos más recientes del BGF, publicados en diciembre de 2013. Mientras, el PNB per cápita fue de $18,872 a la misma fecha.
Además del PNB, el IAE y otros indicadores que retratan la realidad económica de un país, están las estimaciones de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, como lo formuló el economista inglés Dudley Seers (1920-1983), para quien no se podía hablar de desarrollo si uno de estos factores empeoraban, no importa si la renta fija per cápita se hubiese duplicado.
En el contexto de la reciente recesión, sociólogos y economistas locales ya plantean la desaparición de una parte considerable de la clase media, ante la pérdida de riquezas y el alto desempleo. En contraste, anticipan una creciente clase en niveles de pobreza.
De acuerdo con las cifras oficiales del Censo de Estados Unidos, al 2012 el 40.6% de las familias puertorriqueñas vivían bajo los niveles de pobreza y el 57% de la población menor de 18 años también vivía en igual situación.
La falta de empleos y salarios adecuados han sido determinantes en la tranquilla a la movilidad social, que se refiere a la posibilidad de una persona para cruzar del renglón de la pobreza al umbral del crecimiento económico.
Hacia 2010, por primera vez el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) superó las 600 mil familias y a septiembre 2014 ya suman 669,000 para un promedio de 1.3 millones de personas beneficiarias.
El dato laboral para junio de este año, según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, señala que el total de personas empleadas en Puerto Rico sumó 989,885; reflejo de una tendencia consistente hacia la baja y la cifra menor desde principios de la década de 1990. Sin embargo, hacia 1950, en los inicios del mayor proyecto de transformación económica de la Isla (Manos a la Obra) y pasadas dos décadas de la crisis del 30, el total de empleados llegaban a 604,000. Esto muestra una diferencia de 385,885 más personas empleadas al presente, a siete décadas de distancia.
El desempleo actual es 13.1% y en 1950 estaba en 15.4%. En el segmento de la manufactura a junio 2014 había 75,300 trabajadores y en enero de 2004 eran 119,100.
La improductividad es fácilmente reconocible, con datos dramáticos donde por cada 100 personas hábiles para trabajar en Puerto Rico, apenas el 39.6% lo hace.
La crisis económica (con pérdida de empleos, aumento en imposiciones contributivas, reducción de salarios, y alta preocupación por la seguridad y criminalidad, entre otros) ha levantado una nueva oleada migratoria con cifras extraoficiales que apuntan hacia más de 3,000 personas que se van cada mes, principalmente hacia Estados Unidos.
A julio 2013 la población de Puerto Rico era de 3,674,209 personas, según datos del Censo, una cifra menor que la cantidad de puertorriqueños con residencia en Estados Unidos continentales. Según un estudio publicado este año por el Center for Puerto Rican Studies del Hunter College en Nueva York, el 60% de los puertorriqueños vive en Estados Unidos, a razón de 5 millones allá y 3.5 millones acá.
En el 2000 la población era de 3,808,610; en 1990 habían 3,522,037 y en 1950 los habitantes de la Isla llegaban a 2,210,703 personas, según el Censo. La población no productiva y mayor de 65 años es cada vez mayor.
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