Las negociaciones al más alto nivel que sostienen desde enero pasado la República Dominicana y Haití, con acuerdos económicos, medioambientales y de seguridad, han avanzado también hacia senderos peliagudos, tal y como habría de esperarse entre dos vecinos histórica y culturalmente separados.
La complejidad de estas discusiones y los variados
intereses que en ellas se debaten, tienden a profundizarse a medida que
ambos países se acercan a definir el punto que dio origen a este
diálogo: la situación de miles de haitianos residentes en República
Dominicana afectados por un fallo constitucional.
El domingo pasado, el primer ministro de Haití,
Laurent Lamothe, jefe negociador por su país, hizo público a través de
su cuenta de Twitter que la próxima ronda de negociaciones entre las dos
naciones, que iba a celebrarse inicialmente el 8 de abril pasado, se
pospuso para el 6 de mayo próximo.
Horas después, el Gobierno dominicano confirmó esa
información y remachó que la suspensión obedecía a una petición expresa
de Haití ante los más recientes cambios introducidos en su Gabinete,
que incluyen un nuevo canciller, el cual necesitaría tiempo para
empaparse de las negociaciones.
Al día siguiente el jefe negociador dominicano y
ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se esforzó en negar que la
nueva suspensión obedeciera a que aún el Gobierno dominicano no ha
elaborado y enviado al Congreso un proyecto de ley especial que resuelva
el problema de las personas nacidas en el país, pero que carecen de
documentación.
Sin embargo, amplios sectores dominicanos,
incluidos reputados analistas políticos y juristas de viejo cuño,
consideran que la real intención de Haití, al pedir y obtener una nueva
suspensión, es la de presionar a República Dominicana para que haga
pública la bautizada "ley de naturalización", y más aún, que esta
iniciativa signifique una amnistía para los haitianos indocumentados.
Se recuerda, que a raíz de la maratoniana segunda
ronda de negociaciones celebrada el 3 y el 4 de febrero pasados, el
Gobierno dominicano se comprometió a enviar ese proyecto al Congreso,
mientras que Haití haría lo propio para agilizar la emisión de
pasaportes y registro civil a sus nacionales, tanto en puestos
fronterizos como en los consulados haitianos en República Dominicana.
Desde entonces el tercer encuentro de alto nivel
ha sufrido tres suspensiones, mientras el presidente dominicano, Danilo
Medina, se ha tomado las dos últimas semanas para consultar a los
líderes políticos y religiosos del país, antes de estructurar el
proyecto de ley especial que enviará a las cámaras legislativas.
Medina, a quien la más reciente encuesta de la
firma internacional Mitofsky acaba de confirmar como el presidente mejor
valorado de América, esta vez con un 90 % de aprobación, ha decidido
colocar todo ese liderazgo al frente de las relaciones con Haití.
"Hay presión internacional, ustedes lo ven todos
los días. Mucha gente está de acuerdo con lo que dispone la sentencia,
otros no. Pero el problema de nosotros no es presión, es la propia
convicción de lo que tenemos que hacer y en eso es que estoy con el
liderazgo del país, consultando", expresó el gobernante al inicio de las
reuniones con los líderes locales.
Esa "presión internacional" a la que se refirió el
jefe de Estado la encabezan organismos como el Comunidad del Caribe
(Caricom) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Ambos organismos han condenado la sentencia
inapelable emitida en septiembre pasado por el Tribunal Constitucional
local, que define los parámetros para acceder a la nacionalidad, y que
afecta a miles de haitianos y sus descendientes en condición de
irregulares en el país, que exigen ser reconocidos como dominicanos.
A raíz de ese fallo, República Dominicana y Haití
vieron deteriorarse seriamente sus relaciones históricamente difíciles,
aunque la intervención de aliados como Venezuela colocó a estos vecinos a
sentarse en la mesa del diálogo con el propósito de alcanzar acuerdos
"históricos" que en la práctica dependerán del éxito o el descalabro por
el que se decante el tema migratorio, el meollo del asunto.
Lo que parece claro es que el presidente Medina ha
logrado concitar el apoyo del liderazgo nacional antes de la
elaboración del proyecto de ley especial, que sectores nacionalistas han
advertido de que tiene que estar apegado a lo dictado por el Tribunal
Constitucional.
Mientras, los sectores defensores de los
residentes haitianos arrecian su ofensiva internacional y local para que
la "ley de naturalización" otorgue a estos la ciudadanía dominicana.
A medida que pasan los días crecen las
expectativas sobre el contenido del proyecto de ley y sobre si
significará la solución definitiva a un problema que por decenios se ha
ido incrementando ante la vista gorda de los Gobiernos de los dos
países. EFE