Un individuo identificado como Pedro A. Rodríguez Colondres fue acusado por un gran jurado federal por entablar un esquema para defraudar a la Reserva del Army de Estados Unidos, haciéndose pasar por otra persona y hasta recibir beneficios de incapacidad de la Administración de Veteranos cuando no le correspondía.
La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que el 5 de febrero pasado, un gran jurado emitió un pliego acusatorio contra el acusado por fraude, dar información falsa en una solicitud y uso de pasaporte, robo de identidad, robo de identidad agravada y ofrecer falso testimonio a una agencia federal.
Según la pesquisa, en mayo de 1984 y hasta octubre de 2011, el acusado concretó un esquema para obtener dinero basado en información fraudulenta y falsa representación al alistarse en la Reserva del Army bajo el nombre de Pedro Colondres Rosa y luego ser licenciado bajo ese nombre, para luego solicitar y recibir beneficios bajo ese nombre.
El acusado estuvo en la Reserva desde el 26 de abril de 1974 y fue dado de baja el 20 de noviembre del mismo año. La carta de este entonces explica que no tenía la motivación para ser un "soldado productivo", que no hablaba inglés y que tenía “problemas para adaptarse al Army".
"Su falta de estámina para completar las marchas. Usted está solicitando licenciamiento y esto sería para su beneficio y para el Army", lee la carta, que agrega que no podría volver a enlistarse.
Sin embargo, el 14 de septiembre de 1977, el acusado volvió a solicitar ser miembro de la Reserva bajo el nombre de Pedro Colondres Rosa. Fue dado de baja el 17 de mayo de 1978, por razones médicas de discapacidad temporera, y cinco días más tarde estaba solicitando los beneficios de incapacidad de la Administración de Veteranos.
Rodríguez Colondres solicitó beneficios a los que no tenía derecho bajo el nombre falso, y recibió beneficios junto con su esposa.
La acusación indica que recibió beneficios ilegalmente entre 1997 y 2011, que suman $424,281.36. También tuvo beneficios médicos que recibió ilegalmente entre 2000 y 2011, para un total de $81,984 y beneficios educativos valorados en $44,584.56.
El acusado fue arrestado por agentes del Departamento de Estado federal y de la Administración de Veteranos, que están a cargo de la investigación. Acudió a la vista ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé, quien le concedió el derecho a libertad bajo fianza.
De ser encontrado culpable, se expone hasta 20 años de cárcel, más dos años por el robo de identidad agravado, tres años de libertad supervisada y hasta $250 mil de multa. El fiscal Michael C. Baggé está a cargo de la pesquisa.