Mientras los comunistas rendían su homenaje, en otro punto de la ciudad, representantes de la asociación “Memorial”, junto con el director de los Archivos Estatales de la Historia Sociopolítica de Rusia, Andréi Sorokin, y varios políticos antiestalinistas presentaban la última edición de un disco con las copias facsímiles de “listas de los fusilamientos de Stalin”. Estos documentos de la época del Gran Terror (1937-1938) son la prueba definitiva de que Stalin y los miembros de la dirección comunista avalaron con su firma las penas de muerte que después imponían los tribunales militares del Tribunal Supremo, basándose en una disposición “legal” de 1934, que negaba al acusado la posibilidad de tener abogado, convocar testigos, pedir clemencia y recurrir la sentencia, de cumplimiento garantizado en 24 horas.
Las “listas de Stalin” son una parte relativamente pequeña de los 700.000 fusilados durante el Gran Terror, pero suponen el nivel superior de la represión, controlada en detalle por los dirigentes comunistas. Como si de una lista electoral se tratara, las organizaciones regionales del partido facilitaban las “candidaturas” al vértice del poder. Después, fragmentadas en categorías (la “primera”, fusilamiento y la “segunda”, penas de 10 a 15 años de prisión), las listas se enviaban a Stalin, que las confirmaba con ayuda de sus colegas. 
Hasta que Mijaíl Gorbachov comenzó la “perestroika” en los años ochenta del pasado siglo, la administración soviética daba una información falsa a los parientes de las víctimas sobre el destino de sus seres queridos y estos datos falsos están aún en muchas enciclopedias. Memorial ha rescatado 383 listas con 43.634 nombres y ha restablecido las fechas de su defunción con ayuda de los certificados de fusilamiento guardados en los archivos del Servicio Federal de Seguridad.
Tanto el presidente de Rusia, Vladímir Putin, como el jefe de Gobierno, Dmitri Medvédev, han reconocido los crímenes de Stalin y en Rusia hay diversos monumentos a las víctimas así como leyes (de principios de los años noventa del pasado siglo) que garantizan su rehabilitación y compensaciones para los afectados o sus familiares.
Pero, junto estos reconocimientos oficiales y formales, considerados demasiado escasos y poco sistemáticos por Memorial, también hay una gran tolerancia, admiración y aprovechamiento político de la figura del dictador de origen georgiano. El 49% de los rusos creen que el papel de Stalin en la vida de su país es positivo (frente al 32% que lo consideran negativo), según una reciente encuesta del centro Levada. Estas cifras son idénticas a las que se obtuvieron en 2009, pero indican una tendencia crítica de lenta evolución, si se comparan con las de 2003, cuando el 53% de los rusos, en un sondeo de la misma institución, consideraba positivo el papel de Stalin y el 33%, negativo.
Aprovechando la tolerancia hacia Stalin existente en Rusia, que en Alemania sería impensable con relación a Hitler, los forofos del dictador han aprendido a matizar sus actitudes con la fórmula “por una parte… y por otra parte”. Es decir, aceptan que Stalin fue responsable del terror “por una parte” y añaden que fue también el artífice de la modernización e industrialización de la URSS y de la victoria de ese país en la Segunda Guerra Mundial “por otra parte”.
La contaminación estalinista facilitada por este enfoque se filtra en diferentes campos, incluidos los libros de historia para la enseñanza secundaria. Uno de ellos, recomendado por el ministerio de Educación y publicado en una amplia edición, definía a Stalin como un “ejecutivo eficaz”.
“La sociedad rusa sufre una crisis de la conciencia histórica y la única salida es el estudio de los documentos de la época estalinista”, ha dicho Andréi Sorokin, que custodia el archivo personal de Stalin. Sorokin lamenta que los documentos de ese archivo, accesibles al público en su gran mayoría, sean poco estudiados por historiadores y periodistas y que las “distorsiones” se impongan a los hechos.
Por su parte, Arseni Roginski, de la dirección de Memorial, propone adoptar una ley que obligue a las grandes empresas fundadas y desarrolladas gracias al trabajo de los prisioneros del GULAG a crear un fondo de compensación para las víctimas o sus herederos. Esta idea se inspira en los acuerdos por los que el empresariado alemán paga a los trabajadores forzados del nazismo. La iniciativa ha sido acogida con indiferencia por los oligarcas rusos que tras la desintegración de la URSS privatizaron las grandes industrias surgidas gracias a la explotación de los prisioneros del GULAG.
Según un reciente sondeo del Centro Levada, para un 55% de los ciudadanos rusos la muerte de Stalin supuso el fin del terror y las represiones masivas así como la liberación de millones de inocentes, mientras que para un 18%, la defunción del líder supuso la pérdida de un gran jefe. En 2010, estos porcentajes eran del 47% y el 19%, respectivamente.
Los rusos sospechan que las autoridades manipulan la figura de Stalin para sus fines. Un 19% opina que los dirigentes intentan utilizar el culto a Stalin para reforzar su propia autoridad como herederos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Otro 19% cree que Stalin es utilizado como sucedáneo de la falta de una idea nacional, ya que en el país ya no queda nada sagrado.