McCarthy, 51 años, iba a convertirse en la primera mujer ejecutada desde 2010 y la número 13 desde que se reinstaurase la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. Desde entonces, Tejas –el Estado con mayor número de ejecuciones y condenados a muerte- ha ejecutado a otras tres mujeres y en sus prisiones otras nueve esperan su turno. Desde 1976, 1.321 personas han sido ejecutadas en EE UU.
McCarthy, adicta al crack cuando cometió el crimen, fue condenada a muerte por el asesinato en 1997 cerca de Dallas de su vecina Dorothy Booth, 71 años, a quien asaltó en su casa y robó antes de apuñalarla hasta morir. Los abogados de la mujer habían solicitado al Gobernador de Tejas, el republicano
Según datos del Centro de Información de la Pena de Muerte (DCPI, siglas en inglés), 3.146 personas esperan la muerte en Estados Unidos y sólo 63 –el 2%- son mujeres. En opinión de Richard Dieter, director del DPCI, un caso como el de McCarthy quizá hoy no hubiera acabado en una sentencia a muerte. “Con ese contexto de adicción a las drogas y otras circunstancias atenuantes, podría terminar sin pena de muerte”.
“Kimberly McCarthy fue condenada a muerte cuando Tejas condenaba a muerte a 40 personas por año. Hoy en día, las penas de muerte han descendido a ocho por año”, agregó Dieter. McCarthy es exmujer de Aaron Michaels, fundador del Partido de los Black Panther, y testificó a su favor durante su juicio, aunque la pareja ya estaba divorciada cuando se cometió el asesinato, que McCarthy asegura que no cometió y del que culpa a dos traficantes de drogas.
La última ejecución de una mujer fue en septiembre de 2010. Teresa Lewis fue ejecutada en el Correccional de Greensville (Virgina) con una inyección letal, método que la condenada a muerte prefirió a la silla eléctrica. El caso de Lewis provocó la indignación de quienes reclamaban clemencia para la condenada debido a que su coeficiente intelectual rozaba el límite establecido para considerar a una persona discapacitada mental (Lewis poseía un 72 y el límite está en 70). En el año 2002, el Supremo declaró inconstitucional aplicar la pena de muerte a personas con discapacidad mental.