Otro punto que parece impostergable para las nuevas autoridades es el relativo a destinar el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, tal y como han prometido los seis candidatos presidenciales, entre los que se encuentran los favoritos, el oficialista Danilo Medina y el opositor Hipólito Mejía.
La nación caribeña, de diez millones de habitantes, ha mantenido en los últimos años, bajo la tutela del presidente saliente, Leonel Fernández, un crecimiento económico que, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) será de un 4,5 % este año, más del 3,7 % que augura para la región la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Ese crecimiento, que ha permitido mantener la estabilidad cambiaria, atraer inversiones extranjeras y, con ello, hacer frente a la crisis mundial, se plantea como un reto para el próximo Gobierno ante la constatación de que esa bonanza no se refleja en amplios sectores de la población, aunque indicadores internacionales afirman que el país ha reducido los niveles de pobreza extrema.
Combatir un desempleo que ronda el 14 % de la economía formal, revisar la controvertida ley de seguridad social y afrontar el caos del transporte público también son tareas del próximo Gobierno dominicano, abocado a mantener a flote los tres pilares de la economía: el turismo, las remesas y la industria de zonas francas.
Tanto Medina como Mejía han prometido en reiteradas ocasiones que impulsaran un programa de asistencia social que otorga a centenares de miles de familias subsidios para comprar alimentos y gas propano.
Esas promesas hablan también de dotar de medicinas a los hospitales, y crear incentivos para el sector agropecuario, la industria y las pequeñas y medianas empresas.
La ubicación de República Dominicana, aprovechada por el narcotráfico internacional para enviar droga hacia los Estados Unidos y Europa, según organismos de seguridad, plantea otro serio reto al próximo Ejecutivo.
Ese trasiego, sin embargo, implica que parte de esa droga se quede en el país y genere a su vez una lucha por su control y distribución, con el consecuente incremento de la criminalidad y los "ajustes de cuentas", pues las autoridades locales hablan ya del establecimiento de carteles con ramificaciones venezolanas, colombianas y mexicanas.
El hacinamiento y las escasas oportunidades de trabajo en los barrios marginales crean un caldo de cultivo para que los jóvenes se involucren en el mercado de las drogas con fines meramente económicos.
En cuanto a las relaciones exteriores, República Dominicana parece inclinada a normalizar sus relaciones con su vecino y segundo socio comercial, Haití, matizadas históricamente por conflictos y una ingobernable frontera común de casi 400 kilómetros.
Las dos naciones 'descubrieron', a raíz del devastador terremoto de enero de 2010 en Haití, donde la solidaridad dominicana fue vital para evitar el colapso completo de su vecino, que tienen problemas comunes imposibles de postergar, como la continúa emigración haitiana hacia el lado más próspero y estable de la isla.
Lo sucedido tras el sismo, la epidemia de cólera, y la llegada al poder en Haití de un nuevo Gobierno, ha sido aprovechado por ambos países para reactivar la Comisión Mixta, un espacio que identifica problemas y esfuerzos comunes para beneficiar a sus habitantes.
El próximo presidente dominicano recibirá una nación con crecimiento económico, pero con grandes desigualdades sociales y lagunas institucionales al tiempo que subyacen viejas aspiraciones ciudadanas, como la solución, de una vez y por todas, de la crisis en el sector eléctrico.