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jueves, 22 de octubre de 2026

El gobierno de Trump tendría pruebas que demuestran que Ilhan Omar se casó con su hermano y cometió fraude migratorio


Fiscales federales reunieron pruebas genéticas y documentos para sustentar posibles cargos contra la congresista demócrata por potencial fraude migratorio.

Los fiscales federales de Estados Unidos habrían obtenido pruebas de ADN para reforzar la investigación por potencial fraude migratorio contra la congresista demócrata Ilhan Omar, en un caso que podría derivar en cargos penales y reabrir cuestionamientos sobre su historial matrimonial y los documentos utilizados para obtener la ciudadanía estadounidense.

Fuentes familiarizadas con la investigación señalaron que los investigadores han reunido suficientes testimonios de denunciantes, registros gubernamentales y pruebas genéticas para examinar acusaciones que se remontan a más de una década. Las pesquisas también contemplarían posibles irregularidades relacionadas con familiares de la legisladora, incluido su padre.

Uno de los principales objetivos sería determinar si Omar se casó en 2009 con Ahmed Nur Said Elmi, su hermano, para facilitarle la obtención de una residencia permanente en Estados Unidos. Esta acusación ha circulado durante años en ámbitos políticos, pero la congresista demócrata la ha negado reiteradamente.El gobierno de Trump habría reunido información genética que respaldaría la investigación acerca del casamiento de la demócrata Ilhan Omar con su hermano
Las pruebas reunidas podrían acercar una acusación formal contra Ilhan Omar

La investigación, iniciada por la Fiscalía federal de Minnesota, recibió un nuevo impulso después de que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registraran la vivienda de Omar en Washington el 12 de octubre. Durante el operativo, los agentes fueron vistos retirando cajas identificadas como evidencia incautada. Todavía no está claro si las muestras de ADN fueron obtenidas antes o después del registro.

Según fuentes citadas por los medios, la combinación de las pruebas genéticas, los documentos y los elementos recopilados durante el allanamiento habría proporcionado una base más sólida para presentar ante un gran jurado cargos de conspiración para cometer fraude migratorio.
La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, también examina aspectos relacionados con las finanzas de la congresista, incluidas discrepancias en sus declaraciones patrimoniales que habrían provocado una reducción de decenas de millones de dólares en el valor declarado de sus activos en el transcurso de un año.

''Ese juez no habría firmado esa orden de registro si no existiera causa probable'', declaró Pirro a la cadena de noticias Fox News. La funcionaria agregó que, si se demuestra que se cometió un delito, habrá consecuencias judiciales.
Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington D.C. aseguró que habrá fuertes consecuencias judiciales si se prueba un delito
Los antecedentes matrimoniales vuelven al centro del escrutinio

El historial matrimonial de Omar constituye uno de los elementos examinados por los investigadores. La legisladora se casó religiosamente con Ahmed Hirsi en 2002, aunque el matrimonio no se formalizó legalmente en ese momento.

En 2009 contrajo matrimonio legal con Elmi y se divorció de él en 2017. Entretanto, presentó declaraciones fiscales conjuntas con Hirsi en 2014 y 2015, cuando todavía estaba legalmente casada con Elmi, de quien se había separado en 2011. Posteriormente, en 2019, Ilhan Omar se divorció de Hirsi y se casó con Tim Mynett, consultor político que había trabajado para su campaña electoral.


Según información publicada por los medios, Elmi habría solicitado una tarjeta de residencia basada en su matrimonio con Omar, pero retiró la solicitud en 2019 después de que las autoridades migratorias pidieran documentación adicional.Omar se casó con su hermano en el año 2009 y se divorció en el año 2017, 2 años antes de que Ahmed Elmi desistiera de una solicitud por una tarjeta de residencia en los Estados Unidos
La ciudadanía de Omar podría convertirse en otro frente legal

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, afirmó durante el fin de semana que las autoridades habían construido un caso sólido que podría llevar a la administración republicana a intentar revocar la ciudadanía estadounidense de Omar si se demuestra que la obtuvo mediante declaraciones falsas.

La congresista llegó a Estados Unidos en 1995, cuando su familia emigró desde Somalia, y se naturalizó posteriormente. Investigaciones anteriores también examinaron posibles discrepancias en su fecha de nacimiento y en los antecedentes migratorios familiares.

Los expertos legales citados por el ''New York Post'' señalaron que los delitos relacionados con declaraciones falsas en documentos migratorios pueden estar sujetos a plazos de prescripción diferentes de los aplicables al fraude matrimonial. Una acusación de conspiración también podría permitir examinar determinados actos antiguos como parte de un supuesto plan delictivo continuado.

No obstante, un intento de revocar la ciudadanía de una congresista en ejercicio y deportarla constituiría una medida extraordinaria. Además, un funcionario migratorio indicó que una investigación durante el primer mandato de Trump no había encontrado entonces pruebas suficientes para respaldar la acusación sobre el supuesto matrimonio entre hermanos.

Los abogados de Ilhan Omar calificaron la investigación de motivada políticamente y exigieron al Departamento de Justicia la devolución inmediata de los bienes incautados. Sostuvieron que el gobierno no habría respetado determinadas condiciones del registro y cuestionaron que el operativo se realizara cerca de una elección.

También afirmaron que Trump ha expresado abiertamente su deseo de investigar y deportar a la congresista como represalia por sus posiciones políticas. El Departamento de Justicia rechazó esas acusaciones y aseguró que los agentes cumplieron las órdenes judiciales y sus obligaciones legales.

Por ahora, la investigación continúa abierta y aún no se han anunciado cargos formales. El desarrollo del caso dependerá de si los fiscales consiguen convertir las sospechas y los documentos reunidos en pruebas suficientes para demostrar una infracción de la ley.

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