José Martínez paseaba con su esposa, Patricia González, por los alrededores del río San Lorenzo, en Ahuachapán, un lugar concurrido por vendedores y familias. Quería mostrarle la belleza de El Salvador, el país que había dejado hacía casi una vida y al que soñaba regresar para quedarse.
Un policía les pidió sus identificaciones. Ambos explicaron que eran ciudadanos estadounidenses, pero habían dejado sus pasaportes en casa. González mostró una credencial mexicana y no tuvo problemas. Martínez presentó el Documento Único de Identidad (DUI) que había obtenido días antes. “Ah, ¿eres salvadoreño?”, preguntó sorprendido el agente, antes de fijarse en el tatuaje de tres puntos que Martínez tenía en la mano derecha.
Desde entonces, González no ha vuelto a ver a su esposo ni ha podido escuchar su voz desde una de las cárceles del gobierno de Nayib Bukele. “Si yo fuera salvadoreña, también estaría detenida”, dice desde su casa en Compton, California. “El único error de mi esposo fue haber ido a su país, un lugar que tanto añoraba”.
El abogado de Martínez solicitó una audiencia para marzo, pero se la negaron. También rechazaron la fianza. “Dijeron que, si le daban la libertad condicional, él se iba a venir para Estados Unidos”, cuenta González.
La familia de Walter Josué Huete Alvarado tampoco encuentra respuestas. “Ya son cuatro abogados los que hemos puesto y ninguno ha hecho nada”, lamenta un familiar. El juicio, previsto aparentemente para el 7 de agosto, fue suspendido.
Carlos Hernández, padre de Nelson Vladimir Hernández Tobar, asegura que, después de tanto tiempo sin noticias ni avances, ha perdido toda esperanza de volver a ver a su hijo.
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