Las operaciones del Gobierno de Daniel Noboa contra las estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal comenzaron a generar un impacto económico sobre las mafias que operan en distintas zonas de Ecuador. Según los datos difundidos por las autoridades, las intervenciones realizadas durante los últimos meses permitieron impedir que alrededor de USD 46 millones continuaran circulando dentro de este negocio ilícito.
La minería ilegal se convirtió en una fuente importante de ingresos para organizaciones criminales ecuatorianas. Los grupos utilizan territorios alejados de los principales centros urbanos para instalar campamentos, operar maquinaria pesada y extraer oro sin autorización estatal.
El Gobierno intensificó los operativos para desmantelar estas estructuras. Las fuerzas de seguridad han intervenido campamentos, destruido maquinaria y realizado acciones contra las redes que proporcionan financiamiento, logística y protección a las explotaciones clandestinas. En abril, el Ministerio de Defensa informó que durante 2026 ya habían sido desmantelados 714 campamentos y destruidas 231 excavadoras vinculadas con la minería ilegal.
El golpe al negocio minero forma parte de una estrategia más amplia contra el financiamiento de las organizaciones criminales. Las autoridades ecuatorianas consideran que el oro extraído ilegalmente permite a las mafias obtener recursos y diversificar sus actividades más allá del narcotráfico.
La dimensión económica del problema es considerable. Un informe citado por medios ecuatorianos estimó que la minería ilegal podía representar una afectación de alrededor de USD 2.000 millones para el país. Esto incluye tanto la extracción clandestina de minerales como los daños económicos asociados a las actividades que funcionan fuera del control estatal.
La ofensiva también cuenta con apoyo de Estados Unidos. Durante su reciente visita a Ecuador, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que solicitará USD 45 millones en fondos de seguridad para apoyar al país en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades criminales. Dentro de ese paquete se contemplan además USD 10 millones destinados específicamente a combatir la minería ilegal, el reclutamiento de miembros de bandas y las operaciones financieras ilícitas.
El combate contra la minería ilegal se suma así a las operaciones de Ecuador contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Para el Gobierno, cortar las fuentes de financiamiento es una parte central de la estrategia para debilitar a las mafias que operan en el territorio nacional.
Los resultados económicos de los operativos muestran que la minería ilegal se ha convertido en otro frente de la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, mientras las autoridades buscan recuperar el control sobre zonas utilizadas para la extracción clandestina de oro.
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