Buscan atraer capital internacional con un esquema migratorio más ágil y orientado a la inversión.
El Gobierno de Javier Milei avanza en la implementación de una “golden visa”, un esquema migratorio orientado a atraer inversores extranjeros con alto poder de capital. La iniciativa busca posicionar a la Argentina como un destino competitivo en la disputa global por inversiones.
El programa contempla otorgar residencia —con posibilidad de acceso a la ciudadanía— a quienes realicen inversiones significativas en el país, con un piso cercano a los USD 500.000. El objetivo es acelerar el ingreso de divisas y motorizar sectores estratégicos de la economía.
El tema tomó visibilidad luego de un intercambio en redes sociales entre el diputado Juan I. Fernández y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Fernández planteó la necesidad de implementar una visa especial para inversores, destacando que existe un mercado global dispuesto a destinar capital a países que ofrezcan condiciones claras y ágiles.
En respuesta, Caputo confirmó que el Gobierno viene trabajando en esta iniciativa desde hace más de un año y subrayó que el interés internacional por invertir en Argentina “es enorme”. La declaración refuerza la idea de que la medida no es improvisada, sino parte de una estrategia más amplia y extensamente planificada para abrir la economía y atraer capitales.
Uno de los ejes centrales del debate gira en torno a las trabas actuales que enfrentan los extranjeros para operar en el país. Casos como la dificultad para abrir cuentas bancarias sin DNI fueron señalados como obstáculos concretos que desalientan inversiones, incluso de personas con alto poder adquisitivo.
La lógica detrás de la “golden visa” invierte el enfoque migratorio tradicional. En lugar de priorizar requisitos formales o largos períodos de permanencia sin impacto económico, el esquema apunta a atraer perfiles que ingresen capital real desde el primer momento. Se trata de facilitar la llegada de inversores que generen actividad, consumo y empleo.
En ese marco, la iniciativa encaja con la estrategia económica del Gobierno, basada en achicar el Estado y potenciar al sector privado como motor del crecimiento. El objetivo del gobierno es crear condiciones previsibles para captar inversiones genuinas, en un contexto global donde los países compiten por atraer capital.
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