El aborto en España se despenalizó parcialmente en 1985, con la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985 que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. La legalización plena por plazos llegó después, con la Ley Orgánica 2/2010, que permitió abortar libremente hasta la semana 14. Posteriormente, en 2023, se aprobó la reforma más reciente (Ley Orgánica 1/2023), que amplió derechos como el aborto de menores de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento paterno y eliminó los 3 días de reflexión obligatorios.
Se cumplen, por tanto, 40 años de esa primera legalización condicionada y la celebración de tal hito llega con manifestaciones dentro del Gobierno sobre la necesidad de ir más allá, blindando el aborto como un derecho constitucional, mientras que la polémica que siempre ha suscitado este asunto ha renacido, políticamente hablando, por la reciente medida aprobada en el Ayuntamiento de Madrid -y refrendada desde la dirección general del PP- de informar con antelación a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo sobre el «síndrome post aborto» que podría sobrevenirles: unas supuestas consecuencias médicas graves sin evidencia científica.
Así, en un acto por el aniversario de la despenalización, organizado por los ministerios de Igualdad y Sanidad e impulsado por el programa Quieroabortar, Ana Redondo abogaba el pasado lunes por un escenario ideal en el que el derecho al aborto de las mujeres fuera recogido por la Constitución. En el mismo escenario, la ministra lamentaba también la desigualdad territorial que existe en el acceso al mismo, al asegurar que el artículo 139.1 de la Carta Magna no lo garantiza de la misma manera a todas las mujeres que quieren libremente abortar.
Un día más tarde, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid debatió y aprobó una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio madrileño sobre el «síndrome post aborto». La propuesta salió adelante con los votos de la formación de ultraderecha y con los del PP.
La vicealcaldesa madrileña, Inmaculada Sanz, ha explicado que lo aprobado en Pleno supone «dar información respecto a los efectos que tiene algo que no es baladí como el aborto, que es un fracaso social» y, «por supuesto, respetando el marco legal del ordenamiento jurídico». Se da la circunstancia de que el presunto síndrome al que tanto Vox como PP hacen referencia carece de base científica y esto, entre otras cosas, ha provocado que tanto PSOE como Más Madrid hayan anunciado que estudiarán medidas legales si, finalmente, la proposición se pusiera en marcha.
El aborto podría reconocerse como derecho fundamental dentro del Título I de la Constitución (por ejemplo, en el artículo 15 sobre el derecho a la vida y la integridad física, o en un artículo nuevo sobre derechos sexuales y reproductivos).
Para ello, habría que reformar la Constitución:Si se considera una modificación “ordinaria” → procedimiento del art. 167: requiere 3/5 de Congreso y Senado.
Si afecta al Título I (derechos fundamentales) o al Título Preliminar → procedimiento agravado del art. 168: mayoría de 2/3, disolución de Cortes, nuevas elecciones, aprobación de nuevo por 2/3 y referéndum obligatorio.
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