Luego de que el Partido Comunista de China (PCCh) violara el tratado internacional que protegía la libertad democrática en Hong Kong, inició una drástica represión contra todos los destacados activistas que protestaron en defensa de sus derechos.
La redada se incrementó tras la imposición de una ley de seguridad que dejaba a los ciudadanos indefensos ante el PCCh. 55 de ellos fueron detenidos el 6 de enero y junto con ellos cerca de 200 celulares y computadoras, incluyendo los de sus esposas o esposos no activos políticamente, según The Washington Post del 12 de enero.
Al parecer lo que el PCCh quiere descubrir son los líderes supremos del movimiento pro libertad de Hong Kong, que se anunció como espontáneo y sin jefes.
El paso siguiente del régimen chino es el de enviar los equipos informáticos decomisados al continente, para descubrir los datos de los contactos e investigarlos, para, eventualmente, encarcelarlos, según una serie de tuits de la periodista Shibani Mahtani.
“Había muchas razones probables detrás de la redada masiva de activistas pro-democracia de la semana pasada – intimidación, confiscación de pasaportes – pero una clave: recoger sus dispositivos. La policía ha empezado a enviarlos al continente para la extracción de datos, dijeron 2 fuentes”, escribió Mahtani.
Agregando: “La gente familiarizada con el pensamiento de la policía y sus homólogos de Beijing dicen que siguen sin estar convencidos de que las protestas de Hong Kong no tuvieron líder, y ahora están decididos a interconectar lo que creen que será un mapa de los líderes de la oposición con influencia”
El PCCh ha sido objeto de muchas críticas y reclamos por parte de los ministros de relaciones exteriores de los países y sus homólogos, que respaldan el anhelo de los hongkoneses de recuperar la libertad, principalmente Estados Unidos, Australia, Canadá y Gran Bretaña.
“Es evidente que la Ley de Seguridad Nacional se está utilizando para eliminar la disidencia y las opiniones políticas opuestas”, dijeron los líderes de estas cuatro naciones en una declaración conjunta, emitida el 10 de enero, según The Canadian Press.
Agregando: “Hacemos un llamamiento a las autoridades centrales de Hong Kong y China para que respeten los derechos y libertades legalmente garantizados del pueblo de Hong Kong sin temor a ser arrestados y detenidos”.
Los firmantes de la declaración son Marise Payne de Australia, Francois-Philippe Champagne de Canadá, Dominic Raab del Reino Unido y Mike Pompeo de los Estados Unidos. Por su parte la Administración Trump sancionó a muchos de los dirigentes del PCCh en Hong Kong por su injerencia en la persecución contra los defensores pro libertad, y despojó a la gran ciudad de los privilegios concedidos en virtud de su democracia, ahora perdida.
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