Una nueva acusación contra el partido Voluntad Popular emitió ayer lunes al régimen de Nicolás Maduro. Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia adepto al chavismo, para determinar si la tolda naranja es una organización “terrorista” y si en razón de ello proceden sanciones civiles, penales y administrativas y su disolución. De esta forma, el recurso judicial se une a una lista de señalamientos del chavismo contra el partido y sus dirigentes, desde su fundación.
¿Qué dijo Tarek William Saab?
“En plena pandemia, lo que ha buscado (VP) es hacer estallar a Venezuela. Vimos como hicieron que una empresa satelital, Directv, se fuera del país producto de las presiones. Lo peor ha sido pagar con dinero venezolano a mercenarios apertrechados con armas y granadas para asaltar sedes policiales, asesinar al presidente y altas autoridades militares”, acusó Saab.
Según el fiscal del chavismo, Voluntad Popular financió la incursión mercenaria en territorio venezolano a principios del mes de mayo, presionó a AT&T para que sacara a Directv de Venezuela, solicitó a Estados Unidos que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos, y se apropió de Citgo.
«No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y trasnacional», agregó.
Por estas razones, el funcionario solicitó tres medidas que, según él, busca “garantizar la paz de la República”. La primera, «establecer si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el Partido u organización política Voluntad Popular».
La segunda, establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de determinar si un partido u organización política, puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos establecidos en dicha Ley. Y, por último, declarar al partido como organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta conforme a las leyes respectivas en la materia.
¿Qué dicen los artículos 31 y 32 de la ley?
El artículo 31 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece que “Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas por sus órganos directivos o sus representantes”. Añade que, en caso de incurrir en la financiación o contribución, el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere lugar.
El artículo 32 prevé que el juez competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad y las consecuencias:
Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley.
La prohibición de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas.
La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso.
Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso.
Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 de este artículo.
Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.
¿Qué respondió el partido?
A través de un comunicado, Voluntad Popular aseguró que el ataque es “contra todas las organizaciones políticas que luchan por la libertad de Venezuela”. La organización política afirmó que es el régimen de Nicolás Maduro el que está acusado y solicitado internacionalmente como terroristas y narcotraficantes, por sus nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con Hezbolá y carteles de drogas.
“Durante muchos años Voluntad Popular ha sido objetivo predilecto de la persecución dictatorial, algo que se ha traducido en encarcelamientos injustos, torturas exilios y hasta asesinatos. La dictadura ha intentado por todas las vías posibles acabar con Voluntad Popular, pero no ha podido ni podrá, pues nuestro partido se nutre del sueño de libertad de un pueblo que día a día lucha por alcanzar La Mejor Venezuela, un país donde todos los derechos sean para todas las personas”, dicen en la misiva.
Agregaron que seguirán luchando “de frente contra la dictadura” y en unidad con todas las fuerzas democráticas del país.
¿Y las demás formaciones políticas?
El líder de Primero Justicia y canciller del gobierno interino, Julio Borges, aseguró –en concordancia con el comunicado de VP- que este es un nuevo intento del régimen de criminalizar a los partidos políticos. Dijo la medida busca “desviar la atención de la inmensa crisis y esconder a los verdaderos terroristas: la organización criminal liderada por el propio Maduro.”
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