El gobierno de California se ha ganado el odio de Donald Trump. El presidente los ha amenazado con invalidar sus leyes que restringen las emisiones de gases de los treinta y cinco millones de automóviles que diariamente transitan por sus carreteras. Leyes que redundan en un mejor ambiente. Al gobierno californiano se le han sumado trece estados con legislación dirigida a esos propósitos; con Washington D.C., serían catorce jurisdicciones con estatutos pro ambiente y dirigidos a detener los efectos del cambio climático.
California —la quinta economía del planeta— es el principal mercado de carros americanos en los Estados Unidos. Su política ambiental —de las más estrictas en la nación y en unión a los otros estados participantes— ha dividido a la nación en dos mercados de autos: los de reglamentación más estricta y los de la reglamentación tradicional. Por eso, las compañías de autos como Honda, BMW, Volkswagen y Ford, llegaron a acuerdos satisfactorios con estos estados de manera voluntaria. La General Motors tenía la tendencia a cumplir con las exigencias de los estatutos de estas jurisdicciones soberanas, que es una cuarta parte de la totalidad de los estados de la Unión.
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