El futuro de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos es incierto. Una semana después de la elección de Donald Trump como presidente, la ola de rumores crece y se extiende por todos los rincones del país, al igual que las preguntas que se acumulan en los buzones de correos electrónicos y teléfonos, en las transmisiones en vivo a través de las redes sociales, en foros, chats, las oficinas de abogados y congresistas, e incluso en la calle.
¿A cuántos indocumentados deportará el presidente electo? ¿Creará la fuerza nacional de deportaciones como lo anunció en su campaña? ¿Adónde enviará a los indocumentados cuando los encuentre y los arreste? ¿Respetará el debido proceso o los expulsará de inmediato? ¿Podrán los detenidos contactar a un abogado para que los aconseje y defienda? ¿Qué sucederá con sus familias? ¿Y aquellos que no tengan antecedentes criminales, podrán quedarse? ¿Y los dreamers? ¿Y los protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS)? ¿Y los que están pidiendo asilo? ¿Y los hijos ciudadanos de padres indocumentados?
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