El gobernador Alejandro García Padilla firmó el proyecto que busca establecer una moratoria en el pago de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“Hace un año, mi administración tomó la decisión sin precedentes de encargar a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) un análisis exhaustivo de las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA), incluyendo sus obligaciones, ingresos, perspectivas económicas y la sostenibilidad del país a largo plazo. El análisis fue uno desolador, pero no nos acobardamos ante esa información. Por el contrario, fuimos francos y transparentes sobre la situación fiscal y sobre la necesidad de lograr una reestructuración abarcadora de la deuda pública y de introducir un cambio radical en las prácticas irresponsables que los gobiernos anteriores adoptaron como la norma, llevándonos a esta coyuntura”, dijo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.
El proyecto que crearía la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera fue aprobado esta madrugada sin enmiendas en la Cámara de Representantes. En la madrugada de ayer fue aprobado en el Senado.
García Padilla aseguró que el gobierno y sus asesores han utilizado todas las herramientas a su disposición para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el País.
“El grupo de trabajo elaboró una serie de medidas extraordinarias para atender los problemas de liquidez y entabló conversaciones con nuestros acreedores sobre una propuesta de reestructuración. Hemos actuado de manera responsable, mientras tratamos de proteger la salud, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico”, mencionó.
La ley impone una moratoria del pago de principal e intereses de la deuda pública vencedera en los próximos meses.
La moratoria viene como remedio al impago de alrededor de $2,000 millones que se avecina.
“La Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico que firmo es una prueba más de nuestro compromiso moral y legal, para ante todo, proteger a las personas que representamos y servimos. Esta legislación nos proporciona las herramientas para atender las necesidades de mayor prioridad, proveer los servicios esenciales a nuestra gente, sin temor a represalias. Esta legislación también permite que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pueda abordar su situación de una manera ordenada”, estableció.
Mientras, indicó que por nueve meses ha pedido a todas las partes involucradas en el asunto un diálogo para elaborar las soluciones necesarias para encaminar al País “hacia la recuperación económica”.
“Hasta la fecha, solo el pueblo de Puerto Rico y nuestros líderes aquí en la Isla han intensificado su participación. Mientras tanto, algunos acreedores han participado en trucos de relaciones públicas con falsedades sobre sus propuestos ‘arreglos’, dirigidos a desinformar al público y disuadir al Congreso de hacer lo que es correcto para nuestros 3.5 millones de ciudadanos americanos. Puerto Rico está insolvente y la situación requiere un esfuerzo serio para encontrar una solución. Esta administración permanece comprometida en trabajar con todas las partes involucradas para alcanzar una resolución que beneficie a todos”, agregó.
En tanto, agradeció a la Asamblea Legislativa por la aprobación de dicho proyecto y por “responder con valentía al llamado patriótico que los tiempos difíciles nos han puesto de frente”.
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