Mientras que Fortaleza insiste en la legalización y regulación de las máquinas tragamonedas y juegos de video lotería, el presidente de la Asociación de Dueños de Maquinas (EMPRECOM), Pablo Javier Rivera Corraliza, tildó la medida como un “truco” del Departamento de Hacienda y el Primer Ejecutivo para favorecer a un tercero.
Según Rivera Corraliza, la verdadera intención del reglamento es favorecer a un tercero extranjero y lograr la eliminación de cientos de medianos y pequeños comerciantes locales que operan máquinas con toda legalidad en el País y pagan sus patentes como corresponde.
El presidente de EMPRECOM detalló que los juegos de los que habla el Reglamento propuesto por el Departamento de Hacienda son en su mayoría los que se presentan en el portafolio de la empresa Caribbean Cage, teniendo hasta la patente de algunos de éstos. Este añadió, además, que las expresiones del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, adscribiéndose la facultad de otorgar el contrato sin subasta “tiene truco encerrado el cual la legislatura debe investigar”.
Rivera Corraliza explicó que por años el discurso del Gobierno ha sido que “las maquinas eran malas porque los jugadores de las máquinas le estaban quitando jugadores a los casinos. Ahora nos dicen que la clientela de los casinos y los comercios es distinta; y para completar la propuesta de video lotería pagaría premios que es lo mismo que el gobierno siempre se opuso a las máquinas tradicionales. Por años el cuento del Gobierno era que solo las máquinas de casino deberían pagar. Entonces enmendaron la Ley Hípica para que las máquinas del Hipódromo y sus agencias pudieran pagar premios”.
Rivera Corraliza aclaró que no todas las máquinas son de video lotería. “Hemos visto como miembros del Ejecutivo y hasta legisladores hablan de las máquinas que vemos en locales a través de la Isla como si fueran de video lotería y no lo son. La intención es clara, es hacer ver que lo que quieren traer es una máquina por otra y no es así. Lo que quieren es la eliminación total de los dueños y operadores de máquinas y sustituirlos por un tercero extranjero que les ha prometido darles dinero de su operación. Nadie se llame a engaño, la video lotería es un juego distinto”.
Precisamente ayer, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, afirmó que las máquinas tragamonedas ilegales le quitan la oportunidad al Gobierno de recibir hasta $300 millones. “En Puerto Rico existen más de 50,000 máquinas ilegales en este momento. De esas más de 50,000 máquinas ilegales el Gobierno recibe $0. Hay un mercado de esas máquinas ilegales que son $1,000 millones de los cuales el Gobierno podría tener una participación, si ese juego se legalizara, que podría fluctuar en alrededor de $100 millones el primer año y que podría llegar a los $300 millones”, manifestó Suárez, quien no pudo precisar de dónde surgió la idea de regular la video lotería en este cuatrienio.
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