El presidente Dominicano Danilo Medina, emitió hoy el reglamento para la aplicación de la ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, informaron fuentes oficiales.
La Presidencia aseguró en un comunicado que el decreto se emite tras valorar todas las propuestas realizadas por la sociedad dominicana durante el proceso de consulta e incluir "aquellas que se consideró contribuyen a mejorarlo".
Las mismas fuentes señalaron que "el espíritu que ha animado" en todo momento la redacción de este decreto ha sido la implementación de las soluciones que se obtuvieron como fruto del "consenso social dominicano" y que se plasmó en dicha ley.
"Con su puesta en marcha el gobierno cumple con el compromiso de seguir avanzando en el correcto ordenamiento y documentación de todas las personas que se encuentran en el territorio de la República Dominicana, así como en la debida protección de los derechos de las personas", dijeron desde la Presidencia.
Por su parte, la Junta Central Electoral (JCE) de Yamasá ha abierto un plazo de 30 días para poder entregarle su cédula a Juliana Deguis Pierre, la ciudadana de origen haitiano que provocó la polémica sentencia dictada en septiembre del año pasado por el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la nacionalidad.
Deguis Pierre acudió hoy en dicho municipio a solicitar su cédula.
El plazo de treinta días es el estipulado por la ley.
Deguis Pierre, quien explicó que seguirá luchando para que personas en su misma situación obtengan sus documentos, anunció que una vez logre su cédula declarará a sus hijos.
El objetivo del reglamento es garantizar la aplicación "estricta", "objetiva" y "eficaz" de la ley, para que beneficie a quienes corresponde legítimamente, al tiempo que establece los controles necesarios para evitar cualquier abuso de la misma, expuso la Presidencia.
En sus 21 artículos quedan definidas las acciones y responsabilidades que el Gobierno y las diferentes instituciones deben poner en marcha, de manera inmediata, para la correcta implementación de la ley.
Se especifican así aspectos clave para la operatividad, como la distribución de las responsabilidades, las oficinas y personal que deberán ponerse a disposición de los interesados y la documentación específica que será exigida en cada caso.
"Este reglamento contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad dominicana y al establecimiento de procedimientos rigurosos y ordenados para la regularización documental de la población", apuntaron desde la Presidencia. EFE
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