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jueves, 10 de abril de 2014

JOVEN COLOMBIANO muere tras ser atacado con ácido





Un joven colombiano murió en la madrugada de ayer  después de que un desconocido le lanzara una sustancia corrosiva, el primer caso de muerte este año por ese tipo de ataques, según las autoridades Colombiana.
El estudiante de ingeniería en sistemas Alejandro Correa Castaño, de 22 años, murió en la madrugada de ayer en un hospital de Medellín debido a las quemaduras sufridas con una sustancia corrosiva que le provocaron lesiones en el rostro, cuero cabelludo, cuello, tronco y ambos brazos, comprometiendo principalmente sus vías respiratorias por un probable ingreso del ácido, explicó en diálogo telefónico con The Associated Press el médico Santiago Upegui, que atendió al joven en el Hospital San Vicente de Paul.
Sin embargo, las causas exactas del fallecimiento deberán der determinadas en una autopsia, observó el médico.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, Carlos Eduardo Valdés, dijo telefónicamente a AP que esperan la llegada del cuerpo del joven a Bogotá desde Medellín para examinarlo y que se trata del primer caso de muerte reportado en 2014 por quemaduras provocadas por un ataque con un agente químico o ácido. No dijo cuántas personas murieron el año pasado por ese tipo de lesiones.
El ataque al joven ocurrió ayer cuando caminaba junto a una mujer por las calles de La Estrella, una localidad aledaña a Medellín, explicó vía telefónica el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.
“Estamos investigando a una persona de 38 a 40 años que es sospechosa de este hecho, pero por el momento no tenemos nada concreto sobre quién es el autor y por qué hizo esto”, dijo el oficial en entrevista telefónica. Agregó que de inmediato desconocen la sustancia usada.
Debido a la gravedad de sus lesiones Correa Castaño fue trasladado de La Estrella primero a un centro médico de Medellín y de ahí al San Vicente de Paul, el más importante de esa ciudad, donde falleció. El joven llegó al San Vicente de Paul inconsciente y sedado, dijo el doctor Upegui.
Este es al menos el quinto ataque de esta clase en los últimos 15 días, cuatro de ellos contra mujeres ocurridos en localidades de Bogotá o cercanas.
Según datos del Instituto de Medicina Legal, estas agresiones ocurren en el país al menos desde 2004 y desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2013 se han reportado 926 personas lesionadas, 469 de ellas mujeres. En 2013 el Congreso aprobó un aumento de las penas de prisión para ese tipo de ataques.
En tanto, la Fiscalía imputó el delito de tentativa de homicidio a un hombre detenido en Bogotá el 4 de abril como sospechoso del ataque el 28 de marzo de una mujer de 33 años a quien lanzó ácido sulfúrico en el rostro y quien permanece bajo cuidados intensivos. Según la Fiscalía, el atacante habría tenido algún tipo de relación personal con la mujer en el pasado e incluso se habrían producido amenazas de muerte.
El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago dijo en diálogo telefónico que en el caso del agresor del joven en Medellín, en el evento de ser capturado y procesado, podría verse expuesto a una condena de hasta 60 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.
Para el exfuncionario, el asesinato de Correa fue perpetrado con premeditación y alevosía lo que agrava el caso.
Ante la difusión de los ataques “se corre el riesgo de que más de un infractor o de que más de un delincuente que también puede tener signos patológicos, no solamente se copie, sino (que) sepa que puede tener un arma al alcance de las manos”, dijo Fabián Sanabria, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional en Bogotá. Recomendó que se comience de inmediato “una gran campaña cultural y pedagógica… (porque) definitivamente esto no es un juego”.
El ministro del Interior Aurelio Iragorri dijo que esta semana se creó un grupo con representantes de distintos ministerios y de la Fiscalía General para tomar medidas como la atención gratuita de los pacientes y analizar si se puede reglamentar o limitar la venta de al menos 2.000 sustancias potencialmente peligrosas que se venden actualmente en el mercado.