El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Francis Vargas, justificó ayer martes la sustitución del párrafo tres del artículo 85 del Código Procesal Penal, que le quita prerrogativa al ciudadano de querellarse contra cualquier funcionario o ex funcionarios que supuestamente haya cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
El senador por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) en la provincia de Puerto Plata dijo que el ciudadano
podrá denunciar los actos irregulares que los funcionarios, pero no así,
querellarse contra éstos, por ser una facultad de los legisladores.
Vargas hablando en rueda de prensa destacó la
diferencia entre “denuncia y querellarse”, la cual es muy amplia, por lo
que advierte que nadie puede dirigirse ante una fiscalía o corte
judicial a emitir querella alguna en contra de un encargado ministerial
del Estado.
Aseguró que el Senado hizo uso de su facultad de
legislar para asentar que ningún ciudadano puede querellarse en contra
de un funcionario público, aunque sí lo puede denunciar.
De su lado, el senador Julio César Valentín dijo
que fueron muchos cambios que introdujo la comisión de justicia del
Senado, pero que el liderazgo es transaccional, “Yo no quería votar por
esa posición, pero que el colectivo entendió la ley posible que detener
un proceso de año”.
Harán vistas públicas sobre modificaciones Códigos Civil y Penal
Por otro lado, el senador Francis Vargas anunció
que después de la Semana Santa iniciará un proceso de vistas públicas
para la modificación de los Códigos Civil y Penal.
Vargas aseguró que el 22 de este mes de Abril se
llevará a cabo unas vistas públicas para conocer la opinión de todos los
sectores jurídicos nacionales, así como de otras entidades como
universidades, sobre la enmienda que hará el Senado al Código Civil.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Justicia
del Senado anunció que para el 29 de Abril se celebrarán las Vistas
Públicas para la modificación al Código Penal.
El senador Francis Vargas hace un llamado a
juristas, jueces, estudiantes de Derecho de las distintas altas casas de
estudios superiores, así como al Colegio Dominicano de Abogados, para
que participen del proceso de consultas para la modificación de los
Códigos Civil y Penal.