Una jueza federal detuvo ayer la ejecución prevista de un asesino en serie en Texas y afirmó que el departamento de Justicia debe revelar a los abogados del preso el proveedor de las drogas que se usarán para matarlo.
La jueza Vanessa Gilmore emitió una orden de suspensión de la inyección letal a Tommy Lynn Sells, cuya ejecución esta prevista para hoy jueves.
Los funcionarios texanos sostienen que la identidad del proveedor debe permanecer en secreto para evitar actos de violencia en su contra.
Los abogados argumentan que el nombre es necesario para verificar la calidad de la droga y evitarle al preso sufrimientos vedados por la constitución.
Gilmore había ordenado al Departamento de Justicia Penal de Texas que informara a los abogados de Sell sobre el proveedor, así como la adquisición de las drogas y las pruebas a que fueron sometidas y por quién.
Los funcionarios penitenciarios texanos no les proporcionaron “información suficiente”, dijo Gilmore en su fallo.
No estaba claro en principio si el estado apelaría el fallo de la jueza.
Desde que obtuvo una nueva provisión de la droga pentobarbital hace dos semanas, el Departamento de Justicia Penal texano citó problemas de seguridad, sin aclarar en qué consistían, como motivo para no revelar la fuente y otros detalles del sedante que piensa utilizar para ejecutar a los reos.
“Como resultado de ello, el sigilo del estado con respecto al producto a utilizar para la inyección letal ha impedido (a los reos y sus abogados) evaluar o cuestionar la constitucionalidad del método de ejecución”, escribió Gilmore en los fundamentos de su sentencia.
Otro reo cuya ejecución está prevista para la semana próxima, Ramiro Hernández Llanas, es partícipe de la demanda.