El gobierno venezolano reforzó hoy viernes la presencia policial y militar en una zona donde dos personas murieron la víspera, mientras los obispos reclamaron el cese de la violencia y la investigación de las muertes ocurridas en las últimas tres semanas en medio de las manifestaciones que sacuden al país.
La barriada Los Ruices en el municipio Sucre, al este de la capital, amaneció en calma tras la tumultuosa tarde del jueves en la que murieron un agente de la Guardia Nacional y un civil durante choques entre vecinos y grupos de motorizados pro-oficialistas que intentaban remover escombros que obstruían la principal avenida que enlaza el este y oeste de Caracas.
De los incidentes violentos de la víspera quedaron como evidencia un automóvil calcinado, una fuerte presencia de la Guardia Nacional en labores de custodia y el cierre de una calle cercana a la sede de la estatal Venezolana de Televisión, el principal medio de difusión del gobierno.
La mayoría de los locales comerciales abrieron sus puertas y el servicio de la estación de tren subterráneo del sector, que ayer jueves se mantuvo cerrada, reanudó sus operaciones comerciales a primeras horas de hoy viernes.
El enfrentamiento de ayer jueves es uno de los incidentes más violentos desde el 12 de febrero, cuando tres personas murieron después de una marcha.
Los obispos auxiliares y el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, pidieron el cese de la violencia y una investigación imparcial de los hechos.
“Queremos reiterar nuestro llamado a todos los habitantes de Caracas, independientemente de su simpatía política, a la convivencia y a la paz. Solicitamos que las responsabilidades legales por los fallecidos en estos enfrentamientos, especialmente en los últimos días, sean determinadas por una investigación seria, imparcial y objetiva”, dijeron los obispos en un comunicado.
Agregaron que rechazan “que algunas de las manifestaciones hayan sido atacadas con armas de fuego, presuntamente por algunos funcionarios de seguridad del Estado o por civiles armados, así como las presuntas torturas y violaciones de los derechos de los detenidos”.
Pese a que la mayoría de las manifestaciones convocadas por estudiantes y la oposición se desarrollan pacíficamente, a diario grupos de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, se enfrentan con piedras y bombas incendiarias a agentes de la Guardia Nacional en las áreas residenciales del este de Caracas y otras zonas del país.
En las protestas de los últimos 24 días murieron 21 personas y más de 300 resultaron heridas.
Los obispos recordaron que el “uso de la fuerza está reservado por las leyes a los cuerpos de seguridad del Estado” y en consecuencia reiteraron su pedido de que los “integrantes de los colectivos del oficialismo deben ser desarmados”.
Según líderes de la oposición, en ocasiones en las protestas intervienen grupos armados oficialistas conocidos como “colectivos”, que serían utilizados para intimidar y disolver manifestaciones.
Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han protagonizado desde febrero manifestaciones callejeras contra el gobierno de Maduro, al que responsabilizan de la galopante inflación de más de 50% anual, la escasez de bienes básicos y el incremento de la delincuencia. El mandatario ha atribuido las protestas a un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
Maduro asumió el gobierno en abril de 2013 luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez.
Bajo la consigna de “no más muertes”, estudiantes convocaron para el viernes a una concentración en una céntrica plaza del este para recordar a los muertos en las protestas.