El diputado brasileño Asdrúbal Bentes, condenado a tres años y un mes de prisión por delitos electorales que incluyeron ofertas de esterilización de mujeres a cambio de votos, se entregó hoy a la Justicia para comenzar a cumplir su pena, indicó el portal Informe 21
La Policía informó que el parlamentario se presentó ante las autoridades en Brasilia, luego de que el Tribunal Supremo ordenara su captura tras negar todas las apelaciones que cabían en su caso.
Bentes, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que forma parte de la actual coalición de Gobierno, fue juzgado en 2011 y condenado por delitos electorales.
El tribunal consideró probado que Bentes, durante la campaña para las elecciones municipales de 2004, cuando fue candidato a alcalde de la ciudad amazónica de Marabá, hizo diversas ofertas a cambio de votos, entre las que incluyó tratamientos de esterilización para mujeres.
Según la acusación, los tratamientos eran realizados a través de una fundación del PMDB en el estado amazónico de Pará, que estaba a cargo de Bentes y servía de contacto con los médicos que realizaban los procedimientos.
El diputado “se valió de artificios absolutamente dañinos y merece una reprimenda ejemplar, porque superó todos los límites imaginarios del ser humano en esas formas de corrupción electoral”, dice la sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2011.
Pese a la dureza de ese señalamiento, la pena establecida fue de tres años y un mes de prisión, tiempo que el diputado no pasará tras las rejas, pues el régimen de reclusión sólo se aplica a aquellos condenados a por lo menos cuatro años.
Aunque el tribunal aún no lo ha confirmado, fuentes judiciales dijeron que seguramente le será concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, que se aplica para aquellos casos en que la condena no obliga al régimen de reclusión.
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, quien pertenece al mismo partido que Bentes, programó para mañana una reunión con la mesa directiva del Congreso, a fin de evaluar si el parlamentario deberá ser despojado de su mandato.