Las históricas tensas relaciones entre la República Dominicana y Haití encajan estos días una sacudida de consecuencias no del todo claras a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del primero de estos países que niega la nacionalidad a los descendientes de indocumentados.
La decisión ha desatado los "mil y un demonios"
entre la irregular y numerosa población haitiana que hace décadas empezó
a afincarse en las plantaciones de caña de azúcar dominicanas, y luego
pasó a sustituir a la mano de obra local en prácticamente todos los oficios rudos del campo y la ciudad.
Los haitianos condenaron el fallo inapelable del
tribunal, y exigieron su revocación bajo el alegato de que centenares de
miles de ellos nacieron en la República Dominicana, por lo que de
mantenerse la decisión se convertirían en apátridas.
Paralelo a esto, las autoridades haitianas iniciaron una ofensiva diplomática entre las naciones
caribeñas para denunciar el veredicto y pedir la condena regional e
internacional contra la nación con la que comparte la isla conocida como
La Española.
La estrategia ha tocado las puertas de Caricom y
de otros organismos, y logrado ecos favorables en instancias como la
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.
Días después de conocerse el fallo, el propio
presidente dominicano, Danilo Medina, recibió a representantes de los
haitianos en condición de irregulares, a quienes comunicó que la
decisión del TC estaba apegada a la Constitución de la República, y que
él es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado.
Medina, no obstante, les comunicó que iniciaría un
proceso de conversación, "porque es un problema humano que tenemos que
resolver".
Al parecer, sin embargo, los haitianos y los
sectores dominicanos que les apoyan, echaron por la borda esa muestra de
receptividad del jefe de Estado dominicano con dos acciones que
resquebrajaron su estrategia.
La primera fue, que tras salir de la oficina del
presidente, los portavoces de la comitiva comunicaron que éste les había
pedido "perdón" por la situación que enfrentan, cuando en realidad el
mandatario precisó que les expresó sus "disculpas" por el drama que
afrontan, al carecer de documentación para poder trabajar o estudiar.
El siguiente paso en falso se produjo cuando un
grupo de mujeres, en su mayoría extranjeras, impidió por unos minutos
que Medina hiciera uso de la palabra a gritos de "Todas somos Haití",
durante la apertura en Santo Domingo, a mediados de octubre, de la XII
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que
organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ese incidente recibió la condena de gran parte de
la población dominicana, que lo tildó de falta de respeto y
consideración al gobernante con el más alto índice de aprobación en
América Latina en estos momentos, según los resultados de una reciente
encuesta internacional.
La semana pasada, Medina encabezó una reunión de
más de tres horas del Consejo Nacional de Migración en la que se acordó
acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, e iniciar en dos meses
un plan de regularización de extranjeros.
El organismo afirmó su compromiso con la
implementación de una política migratoria "clara y transparente,
ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas,
respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales".
Esa postura oficial parece ir en consonancia con
la búsqueda de una solución definitiva a la inmigración ilegal, que ha
crecido cuesta abajo, cual bola de nieve, casi siempre llevándose de
encuentro al Estado dominicano con, incluso, condenas en la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
"Desde el año 1929, en todas las revisiones a la
Constitución dominicana, está claramente establecido que los ciudadanos
en tránsito no son ciudadanos dominicanos, o sea que el Tribunal
Constitucional da una interpretación coherente a una disposición fijada
por nuestra Carta Magna durante décadas", dijo a Efe el experto
constitucionalista y exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón.
Considera el jurista, con un doctorado en derecho
de la Universidad Complutense de Madrid, que Haití debe dotar de
documentación a esos ciudadanos que viven en condición de irregulares en
República Dominicana, para que así puedan ser registrados en esta
nación y regular su estatus como residentes legales.
A contrapelo de esta postura, la politóloga
Rosario Espinal considera que el Gobierno dominicano debió detener la
migración ilegal haitiana hace mucho tiempo y no lo hizo para mantener
la ganancia empresarial.
"Ahora no puede mutilar a miles de dominicanos de
ascendencia haitiana despojándolos de la nacionalidad o negándosela.
Hacerlo es una violación a derechos humanos fundamentales que no puede
justificarse con nociones erradas de soberanía", explicó.
Estos expertos forman parte de las posiciones a
favor y en contra de una sentencia que ha puesto el dedo en la llaga de
un conflicto centenario entre dos naciones a las que, alguna vez, un
político dominicano bautizó como "las dos alas de un mismo pájaro". EFE