Por otro lado, el funcionario del Seguro Social que habló con este diario estimó que las oficinas principales de esa agencia suelen atender unas 200 personas al día y que durante el cierre no se pueden tramitar los pedidos de cerca de la mitad, lo que equivale a unas 500 personas afectadas en cada oficina a la semana.
De otra parte, menores que reciben pagos del Seguro Social podrían quedarse sin ese ingreso si sus padres o tutores tenían que someter su informe anual antes del cierre federal y no lo hicieron.
Otro ejemplo son personas a las que les han robado la identidad y solicitan vivienda pública. “Vivienda los manda al Seguro Social para que le tomen declaración jurada y le eliminen salarios que no recibieron en realidad (ya que quienes los devengaron fueron los que usaron la identidad falsa). Pues eso no lo hacemos”, detalló.
HIPOTECAS EN VEREMOS
El cierre gubernamental también ha afectado la tramitación de préstamos hipotecarios garantizados o incentivados con fondos federales.
Agustín Rojo Montilla, presidente de Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBA), explicó que se puede seguir tramitando préstamos hipotecarios garantizados por la Administración Federal de Vivienda (FHA, por sus siglas en inglés) o por el programa Rural Deve
lopment del Departamento de Agricultura federal (USDA), pero si el tranque continúa puede haber atrasos y hasta cancelaciones de cierres. En los préstamos de Rural Develop
ment la aprobación final la hace la agencia federal. Cuando el préstamo es FHA, el banco puede cerrar el caso, pero podría experimentar atrasos si el cliente necesita algún documento federal o realizar alguna consulta.
Cada año se completan en Puerto Rico unos 4,800 préstamos asegurados por el programa Rural Development de esa agencia, cerca de 3,600 son para la compra de casas nuevas o reposeídas, y el resto, unos 1,200, son para refinanciamiento, según un empleado de la USDA. Estos préstamos son para facilitar vivienda asequible a familias de ingresos limitados que viven en zonas rurales.
Otro sector vulnerable por el cierre es el de los agricultores. “Esto es un efecto dominó que se verá en uno o dos meses, porque todo lo concerniente a entidades federales se atrasa”, anticipó el agrónomo Antonio Sánchez, administrador de la Asociación de Farináceos del Este.
Mencionó como ejemplo el desembolso de fondos a través de Rural Deve
lopment y la Farm Service Agency, también del USDA. En el caso de los casi 100 agricultores que agrupa esta asociación, se ha retrasado el pago de más de $22,000 mensuales otorgados mediante una asignación o ‘grant’ especial para el cultivo de farináceos.
La fuente de USDA consultada añadió que los agricultores que reciben beneficios de la Farm Service Agency también carecen en estos días de suplido de materiales como abono, de apoyo técnico y de inspección de plagas, entre otros.