Puerto Rico está entre los líderes en toda la jurisdicción estadounidense en reclamaciones fraudulentas por incapacidad al Seguro Social y ayer las autoridades federales realizaron el primero de varios operativos contra los que reclaman este beneficio sin merecerlo.
La situación en el país es tan seria y alarmante que provocó que la oficina del Seguro Social decidiera, por primera vez, abrir una nueva división en Puerto Rico para que se dedique exclusivamente a investigar los casos de personas que fraudulentamente alegan estar incapacitadas para trabajar y cobran el beneficio únicamente diseñado para subvencionar a incapacitados.
Ayer, 75 personas, entre ellos un exempleado del Seguro Social, un fisiatra y dos psiquiatras, fueron acusados y arrestados por las autoridades federales por su presunta participación en un esquema ideado por ellos para recibir el beneficio de manera ilegal.
El fraude ascendió, según cálculos conservadores de las autoridades federales,
a $6 millones.
“Hay una alta incidencia per cápita de fraude cometido en Puerto Rico. Hay un alto volumen de estos casos y se está abriendo una unidad investigativa que se dedicará a mirar estos casos. Este es el primero por fraude al Seguro Social que llevamos en la Fiscalía Federal pero viene otro detrás que será más contundente. Es contra médicos e individuos. Este caso es el primero de muchos”, puntualizó María Domínguez, subjefa de la Fiscalía Federal y quien estuvo a cargo de dirigir la pesquisa que culminó con los arrestos de ayer.
“actores estelares”
El caso del grupo arrestado ayer cobró prominencia luego que los acusados de cometer fraude, que se exponen a un máximo de 10 años de prisión de resultar culpables, se comportaron como actores estelares al momento de sustentar ante el Seguro Social su supuesta incapacidad para el trabajo.
“Hicimos un caso de cuello blanco diferente porque entramos a escudriñar la vertiente histórica y a evaluar un sinnúmero de casos de personas aprobadas con los beneficios. Decidimos hacer vigilancia y es ahí que observamos que la conducta de estas personas era incongruente con la conducta que alegaban de incapacidad ante el Seguro Social. A todos los grabamos y ninguno estaba incapacitado”, dijo Domínguez.
Domínguez subrayó que en este esquema los médicos jugaron un papel crucial para finiquitar el fraude pues ellos eran los encargados de documentar las supuestas condiciones físicas y emocionales de los beneficiarios y entregar finalmente ese expediente médico a la Administración del Seguro Social para que aprobara el pago.
Tres galenos en la redada
Los galenos arrestados fueron identificados como Wildo Vargas, con oficinas en Río Piedras y quien era el médico primario de muchos de los beneficiarios y los siquiatras Rafael Miguez Balseiro y Érika Rivera Castro.
“Esto es un abuso a las personas que realmente necesitan de estos beneficios y por cosas como éstas es que el Seguro Social está en quiebra. En este caso hay matrimonios acusados que su familia recibía hasta $5,000 mensuales por sus dependientes”, detalló Domínguez.
Como parte de la investigación un confidente llegó acudir a los médicos y a pesar de decirle que no tenía ninguna condición siquiátrica ni historial previo la doctora escribió en el expediente que tenía récord por salud mental y añadió que tenía instintos suicidas.
El sociólogo Manuel Febres opinó que en Puerto Rico “se han socavado los valores de la honestidad y el dios es el dinero” y muchos piensan y viven en buscarlo a como de lugar.
“Estos casos son consecuencia de la cultura del mantengo, del no trabajo y de la glorificación del bienestar sin trabajarlo. Es una vergüenza que por altimañas, trampas o mentiras puedas obtener más que los que trabajan. Entonces los que lo hacen bien se preguntan para qué trabajar y es ahí que sigue la bola de nieve y el deterioro de la ética y el valor del trabajo”, dijo Febres.
Según la investigación, el principal gestor del fraude fue un exempleado del Seguro Social, identificado como Samuel Torres Crespo, quien recibió alrededor de $3.4 millones al gestionar solicitudes de seguro de incapacidad basadas en supuesta información falsa.
El cerebro del fraude
El acusado se retiró de dicha agencia en el 2008 tras 30 años de servicio y fue quien refirió a los 71 beneficiarios arrestados al fisiatra Wildo Vargas, y a los psiquiatras Erica Rivera Castro y Rafael Miguez Balseiro, quienes presuntamente se inventaban condiciones físicas y de salud mental para que solicitaran los beneficios de incapacidad.
Por estos referidos, Torres Crespo cobraba el 25% retroactivo de la suma que le pagaba el Seguro Social al beneficiario. Los médicos cobraban entre $150 y $500 por los informes médicos.
Ayer, en conferencia de prensa la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez detalló que “no hay caso igual en la historia” y describió a los beneficiarios acusados como “ unos artistas: entraban cojeando y salían corriendo".
Colección de carros de lujo
Mientras, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Carlos Cases detalló que a Torres Crespo se le ocuparon más de $1.7 millones en seis cuentas bancarias y le embargaron un Porsche 911 GT2 que compró en efectivo a su anterior dueño, el exbaloncelista de la NBA, Scottie Pippen; dos motoras Harley Davidson; un Porsche 911 Turbo; un BMW 640, un BMW 535, un Toyota Camry y un Toyota Yaris.
La reportera Mariana Cobián colaboró con esta historia.