"Con un país políticamente divido en dos partes
casi iguales, no hay futuro en Venezuela para una política basada en la
permanente exclusión de una de las dos partes", afirma el informe de
esta Organización No Gubernamental fundada en 1995 con el fin de
prevenir y resolver conflictos.
El informe revisa la situación en el país caribeño
desde la muerte del presidente Hugo Chávez, el 5 de marzo pasado, hasta
la actual "crisis de gobernabilidad" originada por unos resultados
electorales muy ajustados y cuya validez ha sido puesta en duda.
Según dijo a Efe Javier Ciurlizza, director del
programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, con sede en
Bogotá, el objetivo de este informe es "sacudir los hombros y las
conciencias" también de los vecinos de Venezuela, porque se trata de un
"problema de seguridad regional", no solo venezolano.
Después de las elecciones del 14 de abril, en las
que oficialmente venció el chavista Nicolás Maduro por una diferencia de
solo 1,5 puntos sobre el opositor Henrique Capriles, Venezuela está
claramente dividida, con riesgo de que estalle la violencia y "al borde
de una recesión" económica, dice Crisis Group.
La solución a todos esos problemas solo puede estar en "un diálogo nacional", según el informe.
El país -agrega- necesita con urgencia reconstruir
el tejido social y político, pero los "esfuerzos inmediatos deben
dirigirse a evitar que la polarización extrema desemboque en violencia
política".
Crisis Group enumera los cinco pasos que a su
juicio deben darse para evitar "lo peor" y los papeles que deben
desempeñar no solo el Gobierno y la oposición, sino la sociedad civil,
la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional.
En primer lugar el Gobierno y la oposición deben
comprometerse públicamente a buscar medios pacíficos para resolver la
crisis y dar instrucciones claras a sus respectivos seguidores de que no
van a permitir la violencia.
En segundo lugar, el Gobierno debe reconocer la
necesidad de construir consensos y tender puentes a la oposición, el
sector privado y la sociedad civil, de manera que se llegue a un
diálogo.
En este punto Crisis Group destaca que la Iglesia
Católica, los socios regionales de Venezuela y la comunidad
internacional en general deben apoyar el acercamiento Gobierno-oposición
y estar listos para que el caso de que se les pida que medien.
"Para allanar el camino al diálogo se deben resolver las dudas que rodean las elecciones", destaca Crisis Group.
La cámara electoral de la Corte Suprema debe
atender "total y transparentemente" todas las quejas de violencia,
intimidación e irregularidades y, si es necesario, ordenar el recuento
de votos en los centros donde haya dudas razonables sobre el cómputo
original.
Además, el Gobierno debe dejar claro que apoya
tales medidas y, una vez que se aclaren las dudas, "todas las partes
deben reconocer la validez de las elecciones", agrega.
El cuarto punto indica que el Gobierno debe dar
garantías para el ejercicio de los derechos de protesta y de libertad de
expresión y abstenerse de amenazar y actuar judicialmente contra los
medios independientes de prensa y de tomar represalias contra
funcionarios que simpatizan con la oposición.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, deben actuar de
acuerdo a la constitución, que prohíbe su participación en políticas
partidistas.
Por último, la comunidad internacional, en
particular los vecinos de Venezuela como Brasil y también organismos
como la OEA y Unasur, debe alentar una solución no violenta a la crisis
política y ofrecerse como facilitadores y mediadores.
El informe hace hincapié en la necesidad de un
cambio de actitud de la comunidad internacional, que, según dice, "en su
mayor parte miró para otro lado" cuando se produjo un deterioro de la
democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Ciurlizza indicó que una inestabilidad profunda en
Venezuela repercutiría en otros países y especialmente en Colombia,
donde podría aumentar la violencia, especialmente en zonas fronterizas, y
afectar negativamente al proceso de paz con la guerrilla. EFE