el proceso de divorcio y al denunciar a su expareja porque no le daba dinero para los gastos del niño empezo a ser acosada por el esposo, que acudía a casa amenazándola. Su abogado le dijo que esta actitud era normal. “Es un hombre y nosotros nos molestamos en esas situaciones, perdónalo”. Karina solicitó otras opiniones, y pronto una abogada le aseguró que tenía derecho a una orden de restricción. Durante un proceso judicial no exento de problemas y que duró dos años, la segunda defensora renunció por amenazas de muerte.
Lo anterior puede parecer un caso extremo, pero es solo un ejemplo más de la calamidad que representan los arreglos judiciales tras una ruptura en México, donde tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, según datos de la Comision Nacional de Derechos Humanos.