Inicialmente estaba previsto que la ejecución por inyección letal fuera mañana, martes, a las 18.00 hora local (00.00 GMT) en la prisión de Raiford (al norte del estado) pero, por "cuestiones de personal", el gobernador de Florida, Rick Scott, la pospuso un día.
Scott firmó el mes pasado esta orden de ejecución, 21 años después de que en 1992 Carroll fuera condenado a la pena muerte y a una cadena perpetua por violar y estrangular a Christine McGowan, una niña de diez años de su mismo vecindario, el 30 de octubre de 1990.
En Florida hay en el corredor de la muerte 405 presos. Este estado lideró en 2012 las condenas a pena de muerte en EE.UU., según un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
En ese año emitió 21 condenas a muerte, la cifra más alta del país, por delante de California (14) y Texas (9), y también fue el que más reos ejecutó (3), sólo por detrás de Texas (15).
Igualmente, es el segundo estado con más gente en el corredor de la muerte, precedido solo por California (724) y llevan ahí una media de más de 13 años.
Desde que en 1979 se restauró la pena capital en Florida, han sido ejecutadas 75 personas, 6 de ellas desde que Scott asumió su cargo en 2011. El pasado febrero, un preso que llevaba 25 años en el corredor de la muerte, Thomas Wyatt, falleció sin que ni siquiera se hubiera fijado la fecha de su ejecución.
Entre quienes ven pasar los años en el corredor de la muerte de Florida tratando de que sea admitido a trámite algún recurso que impida su ejecución se encuentra el español Pablo Ibar, que lleva ya trece años ahí metido, aunque alberga la esperanza de que la Justicia estadounidense acceda a realizar otro juicio.
A las graves irregularidades de su juicio -con un abogado de oficio que después reconoció que estaba medicado y sin facultades para defenderlo y una condena basada en unas borrosas imágenes en las que resulta muy difícil reconocer a Ibar- se suma el hecho de que su supuesto cómplice, Seth Peñalver, ha sido absuelto y puesto en libertad por falta de pruebas.
Sólo en lo que va de 2013, Scott ha firmado cinco órdenes de ejecución, un ritmo que jamás se había visto antes en este estado, aunque hasta el momento sólo una se ha podido aplicar, porque las demás tienen recursos pendientes, y además tiene sobre su mesa una ley para agilizar el proceso de las ejecuciones.
"Me temo que otras personas que son inocentes como yo serán injustamente ejecutadas", advirtió Peñalver hace unas semanas para pedir a Scott que no firmara ese proyecto de ley, que limita las apelaciones y acelera los procesos de ejecución de los reos.
En 2011, su primer año como gobernador, se ejecutó a dos personas y el año siguiente a tres. En la actualidad al menos trece reos han agotado todos sus recursos posibles y se encuentran ya en el llamado proceso de clemencia.
El proyecto de ley conocido como "Time Justice Act" (HB 7083) no sólo limita el número de apelaciones posibles por parte de los acusados, sino que reduce el plazo de tiempo para que el gobernador emita una orden de ejecución una vez que ha concluido el proceso de clemencia.
"Si el gobernador Scott se sentara conmigo y con otros como yo, sé que vetaría ese proyecto de ley", dijo Peñalver en una carta enviada al mandatario.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Florida tiene el ratio de errores más elevado del país a la hora de condenar a la pena capital a personas inocentes.
Para la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida (ACLU), la norma, que está pendiente ya únicamente de la firma del gobernador, podría conducir a la ejecución de reos sin "tiempo suficiente y adecuadas garantías de que son verdaderamente culpables de los crímenes de que se les acusa".