La tolerancia de los poderes públicos con los paraísos fiscales ha quedado de manifiesto, una vez más, al publicarse las primeras informaciones sobre una filtración masiva de datos referidos a 130.000 evasores fiscales repartidos a lo largo del mundo, según los medios de comunicación que han publicado los primeros resultados. Bancos, empresas, políticos y nombres de la sociedad civil figuran en esos listados, establecidos a partir de 2,5 millones de documentos robados por antiguos empleados de entidades que trabajan en diez territorios, como Singapur, Samoa, las islas Cook o las islas Caimán, todos ellos paraísos fiscales, el último situado bajo la jurisdicción de Reino Unido —es decir, de un miembro de la UE—.
El monto de los impuestos evadidos se podía haber invertido en empleo, infraestructuras, salud, educación o investigación, necesidades todas ellas muy grandes en todas partes, y especialmente en los países afectados por severas crisis económicas, como ocurre ampliamente en Europa. Los autores de la investigación sostienen que hay una relación directa entre el enorme volumen de la evasión fiscal y las causas del aumento del endeudamiento público y privado que atenaza a estos países. Aunque la lista de evasores se extiende a 170 Estados, son las democracias avanzadas las más sensibles al fraude cometido a través de sociedades pantalla que entierran en pequeñas islas los fondos que faltan a los poderes públicos y, por ende, a los ciudadanos. El fenómeno interpela sobre todo a los Gobiernos de esas democracias, que se ven prácticamente desasistidas a la hora de controlar los perniciosos efectos de los paraísos fiscales y la desestabilización de sus economías.
La revelación de algunas identidades propietarias de esas cuentas ha comenzado a causar problemas políticos. Por ejemplo, en Francia: porque Jean-Jacques Augier, que fue el tesorero de la campaña electoral del actual presidente, François Hollande, es uno de los nombres que figuran entre los evasores descubiertos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha recibido las filtraciones y efectuado las verificaciones previas a su publicación. Que el tesorero de la campaña se encuentre en esas circunstancias compromete aún más la situación política de Hollande, recientemente afectado por el escándalo de su exministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, conductor de los recortes al presupuesto en su país y defensor de la política de rigor, a la vez que poseedor de una cuenta en Suiza que se había permitido negar a lo largo de varios meses.
Los Gobiernos nacionales están afectados, pero la respuesta a un problema tan grande tiene que ser internacional. En los primeros compases de esta crisis económica y financiera, los países reunidos bajo el paraguas del G-20 agitaron la bandera de la lucha contra los paraísos fiscales, sin que ninguna acción realmente seria se haya llevado a cabo en ese terreno.