"La justicia en España es igual para todo el mundo", dice Rubalcaba Preocupación en España por la imagen del país tras ser imputada la Infanta

El PP y el PSOE se han mantenido de perfil ante los asuntos que tienen que ver con la Casa Real y, muy especialmente, sobre el caso Urdangarin. Ni siquiera la imputación de la infanta Cristina los ha sacado de esa posición de responsabilidad institucional como partidos con opciones de Gobierno, al menos en sus declaraciones públicas.

 

En privado, la reacción es de suma preocupación por la estabilidad institucional y la imagen de España, en un momento de especial zozobra económica y política y de desafección evidente de los ciudadanos ante las instituciones. Así, diferentes miembros del Gobierno sostenían en vísperas de esa imputación que lo último que necesitaría España en este momento es poner en cuestión la Jefatura del Estado, por más incomodidad que provoquen los escándalos que afectan a la Corona.
Sin embargo, en público el Gobierno y la oposición se remiten al respeto a una decisión de la justicia, obviando que en gran parte la agenda política de ambos se basa en arremeter uno contra el otro cuando un juez imputa a alguno de sus dirigentes. Pero en lo que se refiere a la Corona, el argumento único de los dos grandes partidos es el del respeto a las decisiones judiciales.

Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha limitado a asegurar en una rueda de prensa, nada más conocerse la imputación, que “es una decisión judicial y el PSOE la respeta, como cualquier otra decisión judicial”. El líder de la oposición ha añadido que, en todo caso, es una muestra de que la justicia es igual para todos.
Los dirigentes del PP, como mantienen la costumbre de no celebrar ruedas de prensa, no se han visto siquiera en la obligación de responder ayer sobre este asunto. Además, el PP es especialmente prudente porque sabe que un siguiente paso puede ser la imputación de cargos públicos de su partido que, como Rita Barberá y Francisco Camps, pagaron a Nóos. La imputación de la alcaldesa de Valencia sería otro grave problema para Mariano Rajoy y su partido.
El resto de los partidos con representación parlamentaria han mantenido una posición completamente distinta, celebrando la decisión judicial, dando por hecho que era inevitable y, en algunos casos, pidiendo medidas de respuesta y ejemplaridad similares a las que se exigen para los responsables políticos.
En este último sentido se ha pronunciado Rosa Díez, líder de UPyD, para quien la Infanta debería ser apartada de todas sus funciones. Díez ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que su defensa no la paguemos todos. “Exigimos que la Casa del Rey haga con la Infanta lo mismo que pedimos a los partidos para sus cargos: que la separe temporalmente de todo tipo de actividad y que su defensa no la pague con fondos públicos”, ha asegurado. “Ojalá la Casa del Rey actúe mejor que el PSOE y el PP, y no apele a la presunción de inocencia para hacer como que no pasa nada”, ha añadido la diputada de UPyD.
En esta línea, el presidente del grupo de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña, Joan Herrera, ha pedido que la infanta Cristina renuncie a su estatus como miembro de la Casa Real: “Como hemos pedido en otros casos de presunta corrupción, creemos que una persona imputada debe abandonar su cargo inmediatamente".