Fue la decisión más esperada en Guatemala: un juez de ese país
determinó juzgar al exgobernante de facto Efraín Ríos Montt, a quien se acusa de
genocidio y crímenes contra la humanidad.
Durante un año Ríos Montt, de 86 años de edad, intentó evitar el juicio pues
sus abogados aseguraron que nunca se enteró de las masacres cometidas en 1982
por el Ejército, que estaba bajo su mando.Pero el juez Miguel Gálvez desechó el argumento. "Existen fundamentos serios para someter a juicio oral y público por las supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputa", dijo al leer su resolución.
Organizaciones civiles afirman que es una decisión histórica pues abre la puerta para castigar a otros presuntos responsables de las matanzas ocurridas durante el conflicto armado interno, especialmente el período entre 1978 y 1983.
Fue durante esos años que ocurrió al menos el 60% de las masacres contra la población que sucedieron durante la guerra civil en Guatemala.
"El que se inicie con él la sanción de este delito nos parece importante, y sin lugar a dudas irá dando luz de frente a los otros actores que participaron".
Además del exgobernante de facto fue sometido a proceso el general retirado José Rodríguez, exjefe de inteligencia durante el período que gobernó Ríos Montt (1982-1983), y a quien se acusa de implementar las operaciones especiales que provocaron varias masacres en contra de la etnia Maya-ixil.
El juicio público y oral contra los militares iniciará el 31 de enero.
"Durante muchos años el general Ríos Montt ha representado la cara del genocidio"
Efraín Ríos Montt ocupó la presidencia de facto en Guatemala el 23 de marzo de 1982, tras encabezar un golpe de estado contra el también general Romeo Lucas García.
Su gobierno duró 17 meses pues el 8 de agosto de 1983 fue derrocado por su ministro de Defensa, Oscar Mejía.
Pero en ese lapso se intensificó la violencia por el conflicto armado. El Ministerio Público establece que Ríos Montt es el autor intelectual de 15 masacres cometidas por el Ejército en comunidades indígenas, lo cual provocó la muerte de 1.771 personas.
Los ataques provocaron el desplazamiento de al menos 29.000 familias, que se refugiaron en las montañas para escapar de la violencia.
Las acciones formaron parte de la campaña militar conocida como Victoria 82, que según la fiscalía guatemalteca tenía el objetivo de exterminar a las poblaciones indígenas, especialmente de la etnia Maya-ixil, a las que el gobierno de Ríos Montt acusaba de proteger a grupos guerrilleros.
Los abogados del general dicen que no es responsable de estos delitos, pues afirman que no estuvo en el campo de batalla cuando ocurrieron las masacres.
Sin embargo, los jueces que han llevado el caso desestimaron la versión y hace un año, cuando concluyó la inmunidad que el militar retirado tenía por ser diputado, ordenaron su arresto domiciliario.
Lecciones
El juicio a Ríos Montt es una prueba para el gobierno de Otto
Pérez Molina
Jorge Santos Contreras afirma que el proceso contra Ríos Montt rebasa las fronteras de Guatemala, pues existe la la posibilidad de sentar un precedente contra otros exmandatarios acusados de violar derechos humanos.
"Los hechos ocurridos en este país no son una mera afrenta en contra de la población guatemalteca, sino representa una afrenta en contra de la humanidad", señala.
"Para garantizar que no volverán a suceder, el sistema judicial de Guatemala debe demostrar a la humanidad que está en plena disposición de sancionar a los responsables de actos tan deleznables".
Es además un reto para el gobierno del actual presidente Otto Pérez Molina, también exmilitar y a quien la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú ha acusado de "aniquilar a las comunidades mayas" de Guatemala.
Organizaciones civiles esperan que el mandatario no ceda a la tentación de influir en el juicio a Ríos Montt, le dice a BBC Mundo Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
"Esperamos que el proceso se lleve a cabo sin ningún tipo de presión ni interferencia de otro órgano del Estado", explica. "Hasta el momento las resoluciones se han apegado a derecho, esperamos que continúe en esta forma".