Solo un canal de televisión en abierto y uno de cable mostraron las imágenes en vivo de esa gigantesca protesta. Los otros medios transmitieron breves flashes con títulos que los desacreditaban, caracterizando a la gente que salió a la calle como integrante de un sector “burgués” que solo se interesa en su hedonismo.
El canal en abierto y el de cable que sí dieron la palabra a los manifestantes pertenecen al Grupo Clarín, a quien el Gobierno quiere obligar, con un supuesto límite para este 7 de diciembre, a “desinvertir” y a entregar al menos una de estas emisoras a la competencia (oficialista, por cierto).
La decisión se basa en una ley de medios audiovisuales votada tres años atrás, hecha a medida para debilitar a este Grupo. ¿En qué se basa esta acusación? Valga un ejemplo: Clarín tiene un sistema de televisión por cable importante. Seguramente por esa razón se ha impuesto en la ley una restricción al número de canales de cable que puede tener una empresa. Sin embargo, hay competidores con igual o más números de emisoras de pago pero lo distribuyen por satélite —o por la red telefónica— en vez de por cable. Para ellos, no hay limitación alguna.
Como dos de los artículos de la ley de medios presentan un claro sesgo anticonstitucional, Clarín recurrió a la justicia, que aún no se expidió sobre esa cuestión; pero el Gobierno ha decidido que el 7 de diciembre debe empezar un proceso compulsivo de “desinversión”, señalando que lo harán de facto si los medios no lo hacen por sí mismos. En este momento, a excepción de tres diarios en Buenos Aires (además de Clarín, mantienen su independencia La Nación, Perfil y El Cronista), y de un puñado del interior de la Argentina, casi no quedan medios independientes en el país. Hay, sí, muchísimos diarios, revistas, radios, canales por aire y de cable y sitios informativos digitales que son privados a nivel de propiedad, pero actúan como una verdadera cadena paragubernamental, subvencionada con publicidad del Estado o pagados por empresarios amigos que luego ven retribuida su fidelidad con concesiones públicas. No por azar ninguno de estos diarios y revistas —solo en la ciudad de Buenos Aires son siete u ocho— están afiliados a ningún sistema de verificación de circulación. Su circulación es muy baja, contradictoria con el gran caudal de dinero oficial que reciben.
Además, el uso descarado de los medios públicos (en realidad son parte de la facción gobernante) para hacer propaganda del Gobierno de Kirchner: siguen así la misma política que en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Los próximos meses serán más difíciles para la libertad de expresión en la Argentina. Esto no nos trasciende: hiere la palabra, el debate de ideas y el acceso a la información pública, algo que de manera persistente niega el Gobierno de Fernández de Kirchner. Las acusaciones recibidas por los periodistas de los medios independientes, en especial los de Clarín, superan cualquier norma de convivencia plural. Se nos ha catalogado como “la cadena del desánimo”, no se les responden las preguntas o se los acusa de infinitas segundas intenciones. Todo hecho difícil que sucede en el país —desde una protesta salarial en las fuerzas de seguridad hasta las denuncias por corrupción que rozan al vicepresidente de la nación— sería responsabilidad del periodismo no adicto, una campaña de descalificación y presión como nunca se vio en las últimas tres décadas de democracia.
Creemos que la sociedad argentina, después de los cruentos años militares que duraron de 1976 a 1983, hizo una apuesta por la libertad y la convivencia. Clarín —que publica el diario de mayor tiraje y tiene una diversificación multimedia— rinde exámenes todos los días con sus contenidos y depende de la opinión de sus audiencias.
El Gobierno argentino no quiere generar nuevas voces, sino herir la capacidad de emisión y de trabajo de aquellas que no le son fieles. Hay que estar alertas y denunciar esta situación grave para la libertad de expresión y el derecho a informar. La arbitrariedad y las presiones desvergonzadas son contrarias al espíritu democrático.