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viernes, 11 de mayo de 2012
Presidente Dominicano no cumple con el 4% y encima no cumple con Ley 136-11
El Ministerio de Hacienda de República Dominicana reconoció que pese a la aprobación de la Ley 139-11 para aumentar las recaudaciones fiscales, los ingresos del fisco se redujeron en 18 mil 625 millones de pesos durante el 2011, según una comunicación que remitió al Centro Juan XXII.
“No obstante la aprobación de la Ley No.139-11 para incrementar las recaudaciones en el 2011, lo que ocurrió fue una reducción de RD$18,625.4 millones en los Ingresos Fiscales, con respecto al monto previsto en el Presupuesto General del Estado de ese año”, dice la carta de Hacienda del 03 de abril de este año.
El Centro Juan XXII, en una carta dirigida a Hacienda, de fecha 03 de abril de 2012, solicitó a este ministerio un “desglose detallado de las limitaciones financieras que explican la sub ejecución de presupuesto del Ministerio de Educación por un total de RD$6,788 millones”.
Hacienda se tomó la molestia de explicar a la organización de la sociedad civil de Santiago que el presupuesto original del Ministerio de Educación para el año 2011 era de RD$41,535.6 millones, y que mediante la ley 236-11 se adicionaron RD$4,300 millones, para un total apropiado (consignado) de RD$45,835.6 millones.
De ese monto, RD$4,315.5 serían recursos externos, provenientes de préstamos (RD$2,399.2) y donaciones (RD$1,916.3).
“Es oportuno señalar, que de los préstamos externos que recibiría ese Ministerio, dejaron de ingresar RD$475.3 millones, mientras que por concepto de donaciones no se recibió nada durante el año 2011. Es decir, que de estos recursos (RD$4,315.5 millones), solo se ejecutaron RD$1,923.9 millones que fue exactamente lo que se recibió, quedando apropiaciones sin utilizar por RD$2,391.6 millones”, argumentó Hacienda.
Esas apropiaciones sin utilizar por valor de RD$2,391.6 millones necesariamente no significan que estén disponibles ni que Educación las fuera a recibir.
El Juan XXIII le respondió a Hacienda, mediante una carta fechada el 4 de mayo de este año, que le preocupa que la Ley 139-11 haya sido nombrada “Ley para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos a la Educación”, y que sea precisamente el Ministerio de Educación el que tenga la menor ejecución presupuestaria de todos los ministerios del Estado dominicano.
“Nos resulta extraño que el Presupuesto 2011 incluyera bajo el concepto de donaciones una suma tan alta y tan exacta como RD$1,916.3 millones de pesos, aproximadamente el 5% del mismo, sin contar con la garantía mínima de estas donaciones. Se supone que una suma tan significativa deba estar avalada en el presupuesto por alguna confirmación o promesa específica y viable, o en su defecto responder al promedio histórico de donaciones recibidas. Mucho más nos llama la atención que no se recibiera nada por este concepto cuando fue precisamente en el año 2011 que más se evidenció, tanto a nivel nacional como internacional, la necesidad de inversión en educación en la República Dominicana”.
En ese sentido, la organización explica que al unir informaciones de la asignación presupuestaria con la ejecución del Presupuesto, les sorprende que la mayoría de los ministerios importantes tuvieron ejecuciones entre 98% y 100%, menos Educación.
“No podemos aceptar como justa y válida su respuesta de que el motivo de la baja asignación presupuestaria para el Ministerio de Educación fuera la reducción de ingresos fiscales; más aún al considerar sobre todo que el Ministerio que originó o motivó la reforma tributaria debió ser el de mayor ejecución presupuestaria y el primero en atender en sus necesidades”.
También, en respuesta al argumento esgrimido por Hacienda de que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Presupuesto (423-06), de que las apropiaciones presupuestarias no constituyen un derecho adquirido por las entidades públicas, el Centro Juan XXIII le recuerda que el artículo 197 de la Ley General de Educación (66-97) establece que el gasto público anual en educación debe ser un mínimo de un 16% del gasto público total o un 4% del PIB, “y en ese sentido vuestro cumplimiento es de apenas la mitad, lo que representa una franca violación a dicha ley”.