Además de publicar la fotografía de los presuntos responsables del doble crimen, la Policía Nacional ofreció 50.000 lempiras (unos 2.631 dólares) por cada uno de los prófugos, entre ellos un subinspector.
Otros cuatro policías implicados en el crimen, capturados el lunes en Tegucigalpa, fueron remitidos hoy a la Penitenciaría Nacional, informó un portavoz de la Secretaría de Seguridad.
Uno de los estudiantes asesinados, Rafael Alejandro Vargas, es hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, quien el lunes inició acciones legales por el asesinato de su hijo.
Los policías prófugos salieron el pasado viernes de la unidad a la que estaban asignados con permiso de su jefe inmediato, aún cuando ya habían sido señalados por las mismas autoridades como presuntos responsables de la muerte de los estudiantes.
Los universitarios fueron asesinados después de una persecución policial, al parecer por no haber atendido un requerimiento en un retén, según las versiones que han trascendido.
El hecho ha causado indignación entre diversos sectores sociales que le exigen al presidente hondureño, Porfirio Lobo, que aproveche para hacer una depuración total de todos los mandos de la Policía, que sigue siendo salpicada por múltiples denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Lobo anunció el lunes una serie de cambios en la institución, pero varios sectores, incluido el exministro de Seguridad Oscar Álvarez, quien fue sustituido del cargo en septiembre pasado, consideran que el presidente lo único que ha hecho son rotaciones.
Los policías prófugos por los que se ofrece recompensa son Wilfredo Figueroa, Carlos Galeas, Santos Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo, mientras que los remitidos a prisión este martes son José Manfredo Funes, Martín Orlando Cortés, Gabriel Donatilo Macías y Wilson Córdova.
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