Tras ser abordado al respecto en el programa radial Diario de 3, transmitido por CDN La Radio – 89.7 FM – (lunes a viernes de 7-9 AM) bajo la producción del periodista José E. Devárez T., Pérez respondió a interrogantes en torno a la legalidad del arrendamiento de dos cabañas en donde figura como beneficiario el Senador del Partido Reformista Social Cristiano por la Provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, y el arrendamiento de una cabaña al diputado del Partido de la Liberación Dominicana Manuel Antonio Díaz Santos.
Asimismo Pérez, al ser cuestionado sobre si el proceso de arrendamiento de las cabañas en Jarabacoa fue realizado al margen de la ley, mostró como “prueba” diversas copias de reseñas de prensa donde se abordaba el inicio del proyecto de rehabilitación de ese centro vacacional publicadas entre el 2008 y el 2009, pero en ninguna de ellas figuraba la licitación pública requerida según los artículos 16 y 17 de la ley 141-97. Además, entre los documentos suministrados no figuraban pruebas de la realización de una auditoría del valor del patrimonio a ser arrendado, así como una tasación del valor de mercado de los inmuebles; ambos procesos son obligatorios para la realización de arrendamientos de este tipo según la ley 141-97. Todo este proceso debió llevarse a cabo bajo el marco de las recomendaciones de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, paso del cual Pérez tampoco ofreció documentación.
Ante estos cuestionamientos, el Director General de Corphotels defendió los arrendamientos indicando que las cabañas estaban abandonadas y que los arrendatarios habían ido al rescate de ese patrimonio. Además, indicó que esos arrendamientos dinamizaron la economía de la zona, creando más de 3,000 empleos destinados a la construcción y el mantenimiento de dichos inmuebles. Asimismo, aseguró que la cantidad neta de ingresos al Estado Dominicano por concepto de arrendamiento del vacacional ascendería a 280 millones de pesos en un período de 20 años. Según las propias declaraciones de Bienvenido Pérez, era preferible arrendar esas cabañas en la manera “abierta y pública” en que Corphotels realizó dicho proceso a que el vacacional continuara “arrabalizado”.
Es necesario señalar que el artículo 21 de la ley 141-97 apunta que “con el objeto de asegurar la transparencia de las decisiones y evitar conflictos de intereses que perjudiquen el patrimonio nacional, el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Senadores, los Diputados, los Secretarios y los Subsecretarios de Estado, los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, los Miembros de la Junta Monetaria, el Superintendente de Bancos, los Miembros de la Cámara de Cuentas, los Miembros de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, así como los Presidentes y vicepresidentes, administradores y otros miembros de los directorios de las empresas públicas reformadas bajo las disposiciones de la presente ley, sus parientes consanguíneos y cónyuges, líneas directa y/o afines hasta el segundo grado inclusive, quedan inhabilitados de participar directa e indirectamente como inversionistas, en la capitalización y las demás modalidades de reforma de las empresas materia de la presente ley.
Esta inhabilitación se extenderá por cuatro años desde el cese de la función pública correspondiente”. Cabe destacar que la ley 141-97, fechada 30 de Abril del año 1997, fue firmada por Amable Aristy Castro, quien en ese entonces fungía como presidente del Senado y, por sus obligaciones en dicho cargo, debió conocer al dedillo el contenido de la misma.
Sin embargo, todo lo discutido durante la entrevista con el Director de Corphotels y los documentos suministrados durante la misma apuntan a la violación de varios artículos de la ley 141-97 lo que, en consecuencia, subraya preocupantes irregularidades en el manejo de los bienes públicos en el vacacional Ercilia Pepín.
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