Por una parte ha prohibido el establecimiento de nuevos supermercados, grandes almacenes y tiendas de conveniencia en buena parte del territorio de la capital Mexicana; y por la otra descarta que pueda perder por esta acción las inversiones de las empresas que manejan este tipo de comercios.
Así son los políticos. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Desean comprar el voto y el apoyo de los locatarios de los mercados públicos, al asegurarles que podrán cobrar lo que se les antoje a los consumidores más pobres de la ciudad; al mismo tiempo piensan que pueden seguir gozando de las inversiones de los dueños de los supermercados que acaban de prohibir. No parecen capaces de darse cuenta de que si se ataca a quienes al invertir generan empleos y prosperidad lo único que se obtendrá será desempleo y pobreza.
Los funcionarios del gobierno capitalino y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no pueden decir que no supieron lo que estaban haciendo. La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) y muchos comentaristas independientes les dijeron las consecuencias económicas de la prohibición de nuevos supermercados y otros comercios.
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