Los «indignados» no podrán mantener sus protestas en la Puerta del Sol ni sabado ni domingo, jornada de reflexión previa a los comicios electorales. Es la decisión adoptada anoche por la Junta Electoral Central, máxima autoridad de la administración en materia electoral, cuyos acuerdos son «vinculantes» tanto para los manifestantes como para el Gobierno. El incumplimiento de su mandato «puede ser constitutivo de delito».
La Junta señala que «la invitación» a excluir a cualquier candidatura en el ejercicio del derecho de voto» no es legal y «excede del derecho de manifestación» protegido por la Constitución, y ello «con independencia de los sujetos» que hagan este llamamiento. Añade que el derecho de reunión «se ve modulado durante el desarrollo de la campaña electoral» por varias normas que pretenden «compatibilizar su pleno disfrute» con la celebración de un proceso electoral «limpio, transparente, objetivo y en condiciones de igualdad para todos los que participan en él».
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