HIRADIO CARIBEÑA

jueves, 8 de junio de 2017

EN DOMINICANA EL CASO ODEBRECHT Juez Ortega dicta medidas de coerción contra todos los implicados





El Juez especial de la Instrucción en la Suprema Corte de Justicia,  Francisco Ortega Polanco, dictó prisión preventiva para 9 de los 14 imputados en el caso de soborno de la Odebrecht, dos arrestos domiciliarios, y a los tres legisladores impuso garantía económica de 5 millones de pesos e impedimentos de salida.

Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, nueve meses de prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo y al ministro Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González, seis meses de prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo.
Mientras que contra César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión a ser cumplidos en el CCR de Najayo.
Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario por espacio de nueve meses para  Radhamés Segura y Roberto Rodríguez.
En tanto que una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país a los senadores del oficialista partido por San Cristóbal, Tommy Galán, y por  Santiago Julio César Valentín, y al diputado perremeista por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco.
De acuerdo al Ministerio Público y al Juez Ortega Polanco,  el empresario l Rondón y  el grupo de políticos y funcionarios  violaron los artículos 124,124,166,167,169,171,172,176,265 y 266 del Código Penal dominicano, los artículos los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, Ley de Soborno, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
El magistrado Ortega  tardó para subir al estrado, pero en menos de cinco minutos “le cantó” las medidas de coerción a los imputados.
El juez declaró complejo el proceso y otorgó ocho meses al Ministerio Público para completar la  investigación.
De igual modo, dio un plazo de 20 días a los imputados para que pueda apelar el veredicto de coerción que les fue impuesto.
Importante destacar que el imputado Bernardo Antonio Castellanos de Moya  se encuentra en Panamá, pero esta notificado a la INTERPOL para su arresto.

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