El gobernador de California Jerry Brown apartó 15 millones de dólares adicionales en el presupuesto para ampliar los servicios legales para defender a inmigrantes de la deportación.
Con esos recursos, la asistencia estatal a los que se encuentran ilegalmente en el país aumenta a 33 millones de dólares. Abogados especializados y activistas pro-inmigrantes elogiaron la decisión, afirmando que es prueba de que el estado está comprometido con mantener unidas a las familias.
La medida podría considerarse una reacción a las medidas migratorias más estrictas favorecidas por el gobierno de Donald Trump, estimó hoy el diario Los Ángeles Times.
Mejorar la defensa legal de los inmigrantes ha sido parte significativa de un paquete legislativo patrocinado por los demócratas. Entre los artículos propuestos está un pedido de 14 millones de dólares para capacitación legal, materiales escritos, asesoramiento y asistencia técnica a defensores de oficio sobre las repercusiones migratorias de tener un prontuario criminal.
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